Medellín está en época de vacas flacas. Menos de tres semanas después del cambio de gobierno, las cuentas de la administración saliente comenzaron a salir a la luz y están dibujando un panorama financiero lleno de nubarrones y líos contables que amenazan con drenar gran parte del presupuesto de este cuatrienio.
Así quedó retratado en un informe que rindió en el Concejo el nuevo secretario de Hacienda de Medellín, Orlando de Jesús Uribe Villa, en el que destapó nuevos detalles de la forma en cómo se manejaron las finanzas de la ciudad durante los últimos cuatro años.
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Además de un déficit generalizado en los más importantes programas de la Alcaldía y un incremento en la deuda pública del 4% (pasó de $1,88 billones en 2019 a $1,95 billones en 2023), el funcionario reveló varios enredos presupuestales que reducirán el margen de maniobra del gobierno local en el corto y mediano plazo.
Los “chicharrones” van desde un hueco de $1,1 billones en las obras del metro de la 80, un rezago en la financiación de los fondos pensionales –que demandará pagos por encima de un billón– y los múltiples riesgos colaterales que enfrentará el Distrito tras haber quedado reseñado en el boletín de deudores morosos del Estado por ser mala paga con EPM.
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“La administración anterior contó con más recursos en el cuatrienio, pero no cubrió sus obligaciones. Aumentó las cuentas por pagar del Distrito, dejó desfinanciado el 2024 e incrementó las vigencias futuras desproporcionada e inadecuadamente”, resumió Uribe, asegurando que la nueva administración está estudiando fórmulas para salir del embrollo.
Bonanza terminó en deudas
A pesar de que el panorama financiero de Medellín tuvo que esperar hasta enero de este año para comenzar a emerger con mayor claridad, principalmente gracias al proceso de empalme, desde hace más de un año varios de los expertos, concejales y organizaciones ciudadanas ya le venían haciendo seguimiento a los manejos financieros de la Alcaldía de Medellín y habían emitido múltiples alertas.
Desde entonces, la nuez de la discusión ha estado en el diagnóstico contradictorio que arrojan los números del Distrito.
Y es que mientras durante los últimos años los ingresos han crecido de forma sostenida, gracias al buen comportamiento del recaudo y las transferencias de las entidades que hacen parte del conglomerado público, en múltiples secretarías y programas la plata no se vio.
Además de la crisis de infraestructura que aquejó a colegios, escenarios deportivos, sedes de Metrosalud y el mal estado de la malla vial, múltiples dependencias también quedaron con programas y problemas desfinanciados.
Tareas elementales como el mantenimiento de las motos de la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, quedaron abandonadas a su suerte.
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Tal como lo contó este diario en diciembre de 2023, agentes de esa dependencia denunciaron que por lo menos 70 vehículos estaban en malas condiciones y desde el Distrito no se autorizaban recursos para comprar llantas o repuestos mecánicos.
En otras dependencias como Metrosalud o el Hospital General de Medellín, las dos entidades de salud más importantes del Distrito, la situación ha sido igual de crítica. En ambas entidades se han registrado desde el año pasado múltiples retrasos en el pago de los honorarios a especialistas, enfermeras y médicos, poniendo incluso en riesgo la atención de los pacientes.
Dichas afugias contrastan con el presupuesto mismo del Distrito, que según las cifras de la Alcaldía estuvo por el orden de los $30,2 billones entre 2020 y 2023, lo que significa un incremento del 25% en comparación con el cuatrienio inmediatamente anterior (2016 - 2019), en el que se dispuso de una bolsa de $24,1 billones.
Junto a los problemas que quedaron del año pasado, el mes de enero vino acompañado de nuevas denuncias de programas desfinanciados en el presupuesto para 2024.
Según los primeros cálculos oficiales, por materia de pérdidas acumuladas y recursos faltantes para operar, el conglomerado público de Medellín tenía un déficit de por lo menos $412.000 millones.
En este primer grupo, algunas de las entidades más golpeadas son Telemedellín, con pérdidas superiores a los $10.000 millones; el Hospital General, con un déficit de $200.000 millones; Metrosalud, con uno de $120.000 millones y el Isvimed, con un faltante de $15.000 millones.
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De igual forma, en cuanto a los recursos necesarios para la normal operación de los principales programas del gobierno distrital, 2024 arrancó con una desfinanciación de $2,86 billones.
Aunque durante las últimas semanas gran parte de las alertas se han concentrado en las entidades en crisis, es precisamente dentro de este último grupo del que se desprenden los líos que golpearán con más fuerza el bolsillo del gobierno local en este periodo.
En dicho listado aparece desde el rezago que aún se mantiene en los pagos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del Metro de Medellín, que tiene a esa empresa sumida en una pelea legal con varias empresas de transporte de buses; el desfase y los intercambios viales que no fueron contemplados en el presupuesto del metro ligero de la 80; el decaimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los rezagos en el pasivo pensional.
Tan solo en este último rubro, mientras la meta era la de efectuar aportes por $252.000 millones en entre 2020 y 2023 para cubrir ese pasivo – tal como había quedado consagrado en el plan de desarrollo pasado y el marco fiscal de mediano plazo- tan solo se efectuaron pagos $48.000 millones.
“Esperamos que con el buen comportamiento del pago de los ciudadanos, entre los meses de noviembre y diciembre, esto pueda ser un poquito superior y nos ayude a alivianar esa carga y ese faltante que vamos a tener de desfinanciación”, expresó el secretario Uribe ante este panorama.
Con base en ese diagnóstico, hacemos un repaso por los problemas que tienen en saldos rojos el presupuesto de Medellín y explicamos que qué consisten.
El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) es una bolsa del Distrito con la que se subsidia la tarifa del Metroplús y rutas de varias cuencas. En 2022, cuando la Alcaldía acumuló una deuda de $160.000 millones, el Metro entabló una demanda. Al cierre de 2023, la Alcaldía continuó arrastrando una deuda de $97.000 millones, que tendrán que pagarse en este gobierno.
Pese a quedar contratadas desde el gobierno anterior, la culminación de las obras del metro ligero de la 80 están en riesgo por cuenta de un descuadre de por lo menos $1,1 billones. La cifra sale de sumar $510.000 millones de desfase por variables como la inflación, el alza del dólar y el encarecimiento de las materias primas, más $665.000 millones que valdrán siete obras viales que tampoco fueron presupuestadas.
Otro de los líos que le explotó en la cara al nuevo gobierno tiene que ver con una deuda que acumuló la Alcaldía con EPM por concepto de alumbrado público, varios subsidios y un convenio de Parques del Río, que suman más de $147.000 millones. Por este problema, la Alcaldía de Medellín quedó reportada en el boletín de deudores morosos del Estado.
Las dos entidades de salud más importantes del conglomerado público de Medellín, el Hospital General (HGM) y Metrosalud, arrancaron el año con sus saldos en rojo. Mientras el HGM tiene una deuda de $24.000 millones con sus proveedores y otra de $9.400 millones con sus especialistas, Metrosalud también tiene cuentas por pagar por $102.000 millones y demanda de otros $37.000 millones para operar este año.
Como si se tratara de una represa, la administración entrante tendrá que conseguirse más de $1 billón para ponerse al día con las metas de financiación del pasivo pensional. Además de los $204.000 millones que se dejaron de pagar en el cuatrienio anterior, la Alcaldía deberá aportar otros $950.000 millones que están presupuestados en el marco fiscal de mediano plazo para el cuatrienio 2024 - 2027.
Durante su intervención en el Concejo de Medellín, el secretario de Hacienda Orlando Uribe señaló que en la Secretaría de Inclusión hay otro hueco de $112.000 millones para implementar correctamente el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito. Otra alerta que dejó este programa fue una reducción en el número de beneficiarios, que al cierre de 2019 estaba en 232.000 y el año pasado fue de 220.000.
