Se trata de la firma italiana Todini Costruzioni Generali S.P.A, la empresa china China Gezhouba Group y el Consorcio C y S, integrado por la también china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo S.A.S.
Este último consorcio, vale recordar, está compuesto por dos de las tres firmas que ya se habían presentado al último proceso de licitación bajo la sombrilla del Consorcio Ituango PC-SC, que terminó siendo el único competidor, pero fue descalificado por no lograr acreditar la experiencia de su socio nacional.
Según añadió EPM, a partir de este jueves comenzará con el proceso de evaluación de las ofertas de los tres competidores, para definir a quien entrega el megacontrato, que tiene inversiones estipuladas en cerca de $1 billón de pesos.
¿Quienes son las tres firmas que compiten?
Dentro de las empresas que terminaron embarcadas en la recta final para quedarse con la hidroeléctrica hay varias firmas con antecedentes polémicos y problemáticos.
Una de las que sobresale es China Gezhouba Group, uno de los pesos pesados de la infraestructura del gigante asiático y que arrastra cuestionamientos por proyectos que ha adelantado en países como Ecuador y Argentina.
En el caso de Ecuador, por ejemplo, esa firma estatal es señalada como responsable de retrasos y fallas en la central hidroeléctrica Sopladora, que según entidades ecuatorianas tendría cerca de 402 fallas por las que hoy cursan reclamaciones por hasta 248 millones de dólares.
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Asimismo, también en Ecuador, la firma fue la encargada de levantar un sistema de control de inundaciones en la zona de influencia del río Bulubulu, que costó cerca de 57 millones de dólares, pero que un año después no logró atajar un nuevo desbordamiento de ese río, según denunció en un reportaje el Diario Expreso en abril de 2019.
Por el lado del Consorcio C y S, compuesto Yellow River y Schrader Camargo, las polémicas se asocian principalmente a los resultados del último proceso de licitación de Hidroituango, que terminó declarándose desierto en marzo de este año.
Según salió a flote desde el pasado 17 de febrero, el entonces consorcio Ituango PC-SC había visto rechazada su oferta por cuenta de Schrader Camargo, que no logró cumplir con la experiencia constructiva demandada por EPM.
Pese a postularse para el principal proyecto hidroeléctrico que actualmente se ejecuta en el país, Schrader incluyó en su experiencia obras como la construcción de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, en la que no fue el contratista directo; la construcción de un complejo de la Cervecería del Valle, en la que hizo un sistema drenaje, vías, patio de maniobras y parqueaderos, entre otros; junto a más obras que EPM no admitió.
“Una vez estudiada la información presentada por el oferente, luego de la solicitud realizada por EPM, se concluye que no se puede aceptar el volumen de concreto reportado para acreditar experiencia en la actividad 2”, consignó EPM entonces en un documento de evaluación.
Al margen de esas dos empresas, el otro oferente que ofertó por Hidroituango este jueves se trata de Todini Costruzioni Generali, que en sus antecedentes aparece como una organización con más de 60 años de experiencia, principalmente en Italia, pero desde la década de 1990 también en países como Argelia, Rusia, Ucrania, Georgia, entre otros.
Las lista de otras empresas que también habían comprado derechos de participación pero que no terminaron ofertando está compuesta por las firmas Mincivil, Coninsa Ramon H., Conconcreto, Ingema, Powerchina Colombia, Impresa Pizzarotti & CSPA, la panameña Boscore, y la brasileña AG Construções e Serviços.
Una licitación que arrastra cuestionamientos
En mayo pasado, la Procuraduría General de la Nación hizo varias observaciones a la nueva licitación lanzada por Hidroituango, en un oficio en el que vio con ojo crítico los tiempos para la preparación y la presentación de las ofertas, los criterios empleados por EPM para evaluar la experiencia de los oferentes, los obstáculos para asegurar esas obras finales y hasta los reducidos plazos para dar trámite a preguntas, adendas y aclaraciones que puedan surgir en la etapa precontractual.
En su documento, el ente de control alertó además por dificultades para que los contratistas puedan constituir garantías y seguros necesarios para la transferencia de los riesgos del contrato dadas las condiciones a las que está expuesto el proyecto frente al mercado asegurador.
