El hecho ha generado polémica entre quienes dicen que fue un acto no solo discriminante sino ilegal, pues la calle es un espacio público y un agente privado no puede restringir el paso de nadie, y entre quienes creen que gracias a estos controles la zona es un espacio seguro y atractivo para locales y extranjeros, y que por tales restricciones se ha combatido, por ejemplo, la explotación sexual y el microtráfico en la zona.
Primero lo legal: el artículo 24 de la constitución política dice que “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.
Al respecto, el abogado penalista Santiago Trespalacios explica que el comportamiento del vigilante fue “desde cualquier punto de vista inadecuado, sobre todo al examinarlo desde el punto de vista jurídico”. Agrega Trespalacios que los privados, sea cualquiera su motivación, no pueden limitar los derechos fundamentales de terceros y menos de manera permanente, discrecional, consciente y dirigida. En su concepto, en estos casos las autoridades deben intervenir inmediatamente para impedir que los particulares y las asociaciones que estos componen limiten el derecho fundamental de locomoción de los ciudadanos. “Es inaceptable y más aún de selección de las personas según el estrato socioeconómico al que ellos creen que pertenecen”, remata Trespalacios. En palabras populares, el vigilante de seguridad se pasó tres pueblos.
Pero, ¿por qué en Provenza funciona un esquema de seguridad privado y qué tan eficiente es? Los comerciantes del sector respondieron a un cuestionario en el que explican que el esquema de seguridad de la zona corresponde a un contrato con una empresa de seguridad privada que tiene como principal objetivo “realizar acciones de control y asistencia que permita tener condiciones de seguridad adecuada a visitantes, trabajadores y comerciantes del sector, así como guiar a turistas, dar indicaciones sobre establecimientos y articular acciones cuando sea necesario con la Policía”.
Sobre cómo se atienden los casos cuando los privados se extralimitan de sus funciones, aseguran que se canalizan a través de la propia empresa privada que hacen los llamados de atención que consideren. Agregan que aunque no hay restricciones para caminar en Provenza ni ningún código de vestuario, y que conocen a las personas “cuyas actuaciones en la zona van en contra de la dinámica del sector, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, presuntos ladrones, entre otros”.
En este punto es importante una obviedad: desde su peatonalización tras la pandemia, Provenza se ha convertido en un referente gastronómico y de entretenimiento nacional e internacional, en buena parte gracias a las decisiones de los comerciantes, a los políticos que los han apoyado, y por supuesto, a los cantantes de reguetón.
“Un referente gastronómico y de entretenimiento de talla internacional”, uno de esos lugares que hay en todas las grandes y no tan grandes ciudades del mundo que les encantan a los turistas pero que los locales terminan por evitar. Entre otras cosas, no deja de ser llamativo que los artistas que tan buena fama le han hecho no pasarían la prueba de vestuario que no está escrita.
Y es que aunque la conversación se dio a partir del video del jueves pasado, no es nuevo que en este y otros sectores se le haga el quite a los que, a ojo de los vigilantes, parezcan tener pinta de “vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales o presuntos ladrones”. En mayo del 2023, en EL COLOMBIANO se publicó una nota titulada “¿Derecho de admisión para las mujeres en el Lleras? Denuncian discriminación por usar top y falda”.
¿Coadministrar o privatizar?
Los comerciantes de Provenza llevan años de trámite con la administración de la ciudad para convertir al sector en un Área de Revitalización Económica, una figura del Plan de Ordenamiento Territorial que le permite al Distrito asociarse con el privado para coadministrar un espacio público de alto aprovechamiento económico para la ciudad. “No es entregárselo al privado, eso es importante aclararlo”, le dijo a este diario Paul Carder Biardeau, entonces director de la corporación barrio Provenza en enero pasado, cuando el trámite ya estaba casi listo.
A pesar de que todavía no se ha firmado, es claro que esta administración tiene buena relación con los comerciantes de la zona e incluso se ha mostrado a favor de llevar el “modelo Provenza” a otros sectores de la ciudad como la Plaza de Botero. Por esto es que muchos reclaman un pronunciamiento de la alcaldía o del alcalde, pues a pesar del bololó que empezó el viernes en la noche (hasta el presidente Petro le dedicó un trino) han decidido guardar silencio y no responder a nuestras preguntas.
Solo para hoy a las 7 a.m. citaron a una rueda de prensa con la secretaria de Inclusión social y el secretario de Seguridad para hablar de la explotación sexual de niñas y niños en la ciudad. Pero el concepto del concejal y exsecretario de seguridad Andrés Tobón puede dar luces sobre cuál sería la posición oficial. Para Tobón, aunque no debería ocurrir que los privados controlen el espacio público, hay que entender que ante la ausencia de uniformados de la Policía y el aumento de problemas de orden público, se recurran a mecanismos privados por dentro de la norma.
Para el arquitecto y urbanista de la UPB, Juan Carlos García, suele ocurrir que cuando los privados empiezan a coadministrar el espacio público suponen que es de ellos y que pueden cerrarlo. La pregunta que debe plantearse la Alcaldía es, según García, ¿en qué punto la administración delegada del espacio público se convierte en una privatización? Esperemos a la rueda de prensa.
