Con el fin de adelantar trabajos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad en el sitio correspondiente al “polígono nuevo”, en La Escombrera, por los próximos 12 meses.
Además, le exigió a la Policía y a la Alcaldía, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación y el cerramiento del lugar.
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Esta zona de La Escombrera está protegida desde el 11 de agosto del 2020, cuando la JEP determinó que en este lugar resultaba procedente realizar labores de búsqueda, prospección y, de ser posible, exhumación de cuerpos de personas que hubieran podido ser inhumadas en este lugar. Desde entonces, allí no está permitida la operación de las empresas que sacan arena del lugar, ni el paso de personas, vehículos o maquinaria no autorizada en esta zona.
La última vez que la JEP había ordenado la protección de esa zona había sido en agosto del 2022 por una duración de 12 meses que ya se habían cumplido.
De igual forma, el tribunal de paz le ordenó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a la Alcaldía de Medellín (por medio de la secretaría de la No Violencia) iniciar la fase 5 del plan de intervención forense. Esa fase 5 consiste en identificar el diseño final de los tamices para la intervención, y remover más de 10.000 metros cúbicos de tierra. Sin embargo, antes de proceder a mover la tierra, la Alcaldía contrató un estudio geotécnico por $116 millones con la empresa Moreal Ingenieros SAS, para garantizar que la excavación, el acopio de materiales de relleno, el cierre del depósito fuera seguro.
Ese contrato se adjudicó el pasado 31 de mayo y el acta de inicio se firmó el 21 de junio por un tiempo de ejecución de tres meses. Es decir, que tuvo que ser entregado el pasado 21 de septiembre.
Un día después de esa fecha límite, la JEP citó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a una audiencia pública el próximo 4 de septiembre.
El alcalde Quintero tendrá que mostrar los resultados del informe de geotecnia, la adaptación del plan de intervención a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y de la Unidad de Búsqueda, de acuerdo con los hallazgos del estudio. El alcalde además tendrá que especificar temas relativos a las áreas de trabajo que de acuerdo con el informe se requieren para la revisión de rellenos y su disposición temporal, para la ubicación del campamento, de las familias y de las organizaciones acompañantes.
Por su parte, el gobernador de Antioquia tendrá que dar a conocer su propuesta para el proceso de dignificación y memoria histórica para las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13.
De acuerdo con la JEP, en la Comuna 13 al menos 435 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1978 y 2016, siendo el periodo entre el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2023 donde más víctimas hubo de este delito: cerca de 126 personas en apenas un año. En ese periodo en la Comuna se llevaron a cabo incursiones militares como la Operación Orión y la Operación Mariscal, de las cuales hay múltiples denuncias sobre alianzas de las fuerzas del Estado con grupos paramilitares para cometer terribles violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada.
En noviembre del año pasado, en La Escombrera encontraron restos óseos que serían de una mujer al lado de una falda. Ese ha sido hasta ahora el hallazgo forense más importante desde que se iniciaron los trabajos de investigación para determinar si debajo de esas montañas de escombros hay víctimas del conflicto armado.
