Hay un capítulo de la historia de los últimos cuatro años de Medellín que ha pasado de muy bajo perfil –es posible que pocos ciudadanos sepan de su existencia– pero es uno de los cuentos más interesantes y, tal vez truculentos, del gobierno del alcalde retirado Daniel Quintero
Se trata del contrato que firmó EPM con Canacol Energy, que representaría un monto cercano a 5 billones de pesos. Pues Canacol no solo se comprometió a venderle a EPM durante 11 años gas de sus hallazgos en Jobo, sino que además le tocaba gestionar la construcción del tubo de 289 kilómetros para transportar el gas desde el departamento de Córdoba hasta Medellín.
Pero el contrato tuvo un final extraño: Canacol, este jueves, dos años después de firmarlo, dijo que mejor no lo hacía, que muchas gracias. En una actitud poco usual, esta petrolera canadiense, lo dejó botado.
Canacol argumentó que no había podido conseguir la licencia ambiental (que estaba prevista para julio de 2023). Y también habló de “obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores”. Lo cual en parte puede ser cierto pero ahí quedan por contar capítulos de esa historia.
Quintero se lo peleó
El contrato en cuestión estaba listo para la firma en 2019, es decir antes de que llegara Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín. De hecho, en la reunión de empalme con EPM, el gerente saliente Jorge Londoño mencionó dos contratos que iban a quedar firmados y uno de ellos era este con Canacol.
Pero el alcalde entonces electo, Daniel Quintero, se enojó de tal manera que EPM, a pesar de que ya tenía todo listo, decidió poner el contrato en pausa. “Quintero entró en cólera. Decía que no aceptaba que se firmara, se paró furioso y se fue para otro lado de la mesa”, recuerda hoy uno de los presentes en el empalme.
El interés de Quintero no era normal. Álvaro Guillermo Rendón, el primer gerente de EPM durante su alcaldía, recuerda la insistencia del alcalde: “No me firmes ese contrato de Canacol porque ese contrato no me lo anunciaron a mí en el empalme como que estuviera firmado”.
Sin duda, este de Canacol era el contrato más grande que iba a tener Daniel Quintero en su Alcaldía. Incluso por encima del contrato del tren ligero de la 80 ($3,5 billones) y del de las obras finales de Hidroituango ($1,1 billones) o el de la cárcel entregado hace pocos días ($675.000 millones).
Lo curioso es que a pesar del afán por lo estratégico del proyecto y de lo avanzado que estaba el contrato, Quintero se demoró, desde el momento en que se posesionó, un año y ocho meses en firmarlo, en agosto de 2021.
Millones de dólares
¿Por qué se demoraron tanto para firmar si ya estaba listo? ¿Por qué firmaron prácticamente el mismo contrato, con el mismo Canacol, solo con unas leves modificaciones?
EL COLOMBIANO conversó con cerca de una docena de personas que de una u otra manera estuvieron cerca del proceso –tanto particulares, como de EPM, de Canacol y sobre todo cercanos al entonces alcalde Daniel Quintero–.
Dos de esas fuentes de entero crédito, que obtuvieron información de primera mano, contaron con énfasis diferentes una misma historia de cómo se dio ese contrato. Según las fuentes, en el contrato se dieron dos comisiones, una de 10 millones de dólares, pagada por Canacol, y otra por 50 millones de dólares que se debía pagar por construir y operar el gasoducto.
Esta última comisión, según las fuentes, la habría pagado una empresa china en Europa. Tal vez no sea coincidencia el hecho de que Canacol informó hace un año exactamente, el 24 de octubre de 2022, que había llegado a un acuerdo con el consorcio chino Shanghai Engineering and Technology Corp para la construcción del gasoducto.
No deja de ser perturbador el hecho de que sobre esta empresa china no aparece en internet referencia alguna diferente a este contrato con Canacol y en el sector en Colombia nadie la conoce.
La denuncia, en su momento, fue puesta en conocimiento de la Fiscalía. Este medio buscó en varias ocasiones a Canacol para preguntarle al respecto pero no quisieron atender a los periodistas. Y recientemente, en referencia a otro artículo, Canacol escribió una carta diciendo que el contrato no lo firmó Canacol sino CNE OIL & GAS, que se lo ganó “en franca lid” y que no medió ninguna irregularidad.
¿Qué pasó en Canacol?
La idea inicial de Canacol era venderle el gas a EPM y también construir el gasoducto. De hecho, crearon en 2018 una compañía con ese propósito. Se llamó Canacol Midstream. A EPM le sonaba porque el gasoducto pasaba por zonas difíciles y era mejor delegar ese riesgo en Canacol o en otro privado.
En un momento dado, Oswaldo Cisneros, el venezolano dueño de Canacol, que vivía en Estados Unidos pero asistía en Colombia a la junta de su empresa, dijo que en vez del proyecto de Medellín prefería vender el gas al Caribe porque ya estaba construido el gasoducto y era menos arriesgado financieramente.
“El decía que veía que la izquierda podía ganar en Colombia y que él ya había vivido lo que ocurrió en Venezuela y no quería arriesgar el futuro de su familia”, cuenta una fuente de Canacol.
No se sabe si era Cisneros el que tenía congelado el negocio, pero lo cierto es que el señor Oswaldo falleció en noviembre de 2020, por complicaciones renales, y nueve meses después de su muerte se firmó el contrato.
En el contrato prácticamente no cambió nada con respecto al que estaba listo en la administración anterior. Pero donde sí cambiaron las cosas fue dentro de Canacol: ya el gasoducto no lo iba a hacer Canacol, se desmontó el proyecto de empresa Midstream y Canacol termina dándole la construcción del tubo al mencionado consorcio chino.
El detalle de que haya competido Promigás y que Canacol no se lo haya dado no es menor. Promigás es una de las dos transportadoras de gas del país, la otra es TGI. Este sería el primer gasoducto, cuya vocación es estar integrado a la red nacional, que queda en manos de una empresa extranjera.
Fuentes de Canacol le contaron a este medio que veían con cierta extrañeza lo que estaba pasando porque comenzaron a conversar con una empresa reconocida de España y “unos rusos que no conocía nadie” para el gasoducto. Estaban en esas cuando de un momento a otro apareció la firma china que resultó elegida. “Los rusos y los chinos eran empresas que nadie conocía. Nadie daba referencia de ellos. No tenían oficina donde ubicarlos”, dice una fuente de Canacol.
En EPM, pasó otro tanto. Durante todo 2020, la Vicepresidencia de Gas, encargada de velar por el suministro, planteaba a la junta directiva la importancia de firmar el contrato, pero no les resolvían nada, casi que ni lo discutían. Por eso a los técnicos de EPM les llamó poderosamente la atención que de repente, en 2021, apenas un par de meses antes de la firma, les llegó el mensaje de que era necesario firmar urgente con Canacol.
¿Qué pasó con el contrato?
El contrato es, además, estratégico. Hasta ahora todo el gas que llega a Medellín viene de La Guajira, le toca pasar por Puerto Berrío y desde allí por un gasoducto a Medellín. Y eso no solo hace el suministro vulnerable, pues cualquier bloqueo o accidente en esta ruta deja en problemas a la ciudad, sino que al gas que está en la costa le toca dar más vuelta para llegar.
Por eso, la importancia de construir un gasoducto que conecte los pozos de gas del Jobo, en Córdoba, con Medellín no está en discusión para nadie. Porque incluso acorta el camino del gas desde la Guajira (ver mapa). Gana el país porque se le da más confiabilidad al sistema, gana Medellín porque se hace menos vulnerable su suministro y gana (o ganaba) también Canacol que puede comercializar el gas que en teoría tenía en esos pozos.
En ese orden de ideas, es grave que Canacol deje botado el proyecto y preocupante que Medellín haya retrocedido cuatro años en su búsqueda de tener un buen suministro de gas. En criterio de uno de los grandes conocedores del sector del gas en Colombia “para Canacol más importante que el valor del contrato era lograr monetizar el gas, que aún no ha sacado.
Y eso le debió significar un aumento en el precio de la acción a la empresa porque esas cifras la mostraban como una de las más importantes productoras de gas”.
Ese es un punto crucial porque precisamente el gas que Canacol anunció tener, por lo pronto no lo ha podido sacar, al menos en las dimensiones que decía. Algunos de los pozos sobre los que había creado expectativa no dieron resultados. No obstante, luego de firmar el contrato con EPM, Canacol se vendía al mundo que llegaría a ser “responsable de 30% (hasta 40 %) del suministro doméstico de gas de Colombia”.
Cosas que no cuadran
Tampoco cuadra el hecho de que el gasoducto se contrató para una capacidad mayor de la que inicialmente se había convenido y para un volumen de gas mayor de lo que en teoría podían surtir los campos de Canacol. Algo parecido a lo que le ocurrió a TGI en la época de Samuel Moreno, cuando compraron en Perú tubos inmensos para poco gas.
Volviendo a la firma del contrato, según un informe de Ficht Ratings, Canacol hizo un crédito puente de 75 millones de dólares, y para junio de 2021, es decir poco antes de la firma, la compañía había “retirado USD 25 millones de su préstamo puente para respaldar los primeros 12 meses de la construcción del proyecto”.
Pero Canacol no construyó nada. En abril de este 2023, por ejemplo, no habían entregado los estudios para la licencia ambiental a la ANLA; licencia que debía estar lista en julio según el contrato firmado por EPM y razón que esgrimió ahora Canacol para retirarse.
Y ese préstamo, del cual retiraron 25 millones de dólares tampoco se compadece con el comunicado del jueves, en el que anuncian su retiro, que dice que han invertido 6 millones de dólares. ¿Dónde quedó el resto?
Otro asunto que no cuadra es que la regulación en Colombia es muy estricta y no permite al productor de gas que se convierta en transportador; por eso, por ejemplo, Ecopetrol no tiene gasoductos. Las transportadoras de gas en Colombia son TGI (del Grupo de Energía de Bogotá) y Promigás (del grupo Sarmiento Angulo). Hay quienes creen que con este contrato se estaría violando esa prohibición toda vez que Canacol contrata (o contrataba) la construcción del tubo.
Y como si fuera poco, quedan abiertas muchas preguntas sobre el hecho de que este tramo del gasoducto, que debe conectarse con el sistema nacional, quede sujeto a un contrato privado entre EPM y Canacol ¿en qué medida podrían establecer tarifas por fuera de la regulación?
Por último, no deja de ser extraño que a pesar de que EPM se podía salir del contrato en julio de 2023, si Canacol no había logrado la licencia ambiental so pena de pagar 10 millones de dólares a EPM, esta última no hubiera hecho efectiva esa cláusula ¿Por qué?
Hay quienes dicen en EPM que para ellos seguía siendo un buen negocio. Porque el precio del gas que había puesto Canacol era muy favorable, y salir ahora a contratar otro podía valer varias veces más. Sin embargo, de otro lado se podría decir que para julio, conocedores del sector ya tenían dudas sobre la situación del gas de Canacol, la que le ha llevado a no cumplir algunos compromisos.
Si en efecto, como dicen las fuentes, se hubieran pagado comisiones para este contrato ¿cómo se pudo deshacer tan fácil? El círculo de quienes manejan el tema ya es de difícil acceso.
Pero los conocedores del caso sugieren buscar en dos sitios: por ejemplo, Canacol se zafó del contrato sin pagar ninguna garantía de salida ¿Qué pasó con los 10 millones de dólares que debía pagar Canacol a EPM, según las fuentes, por dejar botado el contrato?
Y por otro lado, sugieren hacer las cuentas del contrato de las obras finales de Hidroituango que EPM le entregó a un único oferente chino, el consorcio conformado por Yellow River y Schrader Camargo. ¿Por qué mientras en abril EPM publicó que las obras valían $937.287 millones, en la licitación reciente el consorcio chino pidió $1,12 billones? Es decir, en menos de seis meses el contrato se encareció en casi $190.000 millones. Curiosamente, esa diferencia equivale a 47,5 millones de dólares.
¿Será que alguien terminó pagando las coimas y EPM se quedó sin las obras? ¿Por qué todo se deshace apenas diez días antes de que se elija un nuevo alcalde?
CÁNACOL DICE QUE ES FALSO QUE HAYA PAGADO
Cuando EL COLOMBIANO estuvo investigando sobre este contrato, se le pidió a Canacol responder a unas preguntas, pero nunca concedieron la entrevista. Sin embargo, tras la publicación del artículo“Los venezolanos en la junta del alcalde Daniel Quintero”, el 23 de septiembre, en el que se menciona el posible pago de una comisión, Canacol envió una solicitud de rectificación a este diario en la cual dice, entre otras cosas, lo siguiente:
“Canacol y/o CNE no han pagado o beneficiado a ninguna persona natural o jurídica con algún tipo de comisión, participación, porcentaje o similar por el contrato de suministro de gas suscrito con EPM, mucho menos ha pagado suma o dádiva alguna a favor de los señores Rafael Carrero Valentier, Eduardo Rodríguez Hernández y Juan Biord Pereda, ni directamente, ni por interpuesta persona”.
“No es cierto que el señor Oswaldo Cisneros era el dueño de Canacol, esta es una Sociedad por Acciones Simplificada. Además, el señor Cisneros falleció en noviembre de 2020 y el contrato con EPM fue suscrito en 2021”.
