El pasado 24 de abril, un juez de la República le ordenó a EPM que en un plazo de 48 horas le llevara el servicio de agua potable al Centro de Transitorio de Paso (CTP) La Minorista, ubicado en el barrio Prado, donde se encuentran detenidas más de 400 personas que están a la espera de ser judicializadas.
En el lugar, por un problema de tuberías que en más de dos años no se ha solucionado, solo había acceso a agua potable en el primero de los dos niveles que tiene la estación de Policía; por lo que las personas que están en el segundo piso debían ir hasta el primero para compartir un único baño o pagar $1.000 pesos para que les subieran un balde con agua.
Según María Eugenia Clavijo, directora de la Fundación Celdas con Dignidad y quien puso la tutela que falló en favor de las personas recluidas, además de que EPM no había solucionado el problema, el hacinamiento en el lugar es insostenible, pues a pesar de tener capacidad para menos de 300 detenidos hoy tiene más de 400 personas.
Además de EPM, el fallo vinculó a la Alcaldía de Medellín, pues según Clavijo la administración distrital no solo administra el lugar sino que no tomó las debidas decisiones para garantizar las condiciones necesarias para que tuviera suministro de agua potable.
Sin embargo, en respuesta a la acción de tutela, la Alcaldía, por medio de la secretaría de la No-Violencia, aseguró no tener responsabilidad en el acceso de agua potable de las personas privadas de la libertad.
Por su parte, EPM tampoco acepto responsabilidad e indicó que en la zona la presión del agua en las redes de acueducto es la indicada y que las redes de acueducto y alcantarillado eran competencia del usuario. Ese usuario, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, es la Alcaldía de Medellín, que es la dueña de las instalaciones donde funciona este Centro Transitorio de Paso.
No obstante, el juzgado 24 penal de Medellín resolvió que tanto la Alcaldía como EPM tenían que “realizar las labores o gestiones necesarias para garantizar el acceso efectivo a agua potable en las instalaciones del CTP Minorista” dentro de las 48 horas posteriores a la publicación del fallo emitido el pasado 24 de abril.
Gracias a la fundación Celdas con Dignidad y a ese fallo, el agua potable llegó por fin en el transcurso de este fin de semana. “Los reclusos están felices porque ya no tienen que hacer filas larguísimas para entrar al baño”, dijo Clavijo.
Actualmente en Medellín hay 2.044 personas privadas de su libertad en 27 estaciones de policía, mientras que la capacidad carcelaria es de 643 personas, es decir, hay un hacinamiento de más del 800%.
