La JEP reportó el avance de las labores que adelantó en el cementerio de Carepa, Urabá antioqueño, y que busca esclarecer los crímenes de desaparición forzada que ocurrieron en toda la región durante el conflicto armado.
Según explicó el antropólogo de la JEP, Julián Baracaldo, el proceso adelantado buscó que las familias comiencen con su proceso de duelo, tras la recuperación e identificación de los restos óseos de sus seres queridos inhumados en el cementerio.
Según la JEP, durante la jornada de atención integral a víctimas en el Urabá se tomaron 77 muestras biológicas a familiares de posibles víctimas de desaparición forzada, las cuales permitirán el cotejo de ADN con la información genética de los cuerpos para avanzar en su identificación.
El alto tribunal señaló que tras las medidas cautelares ordenadas por la magistrada Nadiezhda Henríquez, en el cementerio de Carepa han sido exhumados 23 cuerpos y han atendido de manera integral a más de 300 familiares de posibles víctimas de desaparición forzada.
Las labores de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en Urabá se adelantaron desde el pasado 9 de noviembre en el cementerio de Carepa, tras el comienzo de la segunda etapa de exhumaciones en este cementerio cobijado con medidas cautelares desde julio pasado, junto al de Mutatá.
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Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre la JEP había ordenado exhumaciones, pero luego determinó que el tiempo fue insuficiente y por eso estableció una segunda intervención durante las dos primeras semanas de noviembre.
La intención de intervenir el cementerio en Carepa es proteger los cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada que se presume hay en el lugar, según versiones voluntarias que han dado cuenta de que en allí habrían enterrado, sin identificar, a personas asesinadas en medio del conflicto y presentadas como bajas en combate.
En esta segunda fase el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP tuvo la responsabilidad de mantener las diligencias de prospección, recuperación y exhumación de los cuerpos esqueletizados o estructuras óseas que fueron enterradas sin identificación, para lo cual se definieron puntos de interés forense en el camposanto.
Mientras que el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la UIA quedó a cargo de embalar y rotular bajo los protocolos estrictos requeridos los cuerpos o estructuras óseas que sean recuperados en el sitio, para entregarlos a personal del Instituto Nacional de Medicina Legal, que se encarga de adelantar los procesos que permitan su identificación.
Las jornadas de atención integral estuvieron a cargo de la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales. Estas medidas cautelares decretadas para los cementerios implican la suspensión de obras de construcción o remodelación que puedan afectar las áreas de interés forense definidas en este proceso.
