Un equipo de funcionarios de la Personería Distrital de Medellín se tomó este viernes 13 de octubre las instalaciones del canal Telemedellín en el marco de una visita administrativa para revisar los manejos que esa entidad viene dándole a sus procesos de contratación.
El objetivo central de la inspección, informó el ente, fue la de cotejar las denuncias por presuntos “contratos corbata”, luego de recibir información y quejas que apuntan a la comisión de irregularidades.
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Olga Lucía Rodríguez, personera delegada 20D de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería de Medellín, señaló que en sus pesquisas los servidores del ente no sólo revisaron los contratos laborales que se vienen firmando recientemente, sino el contexto normativo de los mismos.
“En dicha visita, se revisó, además, la condición de los contratos temporales, la nómina de planta y el manual de contratación con el objetivo de conocer bajo qué condiciones se ejecutan estos proyectos, precisó esa servidora del Ministerio Público.
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Tal como lo registró este diario el pasado 9 de octubre, el caso que hoy tiene bajo la lupa a Telemedellín se trata de una serie de contratos firmados por esa entidad que presuntamente estarían sirviendo para que allí lleguen personas que no ejercen sus funciones y cuya vinculación correspondería más a criterios políticos que técnicos.
Los empleados, muchos de ellos cercanos a los círculos políticos del partido de gobierno, son contratados a través de una empresa identificada como Maxempleos, que entre 2020 y 2023 ha recibido a su vez contratos por al menos $34.850 millones por parte del canal.
Uno de los casos que han llamado la atención es por ejemplo el de Camilo Andrés Pedraza, quien supuestamente había renunciado al cargo de jefe de redacción del noticiero, en un escándalo para direccionar la línea editorial del noticiero con fines políticos.
Si bien Pedraza trabaja en la práctica como uno de los jefes de prensa del Partido Independientes, este firmó el pasado 22 de junio de 2023 un contrato para despeñarse supuestamente como “ejecutivo de cuenta” del canal y devenga un salario de $3.453.600.
Este era el mismo caso de otros fotógrafos y colaboradores identificados como Isabella Ordóñez, Joaquín Guillermo Ossa, María Alejandra López que han sido vistos trabajando para el movimiento político del exalcalde Daniel Quintero y devengan sueldos del canal.
Tras analizar cientos de documentos, la Personería informó que trasladó el caso a la Procuraduría General de la Nación para que investigue el caso y adelante los procesos que considere necesarios
