Medellín, Bello, Envigado e Itagüí figuran entre los diez municipios del país que más gastaron en publicidad durante el periodo pasado (2020-2023), de acuerdo con un estudio de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Para el informe, esta organización hizo una pesquisa entre 29 gobernaciones y 34 alcaldías de las capitales y algunas ciudades intermedias de más de 300.000 habitantes y el resultado llama la atención por el abultado monto que estas entidades destinaron para actividades como vallas, pancartas, volantes, cuñas, conciertos y festivales que hicieron parte de sus estrategias de comunicación.
Fueron en total $656.804 millones y de esa cantidad, el cuarteto paisa representó casi una sexta parte, resaltando la administración de Daniel Quintero con $75.780 millones, siendo el cuarto alcalde del país en este ranking, después de Jaime Pumarejo, de Barranquilla ($128.975 millones); Jorge Iván Ospina, de Cali ($110.181 millones) y Claudia López, de Bogotá ($94.172 millones).
En el deber ser, la publicidad oficial debería constituirse en una herramienta de transparencia. Por eso se entiende por qué cuando la FLIP le mandó a la alcaldía de Quintero derechos de petición relativos al tema, encontró fue barreras. Para empezar, se demoraron cuanto pudieron y luego le pusieron a disposición una tera de información en documentos que hacían engorrosa la lectura porque no permitían reconocimiento de textos. Para completar, en las respuestas, solo incluyeron contratos por cerca de la mitad de lo que realmente correspondía, de manera que a los más de $75.000 millones solo llegaron a través de una confrontación juiciosa con la plataforma oficial del Secop, según destaca el subdirector de la FLIP, César Paredes.
Así fue como los investigadores alcanzaron a descubrir las claves de una estrategia basada en el apoyo a medios con el rótulo de alternativos que aparentemente solo se habían creado para darle bombo a la narrativa quinterista, y en muchos casos los dueños eran cercanos a la administración. Adicionalmente, le pagaron a influenciadores que se dedicaran a hablar bien del mandatario y mal de sus críticos, de acuerdo con Paredes
“Su estrategia consistió en crear y apoyar medios que nadie conocía, medios nuevos y su proyecto era la autopromoción; lo último fue lo del periódico que era supuestamente para una rendición de cuentas, pero el fin real fue ambientar la candidatura de su candidato”, expresó el subdirector de la FLIP, refiriéndose al medio impreso de un millón de ejemplares que el entonces alcalde mandó imprimir y distribuyó a partir de octubre pasado, supuestamente para mostrar los logros que obtuvo. Vale destacar también que este último tema es materia de investigación por parte de la Contraloría, en busca de un posible detrimento.
Y aunque la FLIP trató de indagar también por las cuentas de internet que promovían a Quintero y sus amigos y que convertían sus mensajes en tendencia con el uso de “bodegas”, no habría sido posible determinar si hubo presupuesto destinado con ese propósito, pues muchos contratos tenían un objeto muy general que hacía imposible comparar los productos finales.
EL COLOMBIANO le preguntó al respecto a Juan José Aux, quien fungió como secretario de Comunicaciones en casi toda la administración de Quintero, y aseguró que la cifra que indica la FLIP corresponde a todo el presupuesto de esa dependencia, incluidos los costos de funcionamiento.
“Fuimos una secretaria de comunicaciones muy austera, tal vez la que menos ha gastado en pauta. Pueden compararlo con los anteriores periodos”, añadió, citando por ejemplo otro informe de la FLIP que en su momento señaló cómo el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, había destinado $130.000 millones para el mismo concepto solo entre 2016 y 2017.
Fuera de eso, aseguró que la pauta no fue para el autoelogio sino para “temas de interés, como el COVID en pandemia, como la Marca Medellín para promover el turismo o rendición de cuentas”.
Otros tres paisas en el ranking
En cuanto a Bello e Itagüí, ubicados en el sexto y noveno puesto respectivamente, con un gasto de $11.259 millones y $6.250 millones por parte de los mandatarios Óscar Pérez y José Fernando Escobar, la FLIP no trae mayores detalles, pero sí sobre Braulio Espinosa, de Envigado, que estuvo en el sitial número 8 con $7.319 millones, pues acopiaron quejas acerca de que este alcalde habría publicado autopauta en una emisora y un periódico local y que además una de las exigencias era poder controlar los mensajes que se emitían.
“Para nosotros, lo más preocupante es que eso termina afectando el periodismo, porque cuando a uno lo contratan para mejorar la imagen del alcalde se pierde completamente la objetividad”, agregó el subdirector de la FLIP.
Además, según la misma organización, también del presupuesto oficial de Envigado se habría pagado propaganda para nueve concejales próximos a la administración de Espinosa, algo que niega rotundamente el exmandatario. Igualmente, Espinosa aseveró que “es completamente falso que se haya incluido en los contratos que los medios debían ‘hablar bien’ de la administración municipal” y que la inversión que se señala para el cuatrienio no fue solo para “publicidad oficial” sino para difundir la oferta institucional en beneficio de los ciudadanos.
Aníbal Gaviria se ubicó en el tercer lugar entre los gobernadores que más gastaron en publicidad, con $17.067 millones, precedido por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán ($34.424 millones) y el de Cundinamarca, Nicolás García ($17.766 millones).
En general, según la FLIP, no se considera malo que las entidades del Estado busquen comunicarles sus logros, pero el problema es que esta abultada billetera se estaría utilizando para “amarrar fidelidades, acallar críticas, enaltecer la imagen propia de las y los políticos y de sus partidos, contratar a dedo y viciar constantemente los principios más elementales de la contratación estatal. También para subsidiar, de manera encubierta, a medios de comunicación que enfrentan importantes urgencias financieras”, destaca la FLIP.
Y para sustentar la anterior sentencia, cita la Encuesta Nacional de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, hecha por la firma Cifras y Conceptos a finales del año pasado, según la cual el 44% de las personas sostuvo que “conocía a algún medio en su departamento que había dejado de publicar por miedo a perder la pauta publicitaria” y una cifra aún mayor, el 48% se enteró de situaciones en que los comunicadores cambiaron su posición editorial por un contrato de publicidad oficial, convirtiéndose este en un mecanismo que induce a la censura.
“Todo esto contraviene principios legales que están contenidos en el Estatuto Anticorrupción, como mantener la austeridad y que los recursos públicos no pueden ser usados para su autopromoción y de su partido, pero ante falta de una legislación más fuerte se pasan por la galleta esto”, apuntó Paredes.
El directivo anunció que la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño ya pidió esta información con el fin de ponerle lupa al asunto.
