En la noche del sábado 29 de marzo, en el sector de Laureles, comuna 11 de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá consiguió una importante incautación de estupefacientes.
Según informaron las autoridades, el operativo ocurrió gracias a una llamada a la línea de emergencia 123, en la que un ciudadano entregó las características de un vehículo en el que presuntamente se transportaban estupefacientes.
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Tras hacerle seguimiento al carro a través de las cámaras de seguridad, uniformados de la policía lo interceptaron y se llevaron tremenda sorpresa: un hombre transportaba 45 paquetes, cada uno con un peso aproximado de una libra, de marihuana.
En ese sentido, capturaron al único ocupante del vehículo, un hombre de 28 años que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, a quienes les deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Hay que recordar que en Colombia está permitido el porte de una dosis personal de marihuana que no exceda los 20 gramos. Sin embargo, según un estudio de Dejusticia, entre 2017 y 2022, la Policía impuso más de 1,1 millones de comparendos en todo Colombia por el porte y consumo de marihuana en espacio público, y el 99,6% de las incautaciones de esta sustancia (también entre 2017 y 2022) fueron por cantidades inferiores a la dosis mínima.
Asimismo, el informe señaló que 7 de cada 10 comparendos puestos por las autoridades fueron a jóvenes entre los 16 y 30 años.
Petro ha pedido legalizar el consumo de cannabis pero el Congreso no le copia
Pasado un año del hundimiento, en último debate, del proyecto que le apuesta a regular el cannabis de uso adulto en Colombia, la iniciativa una vez más aterrizó en el Congreso y el pasado mes de septiembre fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
El proyecto de acto legislativo –es decir, que implica reformar la Constitución y que demanda ocho debates–, busca arrebatarle a las redes criminales el mercado de la marihuana para que sea el Estado quien regule la comercialización de la sustancia y quien se beneficie de los impuestos que generaría la legalización, según han explicado sus autores.
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La iniciativa implica reformar el artículo 49 de la Constitución Política, buscando que de la prohibición para el porte y consumo de sustancias psicoactivas se excluya el cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad. Se prevé que tampoco aplique para la producción, distribución, venta y comercialización de esta sustancia con fines de uso adulto. Eso sí, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente.
La iniciativa incluye un artículo transitorio que le asigna a los municipios, distritos y departamentos la facultad de decretar y percibir impuestos a las actividades relacionadas con el uso de cannabis, como el uso del suelo.
Se prevé que esos nuevos recursos se destinen a los sectores de educación y salud, fortaleciendo así las capacidades de los municipios y departamentos para generar infraestructura educativa y hospitalaria, vías terciarias, entre otros.
