En una controversia en la que se pide la intervención de los órganos de control, colectivos y organizaciones que le hacen seguimiento a la contratación de la entidad aseveraron que la movida presuntamente se habría fraguado para favorecer a una firma que tendría lazos con los Villegas, un grupo familiar señalado de quedarse con millonarios contratos durante el gobierno pasado.
En el centro del escándalo quedó además la jefe jurídica del hospital, identificada como Luisa Fernanda Correa Marín, una funcionaria que ya arrastra un proceso disciplinario ante la Personería de Medellín y que fue señalada precisamente de favorecer los intereses de aquella familia, por aparecer como supervisora del contrato en cuestión.
No obstante, Correa Marín sostiene que dicho señalamiento no es más que un montaje para dañar su imagen y argumenta no conocer a los dueños de la empresa y tampoco la familia Villegas. “De estas afirmaciones reposa la prueba documental que así lo sustentan y de ser el caso se acudirán a las acciones legales pertinentes que consagra la ley en caso de injuria y calumnia”, dijo la abogada al ser consultada por el tema.
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Para completar el panorama, la polémica reavivó de paso los cuestionamientos sobre la gestión del actual gerente del Hospital Mario Fernando Córdoba, quien desde enero pasado advirtió no tener planeado renunciar a su cargo y cuyos poderes fueron recortados por la nueva junta directiva presidida por el alcalde Federico Gutiérrez, quien para curarse en salud y temiendo nuevas irregularidades le restringió la firma de contratos que superen los 20 salarios mínimos.
Una historia con antecedentes
Para comprender el alcance de esta controversia, hay que remontarse a 2021, cuando organizaciones como la veeduría Todos por Medellín comenzaron a denunciar que al interior del Hospital General se habría armado un entramado de contratación para favorecer a un grupo de empresas de una misma familia y cuyos dueños tenían vasos comunicantes entre sí.
De acuerdo con esas denuncias, el hombre que presuntamente estaría a la cabeza de la operación era Óscar Manuel Villegas.
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Según esas versiones, aquel supuesto entramado habría comenzado a urdirse desde los primeros meses del inicio de la administración del exalcalde Daniel Quintero, cuando la nueva junta directiva del hospital empezó a meterle la mano al manual de contratación, un documento guía en el que se fijan las reglas para administrar un jugoso presupuesto que suele alcanzar los $360.000 millones anuales. En resumen, las movidas terminaron permitiendo que la entidad tuviera un mayor margen de maniobra para justificar la firma de contratos directos.
Dichos cambios, según se denunció entonces, habrían sido coordinados por el entonces secretario general de la Alcaldía de Medellín Jhonatan Villada, que después aterrizó en la vicepresidencia jurídica de EPM (de la que salió apenas hace pocos meses).
Aún estando en la Alcaldía, Villada entró a formar parte de la junta directiva del hospital y en julio de 2020 empezó a coordinar modificaciones en el manual de contratación, como por ejemplo un apartado en el que se abrió la puerta para que la entidad pudiera hacer adiciones de hasta 50% en los valores iniciales de los contratos o hasta más, siempre y cuando se tuviera el visto bueno de la junta directiva.
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Además de esas modificaciones, desde Todos por Medellín se denunció que el hospital comenzó a llenarse de personas de confianza de la nueva administración, presuntamente allegadas al mismo tiempo a varias de las empresas que luego se verían beneficiadas, precisamente para manejar los procesos de contratación.
En aquel entonces dos contratos fueron los que más suspicacias despertaron: uno para el servicio de aseo y otro para el servicio de alimentación.
Por el lado del servicio de aseo, el hospital suscribió un contrato con una empresa identificada como la Asociación Asís, por un valor de $13.422 millones y que contemplaba en su objeto la limpieza general del hospital así como la compra de los insumos para esas tareas.
En el caso de este primer contrato, las suspicacias más gruesas emergieron desde el proceso de selección, ya que el hospital invitó a tres empresas, pero dos terminaron saliendo del camino con sospechosa facilidad, una por no estar habilitado en el Registro Único de Proponentes y otra por ni siquiera presentar una propuesta final.
Además de ese tema, que para organizaciones como Todos por Medellín abrieron la posibilidad de que los requisitos previos se hubieran empleado para dirigir la contratación, los antecedentes de la empresa que se quedó con el contrato también despertaron sospechas.
Según se conoció entonces, en el caso de la Asociación Asís, dicha firma había sido creada en abril de 2015 por dos mujeres identificadas como Cruz Helena y Marleny Serna Arias, ambas hermanas de Flor Mary Serna Arias, esta última esposa de Óscar Manuel Villegas.
Por el lado del servicio de alimentación también hubo más denuncias de presuntas irregularidades, luego de que dicho servicio fuera dejado en manos de una empresa identificada como la Corporación Ser Colombia, por un valor de $12.466 millones.
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Este último contrato llamó la atención por haberse lanzado por el modelo de invitación privada y haber vuelto más flexibles los requisitos de experiencia, según denunció también la veeduría Todos Por Medellín.
El primero de esos requisitos, por ejemplo, consistió en que mientras en 2018 el hospital exigía que las empresas postuladas registraran una experiencia de entre uno y tres contratos con hospitales de tercer y cuarto nivel, en 2020 aceptó que los postulados certificaran una experiencia de entre uno y tres contratos con hospitales de segundo y tercer nivel (es decir, de menor complejidad).
Estas certificaciones, además, fueron flexibilizadas todavía más cuando el hospital dejó de exigir que esos contratos debían de sumar como mínimo el 60% del valor de la convocatoria (tal como se exigía en 2018) a un mínimo del 40% en 2020.
Además de estos cambios, la convocatoria también abrió interrogantes por otros frentes, sobre todo porque el hospital apartó del proceso a un proveedor anterior que venía siendo muy bien calificado, señalándolo supuestamente de incumplir con los estándares de preparación de los alimentos.
Por otra parte, según la veeduría y el exconcejal Alfredo Ramos, entonces uno de los líderes del bloque opositor en el Concejo, había vasos comunicantes entre la Asociación Asís y la Corporación Ser Colombia, sobre todo por cuenta de la representante legal de Ser Colombia.
Esta última persona, identificada como Luz María Garcés Maya, también registraba antecedentes como integrante de la Asociación Asís, tras haber aparecido como miembro suplente de su Junta Directiva en mayo de 2020.
Tanto para la veeduría como para el exconcejal Ramos, todos estos indicios apuntaban a que el hospital estaba concentrando su contratación en pocas manos, en esta caso de la órbita de la familia Villegas.
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Otra variable de se sumó la discusión fue una especie de bonanza económica que tuvieron estas dos últimas empresas en aquel momento. Por ejemplo, la Corporación Ser Colombia pasó de tener ganancias por $190 millones en 2019 a ganancias por $573 millones en 2020.
Aunque en medio de toda esa controversia el hospital defendió la rectitud de ese proceso, en 2022 precisamente el contrato de alimentación fue el centro de múltiples denuncias por mala calidad en los alimentos y prácticas que habían puesto en riesgo a los pacientes.
“El 6 de mayo dejaron 9 niños sin comida, no contestan y no contestan el teléfono, cambian mucho el personal de operarias, dan dieta normal a un niño con dieta especial, muchas dificultades con pacientes diabéticos y a los niños con diálisis no les traen desayuno de manera oportuna”, testificó uno de los médicos del hospital durante la elaboración de un informe de auditoría.
Los pagos cuestionados
La polémica más reciente se desató el pasado 7 de marzo, cuando el exconcejal Alfredo Ramos cuestionó al Hospital por autorizar un desembolso de $2.716 millones a una empresa identificada como Ascesalud, pese a estar todavía colgada con el pago de salarios.
“¿Por qué se prioriza el pago a proveedores por encima del personal del Hospital?, ¿cuál funcionario autorizó este afanado pago?”, cuestionó Ramos.
Pese a que la empresa en cuestión aparece reseñada en los pagos como Asesorías y Consultorías Especializadas en Saludo J&J S.A.S., en los registros de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en donde fue matriculada el 21 de agosto de 2014, ahora aparece con la razón social Relaciones Legales S.A.S., reseñando estar domiciliada en Itagüí.
Asimismo, la empresa aparece ser representada legalmente por un abogado identificado como Mario Arturo Bolívar Roldán y entre 2020 y 2023 registró contratos con organizaciones como el Hospital Infantil Concejo de Medellín, el Hospital Óscar Emiro Vergara Cruz de San Pedro de Urabá y el Hospital San Juan de Dios de Yarumal.
Tras el cuestionamiento hecho por Ramos, el colectivo Denuncias en Salud, integrado por trabajadores de la salud que durante el cuatrienio pasado denunciaron presuntas irregularidades tanto en el Hospital General y otras entidades, publicaron una serie de comprobantes de egreso y facturas en las que consta que dichos pagos contaron con el visto bueno de la jefe jurídica del hospital Luisa María Correa Marín.
Cabe recordar que Correa Marín desde abril de 2023 es objeto de un juicio disciplinario por la Personería de Medellín, por presuntamente violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en medio de un proceso que ese ente había abierto en contra del gerente del Hospital, Mario Fernando Córdoba, en el que Marín habría actuado en calidad de apoderada del gerente, al tiempo que seguía ejerciendo sus funciones públicas.
Según Denuncias en Salud, Correa Marín habría trabajado en el pasado con la misma familia Villegas; un señalamiento que fue calificado por Correa Marín como una “calumnia”.
“Pusieron el ratón a cuidar el queso, la jefe jurídica del Hospital, quien manejaba la empresa de J Villegas, es supervisora de Acesalud que también es de los Villegas”, aseveró Denuncias en Salud, en una publicación que fue rápidamente replicada.
Jefe jurídica responde
Al ser consultada por el caso, Correa Marín sostuvo que todo se trataría de un montaje para dañar su nombre y señaló no conocer a los dueños de la empresa en cuestión.
En un pronunciamiento escrito remitido a este diario, Correa precisó que los pagos en cuestión hacen parte de un contrato identificado como el 78C de 2020, que fue firmado entre el Hospital y Ascesalud el 17 de julio de 2020, con el objeto de apoyar al hospital en la gestión de los cobros jurídico y prejurídicos.
Según sostuvo la funcionaria, aunque durante la firma de aquel contrato no habría tenido ninguna injerencia, posteriormente se determinó que la supervisión del mismo quedaría en manos del jefe de la Oficina Jurídica y de un profesional de cartera.
Dentro de esa supervisión, señaló que su tarea ha sido la de verificar que el contratista cumpla con sus funciones, sin que hasta el momento se haya detectado un incumplimiento o una irregularidad.
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Bajo esa óptica, señaló que la realización de los pagos a los contratistas es una tarea que el hospital orienta conforme a sus políticas de pago y su flujo de caja, y que en condición de supervisora del contrato no tendría ninguna injerencia en ese proceso, más allá de las labores de supervisión.
“No tengo conocimiento a quién pertenece la empresa Acesalud, ni quiénes son sus socios o accionistas, y la misma no tiene ninguna relación con la empresa Javier Villegas Posada Abogados, para la que laboré en años pasados”, sostuvo Correa.
“Así mismo, es menester señalar que no conozco ni tengo ningún vínculo personal o familiar con una familia Villegas que indican que es supuestamente la dueña de la empresa contratista Ascesalud, pues desconozco la veracidad de dicha información”, escribió Correa en su pronunciamiento, considerando estar siendo víctima de una “calumnia” y de “rumores malintencionados” por parte del colectivo Denuncia en Salud.
Para conocer su versión frente al tema, EL COLOMBIANO también intentó ponerse en contacto con el contratista llamando a los números telefónicos consignados en su matrícula mercantil y en los sistemas de contratación pública. Mientras el primero el número aparecía desactivado, en el segundo tampoco fue posible establecer ninguna comunicación.
Crisis se mantiene
Mientras desde varias de las organizaciones que le hacen seguimiento a los manejos en el Hospital General se instó a órganos como la Contraloría investigar a fondo el tema y la jefe jurídica señaló por su parte estar dispuesta a irse a los estrados ante lo que considera una difamación en su contra, esta nueva controversia volvió a poner sobre la mesa la grave crisis financiera por la que atraviesa esa institución, que aún mantiene rezagos en el pago a sus médicos y tiene problemas en su funcionamiento.
A comienzos de este año, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que la institución tenía una deuda de $9.400 millones en materia de pagos a sus médicos y especialistas, y otro rezago de $24.000 millones en el pago a sus proveedores.
De igual forma, según las cifras entregadas por el mismo hospital, la institución ya había cerrado el 2022 con un monto de cuentas por pagar de $66.000 millones, una caída en sus ingresos del 20% y un incremento en sus gastos de administración de un 23%.
En medio de este panorama, uno de los principales puntos de tensión se asocia al relevo de dirección, luego de que el gerente que fue nombrado durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, Mario Fernando Córdoba, se rehusara a renunciar y advirtiera que cumpliría con su periodo completo, que culmina este 31 de marzo.
