La Fiscalía General de la Nación presentó el pasado 4 de octubre el escrito de acusación en contra de la exsecretaria de Educación de Medellín por el escándalo de Buen Comienzo. Eso quiere decir que el ente investigador ya tiene listo el material con el que intentará demostrar la responsabilidad de Agudelo en las supuestas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) mientras estaba al frente de esta dependencia.
El proceso también incluye a Lina María Gil, quien era la directora técnica de Buen Comienzo en 2020 cuando se firmaron los contratos que son motivo de investigación, y a Henry Paulison Gómez, que era el representante legal de Colombia Avanza, la empresa con la que la secretaría contrató de manera directa más de $20 mil millones para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes. También fue Colombia Avanza la empresa que se quedó con un contrato del PAE por más de $7.000 millones en marzo del 2020.
De acuerdo con la Fiscalía, en estos contratos, Agudelo, Gil y Gómez cometieron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa. Eso significa que, según esta entidad, Agudelo y Gil se aliaron irregularmente con Gómez para favorecer a Colombia Avanza en estas millonarias contrataciones.
Aunque la Fiscalía ya tiene el escrito de acusación listo y la defensa de Agudelo ya fue notificada, la audiencia todavía no tiene fecha. Mientras espera esa audiencia, Agudelo seguirá de lleno coordinando la campaña a la Alcaldía de su amigo y aliado político Álbert Corredor, que es quien al parecer maneja a su gusto la secretaría de Educación de Medellín.
Después de que en febrero de este año un juez le impusiera la medida de casa por cárcel a Agudelo, esta renunció a su cargo y días después pudo volver a la libertad. Aunque el exalcalde Quintero no la volvió a contratar, Agudelo nunca se ha ido realmente de la Secretaría de Educación.
En primer lugar porque Juan David Agudelo, el secretario que la reemplazó, es también amigo y aliado suyo y de Corredor: los tres pasaron por el Censa, la institución educativa de la familia del candidato. Y en segundo, porque ha seguido trabajando extraoficialmente en esta dependencia que se convirtió en la sede de campaña de Corredor.
Son muchos los contratistas que han denunciado en este diario cómo los presionan para que le hagan campaña al exconcejal o de lo contrario se quedan sin trabajo. Pues bien, Agudelo es una de las piezas claves de ese sistema de presión, pues se reúne con los contratistas en el Censa para motivarlos a seguir volanteando y pegando pendones, e incluso desde su celular les escribe para “invitarlos” a eventos y actividades de campaña. Su influencia es determinante a la hora de decidir cómo se gastan los más de $60.000 millones que la Secretaría tiene para contratar a su personal de apoyo.
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Por estar haciendo campaña, cientos de psicólogos, interventores, auxiliares administrativas, bibliotecarias, jefes de núcleo y en general todo el personal de apoyo de la secretaría de Educación tiene descuidado su trabajo y los resultados saltan a la vista: en los Icfes del 2022 Medellín quedó de penúltima entre las ciudades principales del país. De 100 niños que se inician en el sistema educativo en el grado transición, solo nueve llegan a la universidad, según Medellín Cómo Vamos. Además, a comienzos de este año, de las 422 sedes de colegios de la ciudad 397 tenían daños de infraestructura. Todo esto, en una ciudad que destina más de un billón de pesos al año para su sistema educativo, uno de los presupuestos más altos del país en este rubro.
