Tres altos exdirectivos relacionados con el proyecto de Hidroituango fueron imputados por la Fiscalía como presuntos responsables por los delitos de daño en los recursos naturales y peculado, por cuenta de la emergencia que vivió ese megaproyecto en 2018.
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Los implicados son Jorge Ignacio Castaño Giraldo, exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango; Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro Vásquez, representante legal y gerente de la interventoría Ingetec - Sedic; quienes no se allanaron a los cargos.
El ente acusador aseveró que los tres exdirectivos habrían sido los responsables legales de las actas de modificación bilateral – tanto al contrato de las obras principales como al de la interventoría – que permitieron la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), el mismo túnel que entre el 28 y el 30 de abril de 2018 se taponó y dio origen a la contingencia.
En concepto de la Fiscalía, dichas obras habrían sido iniciadas sin que estuviera en firme un licenciamiento y habrían tenido un valor de por lo menos $339.107 millones.
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“El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango representado por Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec - Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, presuntamente impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca”, sostuvo el ente.
Por su parte, la Fiscalía señaló al exdirector Ambiental Social y Sostenibilidad de Hidroituango de haber también accedido a iniciar con esas obras yendo presuntamente en contravía de las funciones de su cargo.
“En el curso de la investigación se estableció que las obras se realizaron incumpliendo la normatividad ambiental, pues no se obtuvo modificación de la licencia ambiental y se avanzó en los trabajos sin el estudio de impacto. Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales”, añadió la Fiscalía.
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De igual forma, el órgano señaló que por cuenta de la emergencia que vivió el proyecto en 2018 se ocasionaron daños irreparables a los ecosistemas de la zona adyacente al proyecto, tanto en materia hídrica, como en la fauna y en la flora.
También señaló a las empresas de ocasionar daños a los pescadores, mineros y en general pobladores de la zona cercana al proyecto por cuenta de las afectaciones que tuvo el río Cauca.
Bajo ese contexto, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado y daño en los recursos naturales.
El inicio de este proceso judicial se produce cinco meses después de que también se conocieran las conclusiones de un laudo arbitral en el que se sentaron EPM y el consorcio constructor a dirimir las responsabilidades de la emergencia de 2018.
Tal como se conoció entonces, en dicho proceso, adelantado por un tribunal internacional, se concluyó que había sido EPM la responsable de definir las condiciones técnicas de las obras civiles que se ejecutaron .
“De lo anterior se colige que los planos de construcción y las especificaciones técnicas fueron suministrados por la entidad contratante y eran vinculantes para el contratista, quien debía ejecutar las obras en esos precisos términos”, señaló aquel laudo.
“La decisión de construir la Galería Auxiliar de Desviación (...) la tomó EPM contando para el efecto con la asesoría de un lustroso elenco de cuatro firmas especializadas de ingenieros con experiencia en la excavación subterránea de túneles para la conducción de corrientes de agua, además del acompañamiento de un board de asesores internacionales y la posterior participación de la firma de consultoría internacional de Brasil, también especializada y experta en este tipo de operaciones”, agregó.
Al ser consulado sobre el tema, el representante legal del Consorcio CCC Ituango, Santiago García, planteó no estar de acuerdo con que la Fiscalía interpretara como un delito la construcción del túnel y también controvirtió que a los constructores se les atribuyera el daño ambiental por una estructura cuyo diseño era responsabilidad de EPM.
EL COLOMBIANO también consultó con EPM su versión sobre la imputación, pero hasta el momento de la publicación de este artículo la empresa no se había pronunciado.
Además de García, según informó la Fiscalía, durante la audiencia de imputación que se realizó el pasado 1 de abril, los otros dos exdirectivos implicados tampoco se allanaron a los cargos e insistieron en su inocencia.
