La cama vacía de Sandra, la lamparita redonda que tuvo por años en la habitación de la casa donde vivió casi toda una vida. El pequeño mural que pintó en la pared. El portarretratos que luce su imagen sonriente, eternizada. Una silla de comedor que hace dos años no se llena más. Una familia de cuatro a la que la crueldad le quitó a la única hija, a la única hermana, a la menor. En cada rincón del hogar de los Zuluaga Giraldo habita el recuerdo de esa mujer por la que claman justicia, por la que siguen resistiendo para que su feminicidio no quede impune.
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Este 19 de diciembre se cumplieron dos años desde que encontraron el cuerpo de Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo, con signos de violencia sexual, dentro del carro en el que se movilizaba por una zona rural del Valle del Cauca, porque ese día debía visitar una finca como parte del trabajo que cumplía en una empresa de fertilizantes. Le faltaba menos de un mes para cumplir 29 años y hacía tres había dejado Medellín, su ciudad natal, para sacar adelante una carrera profesional prometedora tras graduarse como ingeniera agrónoma del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Tal vez para esta Navidad, Sandra habría comprado con tiempo los tiquetes hacia Medellín o para que sus padres Julio César y Angélica fueran a pasar con ella donde estuviera en este momento. Eso solía hacer incluso en cualquier puente del año cuando quería que estuvieran juntos. O a lo mejor pasarían los cuatro el Año Nuevo en México donde vive su hermano César. No lo sabrán porque ese 19 de diciembre de 2022, Roger Rossbel Lennis, mayordomo de la finca a donde la ingeniera llegó a trabajar, presuntamente, la asesinó. Por lo menos así lo estableció la investigación de la Fiscalía, que le imputó el delito de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, luego de que lo capturaran el 19 de octubre de 2023, y por lo que un juez de control de garantías ordenó enviarlo a prisión a cumplir una medida de aseguramiento.
Pero un año y dos meses después de que lo capturaran, el proceso está estancado y el temor latente es que ese hombre salga en libertad por vencimiento de términos, una solicitud que ya hizo la defensa en abril de este año y que, por fortuna, un juez le negó. La familia lamenta que la audiencia preparatoria de juicio oral comenzó ese mismo mes, a cargo del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Palmira, al que fue remitido el caso, pero que esta es la fecha en la que no ha podido retomarse debido a que el apoderado del acusado ha presentado múltiples excusas para no asistir. Han sido en total siete aplazamientos solicitados por la defensa en distintas partes del proceso, dice el hermano de Sandra. La última de las audiencias debía cumplirse el pasado 2 de diciembre, pero una vez más el defensor solicitó aplazarla.
“La defensa espera hasta último momento, hasta que se llegue al día a la audiencia, y minutos antes envía una solicitud de aplazamiento diciendo que no puede. Causas diversas, que se le cruza con otra audiencia, un tema de salud, en otra ocasión que para pedir una prueba de ADN con una institución privada e, inclusive, en algunas audiencias, simplemente el defensor no aparece”, señala César, quien también se pregunta por qué la jueza del caso no ha brindado los soportes a la familia sobre las causas de dichos aplazamientos, pese a que lo han solicitado incluso con dos derechos de petición, uno del 17 de septiembre y otro del 6 de diciembre pasados.
Para Angélica y Julio César, que consideran que con el feminicidio de su hija los mataron a ellos en vida, el actuar de la defensa es indignante y el del juzgado, negligente, irrespetuoso con su dolor. “Para nosotros es una burla, nos sentimos tratados como basura, no podemos sentirnos de otra forma”, dice el padre, quien con su esposa vive una crisis de nervios cada vez que debe conectarse a una audiencia, para luego darse cuenta de que esta se suspende por las dilaciones que hace el apoderado del acusado.
La situación les duele mucho más porque las pruebas que presentó la Fiscalía en contra de Rossbel Lennis son contundentes, incluyen material de ADN que arrojó resultados positivos, evidencias de comunicaciones que permitieron establecer que el presunto agresor siempre estuvo cerca de la víctima y hasta testimonios que desvirtuaron algunas de sus versiones. De hecho, el ente investigador pudo determinar que, presuntamente, tras abusarla sexualmente y asesinarla, el procesado se llevó el cuerpo de Sandra en el carro donde ella se movilizaba para dejarlo en inmediaciones de otra hacienda, incluso, habría intentado quemar un asiento para eliminar evidencias del delito.
Por lo pronto, la familia pasa un diciembre más sin su hija y se viene otro año en el que solo pueden recordarla con impotencia porque no tienen la plena certeza de que el proceso avance rápido y se dé la condena que tanto esperan en contra del hombre que no saben si algún día podrán perdonar, aunque vivan pegados de la oración, de su fe en Dios para que los ayude a sobrellevar un dolor de consecuencias inciertas, que un día puede dejarlos en el completo desgano de seguir en pie.
“Estamos con tratamiento psicológico, medicados, porque verdaderamente nos mataron; a pesar de que tenemos nosotros el otro hijo, el que falta es el que falta, y no hemos tenido vida, ¿cómo vamos a sobrevivir tranquilos? Es imposible, uno nunca va a recuperarse de una cosa de esas, mucho menos cuando todavía faltan audiencias, cuando no tenemos justicia”, dice entre lágrimas Angélica.
Esperan que el próximo enero se cumpla la siguiente audiencia programada. Y anhelan justicia no solo por Sandra, sino para que a ninguna otra mujer le suceda algo así, para que ninguna familia tenga que vivir el sufrimiento inigualable que ellos han soportado.
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