EPM está otra vez contra las cuerdas por falta de plata. Desde el año pasado, la empresa antioqueña ve cómo se agranda un gigantesco hueco financiero por cuenta de los retrasos del Gobierno Nacional para girar los recursos por concepto de subsidios del servicio de energía. La situación es tan crítica que su filial Afinia está empezando a quedarse sin margen de maniobra y solo tendría recursos para funcionar hasta febrero.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que en el Grupo EPM dicho faltante es de por lo menos $1,25 billones con corte al 31 de diciembre de 2024.
El descuadre no sólo preocupa en Medellín y el Caribe, sino que se extiende a las demás filiales del Grupo EPM en todo el país, que arrancaron el año viendo cómo sortear ese mismo problema.
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De acuerdo con datos entregados por Gutiérrez, mientras la casa matriz tiene un faltante por subsidios de $227.000 millones, Chec (filial en Caldas y Risaralda) tiene uno de $62.000 millones; Cens (Norte de Santander) uno de $148.000 millones; Edeq (Quindío) uno de $15.000 millones; Essa (Santander) uno de $117.000 millones; y Afinia (Caribe), uno de $695.000 millones, este último de lejos el más robusto.
Con la vista puesta sobre todo en Afinia, Gutiérrez aprovechó para señalar que la filial sigue en cifras rojas por cuenta del saldo pendiente que dejó el mecanismo de la opción tarifaria, que solo en su caso representa un faltante de otros $2,5 billones.
“Yo quisiera alertar de un tema que viene sucediendo desde el año pasado en el cual hay un incumplimiento generalizado de pagos de parte del Gobierno Nacional a empresas de energía del país. En particular puedo hablar de Empresas Públicas de Medellín, en la que la cifra que se le adeuda es superior a los $4 billones. Por opción tarifaria son $2,7 billones; y por subsidios a los estratos 1, 2 y 3, son montos cercanos a los $1,2 billones”, precisó.
En su reclamo, Gutiérrez planteó que la falta de soluciones tanto para el problema de los subsidios como para la opción tarifaría sería una situación espejo a la misma que hoy tiene en jaque al sector de la salud.
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“El gobierno está haciendo con las empresas del sector energético lo mismo que hizo con las empresas de la salud, las está aniquilando financieramente”, dijo. “Esto no es pedir un favor, esto es que se cumpla lo que está por ley, lo que es la obligación”, agregó.
La respuesta de Petro
La cuenta de cobro de Gutiérrez no cayó para nada bien en el Palacio de Nariño. El presidente Gustavo Petro, sin referirse a los subsidios, salió a reclamarle por traer a colación el saldo de la opción tarifaria.
“Al alcalde Federico Gutiérrez se le olvida que la ‘opción tarifaria’ la creó el expresidente Duque, como una deuda de los usuarios a las empresas de energía. La Nación no es titular de esa deuda”, dijo Petro, argumentando de paso que en el cuestionado proyecto de ley de financiamiento que se hundió en el Congreso había un mecanismo para que esa deuda se volviera pública.
“Propuse en la ley de financiamiento volver esa deuda, de la gente que paga tarifa de energía, una deuda pública, pero su propia bancada uribista antioqueña y Vargas Lleras, con Cambio Radical y Efraín Cepeda, decidieron hundirla en contra de todos los usuarios de energía eléctrica de Antioquia y Colombia”, añadió el primer mandatario.
A renglón seguido, Gutiérrez le respondió al presidente que no podría eximirse de su responsabilidad en el lío aludiendo a ese proyecto de ley. “En un discurso en mayo de 2024 en Barranquilla prometió que la Nación asumiría como deuda pública la opción tarifaria de todo el país. Nunca afirmó que sería con una ley de financiamiento o ‘Reforma tributaria’, que no le pasó por su falta de gobernabilidad y confianza que los colombianos tenemos en su gobierno”, contraargumentó el alcalde.
“Crisis en sector energético”
Además del debate político, este cruce de declaraciones volvió a poner sobre la mesa la gran presión financiera por la que atraviesan las empresas del sector energético en el país y que incluso desató una contingencia en las zonas no interconectadas.
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Fue el caso del municipio de Puerto Carreño, capital de Vichada, que sufrió un apagón empezando este año tras quedarse sin recursos para funcionar, precisamente por la falta de pago de los subsidios de energía desde el Gobierno Nacional.
A raíz de esa crisis, el Ministerio de Hacienda tuvo que salir a dar explicaciones por esos retrasos en el giro de los recursos y este martes 7 de enero aseguró que ya se había puesto al día con una deuda de $184.000 millones por subsidios atrasados en las zonas no interconectadas, incluyendo los $6.257 millones que le adeudaba a Electrovichada.
Una situación parecida es la que el gobierno de Medellín teme ocurra sobre todo con Afinia, que se convirtió en un barril sin fondo para el Grupo EPM y sigue arrojando cifras en rojo a pesar que desde que entró en operación ha recibido $2,9 billones para inversiones en infraestructura y otros $3 billones para garantizar su funcionamiento.
A mediados de diciembre pasado, el gerente de EPM, John Maya Salazar, envió incluso una carta al presidente Petro pidiéndole asumir la operación del servicio en César y 11 municipios de Magdalena en los que opera Afinia, en donde la situación en materia de pérdidas y recaudo es la más severa. “Todos los esfuerzos realizados han sido insuficientes para lograr la recuperación de la cartera, revertir los indicadores de recaudo y pérdidas y satisfacer las expectativas generadas en la comunidad”, expresó Maya.
A raíz de este lío, desde hace más de un año el interrogante que ha venido rondando es que tan comprometida podría verse la estabilidad financiera de EPM en caso de que la crisis de Afinia continúe profundizándose.
“Puerto Carreño no es sino la punta del iceberg de lo que le puede pasar al país”, dijo Gutiérrez, reclamando a la Nación que, además de los subsidios de energía y el saldo de la opción tarifaria, también cumpla sus compromisos en otros proyectos que están en jaque por la falta de recursos, como el metro de la 80, que al cierre del año pasado tampoco recibió los $489.000 millones por vigencias futuras acordados en su convenio de cofinanciación, este último paradójicamente acordado cuando Medellín se comprometió a ayudar a la Nación con el chicharrón de la desaparecida Electricaribe.
