“En La Riviere es evidente el turismo sexual, sobre todo en la Torre 3. Llegan esos tipos con niñas muy jovencitas, casi todas iguales: delgadas, muy pequeñas de estatura y de rasgos infantiles. Esos gringos bien viejos y hasta con dos niñas en las zonas comunes, incluso en las piscinas. Es algo asqueroso lo que estos tipos hacen”, comentó un vecino del edifico.
De acuerdo con otros de los residentes, el asunto ha sido denunciado ante la administración ampliamente desde hace por lo menos un año, sobre todo cuando, según ellos, se presentaron tres incidentes con turistas extranjeros y presuntas menores de edad en un solo mes, el más reciente el pasado martes 24 de septiembre.
“La administración de la Unidad dice que eso acá no pasa porque acá no se brinda el servicio de renta corta, sino de estadías por más de 30 días. Además dice la administración que los vigilantes hacen un ‘buen control’ de ingreso para no dejar pasar a las niñas, pero solo se limitan a pedirles un documento para ‘confirmar’ si son mayores de edad. La administración también dice que cuando hay sospecha los vigilantes van hasta el apartamento alquilado y verifican. Pero la verdad uno ve que esto ya es un asunto cotidiano. O sea es un control muy limitado y poco efectivo”, detalló otro residente.
En respuesta a este diario desde la unidad La Riviere dijeron que si bien algunos extranjeros han intentado ingresar a la urbanización con menores de edad, el equipo de vigilancia y la Policía Nacional han intervenido “evitando cualquier materialización de un delito”. “Hasta la fecha, no se ha registrado ningún delito relacionado con la explotación sexual de menores en la propiedad”, dijeron.
La unidad detalló que el protocolo que tienen para atender estas situaciones incluye controles de seguridad que permiten identificar a quienes ingresan a la copropiedad y bajo qué condiciones, que según ellos facilita la detección de posibles riesgos, como la explotación sexual.
“También establece claramente cuándo es necesario contactar a la Policía Nacional y al propietario del apartamento. Además, se han adoptado otras medidas preventivas, como la firma de pactos por parte de visitantes temporales, el registro detallado en la minuta de vigilancia, el uso de manillas para el control de acceso, charlas comunitarias, capacitaciones con la empresa de seguridad, operativos con la Policía, sanciones internas, demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras”, indicaron.
Para la administración de La Riviere la respuesta de la Policía es rápida y eficiente verificando la información, ejerciendo los protocolos de protección de derechos y haciendo las consultas pertinentes.
Finalmente, la administración de la unidad residencial confirmó que denunciará por injuria y calumnia “a quienes expresaron presencia y explotación sexual de menores de edad y subieron una foto de una persona visitante que era mayor de edad y que no tenía relación con lo denunciado”, apuntaron en respuesta a la denuncia hecha por la cuenta Valientes en la red social X.
¿Autoridades maniatadas?
Pero tal vez la desilusión más grande que se llevan los residentes de La Riviere es cuando llega la Policía. Y es que si bien las autoridades de Medellín comentan que hay capacidades operativas para atender bien estos posibles casos de menores de edad cooptadas para ser explotadas sexualmente con turistas extranjeros, algunos ciudadanos cuestionan la efectividad de las acciones.
“Resulta que apenas llegaban dos patrulleros, revisaban cédulas de las muchachas y documentos de los extranjeros, despachaban a cada uno por su lado, y ya. Y cuando se viralizó la denuncia sí vino la Policía, pero el hecho había ocurrido hacía días y solo vinieron a mirar una firma en una minuta. En agosto 21 sí vino la Policía de Infancia y lograron meterse al apartamento y encontraron una menor de edad. ¿Pero qué pasó? El extranjero terminó su estadía antes de tiempo y ya. No se le hizo nada al descarado ese”, se quejó un tercer propietario sobre la falta de acción de las autoridades.
Si bien este artículo no es una “caza de brujas” contra las autoridades, pone de manifiesto versiones de ciudadanos que creen que es evidente un detalle: habría recursos limitados para atender estos aberrantes casos y además habría una descoordinación entre las entidades que deberían atenderlos, lo que termina “premiando” con impunidad a los explotadores sexuales como Timothy Linvingston quien hasta hoy sigue prófugo luego de que por fallas en su detención huyera del país.
Por ejemplo, el alcalde Gutiérrez se quejó de que el personal del ICBF para atender estos casos según ley la Ley 2126 de 2021 (que le quitó “dientes” a las Comisarías de Familia), es insuficiente. “Encuentre pues a los funcionarios del ICBF después de las 5:00 p.m., o en un fin de semana”, se lamentó.
A su vez, un exuniformado de la Policía, que atendía dichos casos, señaló las diferencias de lo que dice la norma a lo que pasa en las calles realmente.
Según dijo, los policías de los cuadrantes deben verificar las identidades de las personas halladas en el lugar, así como tratar de establecer la edad de la presunta menor que está siendo explotada así como si lo está siendo.
“Debe existir manifestación de la adolescente en la que diga que el sujeto ofreció pagar o pagó por los servicios sexuales y que este era conocedor de que ella era menor de 18 años de edad”, explicó el exagente.
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Según detalló el exuniformado, en el lugar de los hechos solo deberán asistir la Policía de Vigilancia y la Policía de Infancia y Adolescencia pero posteriormente conocerán del caso entidades como la Fiscalía, el ICBF, los jueces de Control de Garantías, la Alcaldía y la Comisaría de Familia.
Sin embargo, realmente lo que pasa es lo siguiente: la Policía debe verificar si hubo consentimiento de la menor para ingresar al hotel o la vivienda alquilada, pero la Policía no puede ingresar al inmueble para hablar con ella sin orden judicial a menos que haya consentimiento de los moradores.
“Hay casas en las que no abren la puerta cuando la Policía está verificando los datos. Un inmueble que se rente por Airbnb es un establecimiento comercial, sin embargo a los ojos de todo el mundo son casas de familia en las que, si abren la puerta, la presunta víctima acredita estar en una relación sentimental de meses con el extranjero, sumado a que es mayor de 14 años”, añadió.
Según el expolicial para que se configure el delito de demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años todo depende del testimonio de la víctima para capturar en flagrancia. “Lo anterior representa una captura de al menos 36 horas, el trabajo investigativo en los actos urgentes siguientes a la captura representará si este ciudadano puede ser dejado en libertad o si queda detenido”, agregó.
“Todo esto es un pantano legal en el que lograr una judicialización es muy difícil. Si las investigaciones no avanzan cuando hay pruebas, ¿se imagina lo que pasa cuando las mismas víctimas de explotación están tan cooptadas que consideran que lo que hacen no está mal? A eso súmele que después de los 14 años uno se puede acostar con quien uno quiera. Las niñas saben eso, y los tipos que las explotan también, y eso maniata a las autoridades. Hay una desconexión de las normas con la realidad”, comentó Jazmín Santa docente de la UPB y miembro del Secretariado Técnico de la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.
Una fuente judicial con amplia experiencia en estos casos resumió la situación de las autoridades como la más frustrante. “Es evidente que hay fallas en los procedimientos y el policía está en el peor de los escenarios, porque –aparte de las víctimas– son el eslabón más vulnerable pero es el que está más sobrecargado de tareas y el más maniatado. Si al extranjero no se le demuestra nada en flagrancia o no hay evidencias de una transacción, judicialmente el policía no puede hacer nada, pero luego le caen por falta de resultados. Pero si eventualmente hace la captura y el abogado o el juez caen en tecnicismos –por ejemplo que como no se le habló en inglés al detenido– se cae la captura y le compulsan copias al uniformado por extralimitarse”, detalló.
Urge una sinergia
Frente a estas situaciones, el secretario de Seguridad Manuel Villa hizo varias precisiones. Frente al tema de la unidad La Riviere, Villa detalló que el incidente denunciado ocurrió el pasado 21 de agosto. Contrario a lo dicho por la unidad Villa apuntó que, tras constatar que al interior del apartamento sí había una menor de edad, se activó la Ruta Fucsia de atención para la menor mientras que al extranjero de 46 años –que no fue hallado en flagrancia– se le hizo un registro para determinar si será expulsado del país.
Aunque Villa reconoció que sí existen falencias en la atención de los casos, destacó que se están haciendo ingentes esfuerzos en mejorar los procedimientos toda vez que, por fortuna, los índices de denuncia de estos delitos contra la niñez han aumentado un 66%.
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“Cuando llegamos a la administración, este delito no era prioridad para nadie. Este es un tema complejo por las aristas sociales, económicas, internacionales y criminales que tiene, y por eso le hemos metido fuerza y hasta creamos el grupo Geset para atender las denuncias. Claro que nos falta, pero hemos avanzado. Este año van 197 capturas por delitos relacionados con la niñez y 26 por explotación sexual infantil. De estas, 12 son de ciudadanos extranjeros. Aún así, hay un gran reto de articulación entre entidades y agencias nacionales e internacionales. Por eso desde octubre habrá una capacitación para que a partir de estudios de casos lleguemos a consensos entre entidades y así lograr una mejor articulación”, dijo.
De otro lado, la fuente judicial comentó que lo que se está haciendo con los extranjeros es buscar otras medidas –no tan contundentes como un arresto pero sí más expeditas– como por ejemplo las expulsiones o las reseñas ante organismos internacionales para que en un futuro se le pueda prohibir el ingreso al país o vincularlos a procesos judiciales más robustos y que sí terminen en condenas, tal como ocurrió hace poco con un israelí.
