Ingrid Vanessa González habría establecido un acto administrativo que ella misma habría aprobado y expedido y que le permitió desembolsar varios millones de pesos para pagar sus estudios.
Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana de Medellín durante la Alcaldía de Daniel Quintero, quedó bajo la mira de la Procuraduría General, que le abrió pliego de cargos por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos cuando ejercía el cargo.
“La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá calificó provisionalmente la falta de González Montoya como gravísima a título de dolo”, detalló el Ministerio Público.
De acuerdo con el ente disciplinario, se busca establecer si la exsecretaria realizó un curso de inglés en la Universidad EAFIT, que costó más de $5 millones, para lo cual se habría establecido un acto administrativo que ella misma habría aprobado y expedido y que le permitió desembolsar el dinero en tiempo récord.
De hecho, EL COLOMBIANO reveló desde mayo de 2022 que Ingrid Vanessa González, entonces secretaria de Gestión Humana de Medellín, se autoaprobó un monto de $5.700.000 en modalidad de subsidio para dicho curso de inglés.
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En el marco de la investigación, la Procuraduría también espera determinar si era de “utilidad y pertinencia en el uso de su cargo” adelantar esa capacitación.
La administración de Medellín contempla la posibilidad de que sus empleados puedan obtener un subsidio en caso de emprender procesos de capacitación, pero en el caso de González, ella habría firmado la resolución para el desembolso del dinero, sin pedirle a su superior jerárquico que avalara esa posibilidad y en un tiempo menor al de cualquier otro funcionario.
“Debido a esto, el ente de control confirma si la exsecretaria vulneró el principio de moralidad que establece la ley”, agregó la Procuraduría.
Incluso, desde ese entonces hubo molestia entre funcionarios que conocieron del caso de González y cuestionaron que normalmente esta modalidad de subsidio no se hace efectiva en plazos menores a un mes, después de que el funcionario ha pagado el costo de su bolsillo, pero sobre todo porque habría una extralimitación de funciones al aprobarse ella misma el pago de los $5’700.000 que costó el curso.
