Pocas horas antes de ser sacado de su cargo por la junta directiva, el exgerente de Emvarias, Carlos Fernando Borja Jiménez, alertó de los múltiples peligros de dejar en firme el millonario contrato con el que esa entidad busca iniciar un piloto de recolección de basuras de la mano de la empresa Themac, la misma que desde mayo pasado ha estado en la palestra pública por tener dentro de sus dueños a empresarios cercanos al presidente Gustavo Petro.
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Aunque desde el pasado 15 de septiembre Emvarias aceptó la oferta presentada por esa compañía y aún pareciera estar encaminada a iniciar su ejecución contra viento y marea, en un concepto interno enviado a la junta directiva, Borja alertó que el mismo acarrearía elevados riesgos financieros para esa filial del grupo EPM y podría derivar incluso en procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La comunicación no sólo llama la atención por mostrarse en contravía al discurso oficial de la empresa, en el que dicho contrato aún se defiende cómo un paso para modernizar el servicio de aseo en Medellín, sino por aparecer luego de que salieran a flote más vasos comunicantes entre uno de sus dueños de la firma Themac con otros miembros del alto gobierno nacional.
Se trata del empresario Manuel Grau Pujadas, uno de los accionistas de la firma española Barcelona Export Group, que a su vez es accionista de Themac, quien tal como lo contó EL COLOMBIANO este martes, también vive en un apartamento ubicado en la avenida Pepe Sierra, en el norte de Bogotá, que apreció en la lista de propiedades del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Las alertas de Borja
El documento en cuestión, que aparece firmado por Borja el pasado 31 de octubre –justo un día antes de que la junta directiva de Emvarias decidiera declararlo insubsistente– se trata de un oficio de cuatro páginas dirigido precisamente a la junta de esa entidad.
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En dicha comunicación, en la que se reseñan las dificultades para formalizar ese contrato de cargue lateral, Borja Jiménez hizo un análisis detallado de los escenarios que se proyectarían para Emvarias en caso de firmarlo o desistir del mismo.
Cabe recordar que, pese a ser adjudicado hace tres meses, dicho contrato aún no ha podido comenzar a ejecutarse a falta de la firma del acta de inicio, que hasta el cierre de esta edición aún aparecía ausente en el portal de contratación del Grupo EPM.
El objetivo de este contrato consiste en ejecutar un proyecto piloto con camiones que tengan tecnología de cargue lateral, que a diferencia del tradicional sistema de carga trasera, demanda de vehículos equipados con un sistema capaz de vaciar de forma automática los contenedores en los que se depositan las bolsas de basura.
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Pese a que desde el año pasado, Emvarias ha insistido en que este proyecto piloto sería un paso con miras a mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos, la iniciativa ha despertado preocupación por su alto costo, generando incluso que la empresa pidiera en agosto de 2022 $135.383 millones de vigencias futuras hasta 2030 para solventarlo.
En el documento más reciente sobre el contrato, que consiste en la comunicación de aceptación de la oferta, Emvarias señaló que para ejecutar el mismo se necesitarían cerca de $199.600 millones (resultantes de sumar el IVA a un valor básico de $176.218 millones).
Precisamente a raíz de ese costo, y contrario a la versión que ha entregado Emvarias desde el año pasado, Borja alertó en su oficio que las proyecciones contables de la entidad no darían para asumir esa gran inversión.
“Dadas las proyecciones financieras de la empresa y la tarifa aprobada por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) para la disposición final, se considera un riesgo elevado perfeccionar el contrato, pues la tarifa no cubre los costos del proyecto, dejando unas proyecciones financieras desfavorables”, escribió Borja.
En su comunicación, el exgerente admitió además los múltiples cuestionamientos que ha arrastrado Emvarias por cuenta de esa iniciativa ante la opinión pública y recordó que la Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva que “podría derivar en una solicitud de investigación disciplinaria” tanto a la junta directiva, como la gerencia y los demás altos cargos de la entidad.
Desde el punto de vista logístico, Borja señaló incluso ver muy “estrechos” los tiempos para instalar cerca de 1.500 contenedores especiales que serían necesarios para hacer posible el piloto de cargue lateral, que, además de requerir de permisos de espacio público, demandarían un margen de tiempo mayor al disponible antes de que concluya este periodo administrativo.
En contraste, a la hora de analizar lo que ocurría si no se firma el contrato, Borja argumentó que la mayoría de riesgos financieros, reputacionales y disciplinarios desaparecerían, quedando sólo el riesgo de que la controvertida firma Themac emprendiera acciones legales si considerase haber sido defraudada por el desistimiento de Emvarias a firmar el contrato.
En medio del hermetismo que sigue manteniendo Emvarias frente a la salida de Borja, al interior de la compañía cobra fuerza la idea de que esta posición explicaría la remoción de su cargo, en una puja en la que, además del dinero, está en juego los intereses de una firma con propietarios cercanos al gobierno Petro.