El entramado de medios digitales que recibió millonarios contratos de pauta publicitaria durante la alcaldía de Daniel Quintero comenzó a marchitarse. La otrora aceitada maquinaria de portales que se volcaron a publicar información en favor de los intereses del exalcalde, muchos de ellos representados por personas naturales con vasos comunicantes con políticos, como el congresista Alejandro Toro, pareciera haber empezado a quedarse sin combustible a escasos dos meses del cambio de gobierno.
Dos de los casos más llamativos corresponden a portales identificados como Medellín Opina y Noticias de la Urbe, el primero liderado por la esposa del congresista Toro, Liliana Ceballos Gañán, y el segundo por el hermano de Toro, Ferney Giovanni Toro Ramirez, que luego de posicionarse como plataformas para impulsar propaganda negra y material publicitario de la Alcaldía de Medellín, no volvieron a publicar contenidos desde diciembre pasado.
Mientras Medellín Opina, que recibió al menos $119 millones de contratos entre 2020 y 2022, ya ni siquiera está en línea y dejó sus cuentas a la deriva desde el pasado 28 de diciembre; Noticias de la Urbe, cuyo representante recibió $103 millones en contratos entre 2021 y 2022, se mantiene en línea, pero tampoco publica nada desde esa misma fecha.
El caso de ambos medios, que se suman a un universo aún más amplio de portales de dudosa procedencia, vuelve a poner sobre la mesa las dudas por el destino que habrían tenido por lo menos $75.780 millones de las arcas públicas de Medellín que durante el pasado cuatrienio fueron a parar a actividades publicitarias, cuya revisión ha representado obstáculos hasta para organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que a comienzos de este mes publicó un estudio de pauta oficial a nivel nacional en el que la capital antioqueña ocupó el cuarto lugar como la ciudad que más gastó.
“Su estrategia consistió en crear y apoyar medios que nadie conocía, medios nuevos y su proyecto era la autopromoción; lo último fue lo del periódico que era supuestamente para una rendición de cuentas, pero el fin real fue ambientar la candidatura de su candidato”, expresó entonces el subdirector de la FLIP, César Paredes, denunciando que hasta el último minuto la administración Quintero puso barreras para ser escrutada en esos gastos.
Cabe anotar que además de la FLIP, entes como la Contraloría también abrieron investigaciones en ese mismo sentido, buscando esclarecer si en dichos gastos Medellín habría incurrido en un detrimento patrimonial.
Así se armó la máquina
Para comprender cómo fue que se armó ese entramado hay que remontarse a septiembre de 2021, cuando empezaron a emerger los primeros indicios de una maquinaria propagandística que venía montándose desde la Alcaldía de Medellín, basada en contratos entregados a múltiples portales de dudosa procedencia.
En aquel mes, tal como lo contó este diario, se conoció que la central de medios del canal Telemedellín había firmado contratos de pauta con un grupo de por lo menos 26 medios virtuales registrados en lugares como Bogotá, Tolima y hasta Estados Unidos.
La alerta vino por cuenta de un documento interno del propio canal que terminó filtrándose a la opinión pública, en el que sus funcionarios se mostraban preocupados por los recursos que estaban destinándose a esos medios, pese a tener poco tráfico (ninguno superaba las 10.000 visitas), contenidos de baja calidad y hasta problemas en su diseño, que dificultaban el objetivo central de los contratos de darle visibilidad a la publicidad de la Alcaldía.
En esa lista inicial aparecieron medios con nombres como Pasión Montañera, de Tolima; Noticias al día, de Arizona (Estados Unidos) y otros como Latinoscopio, Megafinde, Noticias Medellín, Red Noticias, Noticias de la Urbe, News Colombia, Medellín Opina, Región Económica, entre muchos otros, que recibían más recursos que la misma política pública de medios comunitarios de la Alcaldía.
Un año más tarde, cuando se conoció que el número de medios beneficiados por esos contratos se había engrosado a por lo menos 117, empezaron a salir a flote vasos comunicantes entre dicha estrategia y figuras políticas cercanas al exalcalde Quintero, esta vez por cuenta de una entidad identificada como la Federación Internacional de los Pueblos (FIPU).
Esta organización, que se definía a sí misma como una alianza de medios “populares, rurales, étnicos, independientes y alternativos”, había recibido entonces por lo menos $167 millones en contratos.
Más allá de esos recursos, la FIPU llamó la atención por tener en sus registros la misma dirección de la que fuera la sede utilizada por el movimiento Independientes para hacerle campaña al hoy presidente Gustavo Petro en Medellín y por especificar en los contratos que la publicidad de la Alcaldía sería emitida en medios como Vocesco y Contravía, este último el mismo programa que por largo tiempo dirigió el periodista Hollman Morris, fiel escuderdo de Petro y actual subgerente del Sistema de Medios Públicos del país.
Sin embargo, el político más llamativo que apareció en escena fue el representante a la Cámara Alejandro Toro, quien constituyó dicha organización (en llave con Juan Pablo Morris, hermano de Hollman Morris) y además tenía vínculos con los representantes de por lo menos cinco medios, que se habían quedado con al menos $519 millones.
Según denunció el medio El Armadillo, de ese grupo de cinco medios, cuatro ni siquiera estaban constituidos como empresas y recibieron esos contratos a través de sus representantes, todos familiares de Toro o miembros de la Fundación Avanza Colombia, también creada por Toro.
Esta última lista apareció encabezada por la esposa de Toro, Liliana Ceballos Gañán, como representante del medio Medellín Opina; el hermano de Toro, Ferney Giovanni Toro Ramirez, como representante del medio Noticias de la Urbe; Sandra Milena Balanta Argüelles, quien además de representar al medio La Pasilla también aparecía como auxiliar administrativa de la fundación de Toro; y Elkin Alexander Sarria Rodríguez, como representante del medio Voces de la Sabana, quien para quedarse con el contrato acreditó experiencia con la fundación de Toro.
Según aparece en la información reportada por la Alcaldía en el portal Gestión Transparente, Ceballos Gañán recibió contratos por $119.033.333 con Telemedellín; Toro Ramírez recibió contratos por $103.593.088 con entidades como Telemedellín y el Colegio Mayor de Antioquia; Balanta Argüelles contratos por $25.000.000 con Telemedellín; y Sarria Rodríguez contratos por $30.000.000, también con Telemedellín.
Todos estos medios, que recibieron al menos $357 millones, pese a tener un corto alcance, fueron engranajes claves para propagar artículos en los que se desacreditaban a políticos críticos de Quintero y otros para defender su gestión ante los múltiples cuestionamientos que lo acompañaron hasta el final.
De esa lista, solamente La Pasilla y Voces de la Sabana se mantienen activos, pero ahora se enfocan principalmente en contenidos que exaltan al presidente Petro y desacreditan a las voces críticas a su gestión.
$119
millones en contratos recibió la esposa de Alejandro Toro como líder de
Medellín Opina.
