A ellos les mancillaron el nombre y la dignidad. Los tildaron de guerrilleros y delincuentes. Los asesinaron y los condenaron a dejar muy pronto a sus seres queridos que aún lloran su ausencia. Algunos siguen desaparecidos. Todos eran civiles inocentes. Todos tuvieron como verdugo a agentes de una fuerza pública que se supone debía protegerlos. Por cada uno de ellos, 35 víctimas de falsos positivos en Antioquia, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón este miércoles 14 de agosto.
El acto, ordenado en sentencias de jueces de la República como una forma de reparación a las familias de las víctimas, tuvo lugar desde las 9:00 a.m. en el Museo Casa de la Memoria de Medellín y fue presidido por el ministro de Defensa Iván Velásquez y el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo. Allí, uno por uno fueron nombrados; y sus rostros, inmortalizados en fotografías, algunas las últimas que les tomaron, estaban plasmados en camisetas, cuadros y pantallas, con la convicción de honrar su memoria.
Le puede interesar: El ministro de Defensa y el Ejército pedirán perdón en nombre del Estado por falsos positivos en Antioquia
Madres, padres, esposas, hermanos, hijos y sobrinos lloraron silenciosos; alzaron su voz para contar la historia tantas veces repetida, en muchas ocasiones ante la indiferencia y la desidia de las instituciones del país; hablaron de sanación, pero también de la imposibilidad de perdonar lo que han vivido; hicieron un llamado para que hechos así no se vuelvan a repetir y para que las indemnizaciones que aún no les ha pagado a muchas familias lleguen pronto.
“Sus vidas se apagaron porque de la elite del Ejército de la época salieron en jauría a cazar y ellos fueron sus víctimas. Se los llevaron en 1998, pero en ese tiempo no sabíamos qué era un falso positivo”. Así habla María Consuelo García del asesinato de su hijo Darwin Andrés Sánchez y sus mejores amigos Carlos Mario Llano Sánchez y Gustavo Adolfo Cardona Alzate. Los tres se fueron a pasar vacaciones a Cartagena antes de seguir sus estudios, soñaban con ser profesionales. Cuando regresaban a Medellín, paramilitares los retuvieron entre Cáceres y Caucasia, para luego entregarlos a soldados que finalmente los mataron y los hicieron pasar como bajas en combate.
Lea también: El primer diciembre sin padecer la incertidumbre de un ser querido desaparecido
Pero lejos estaba María Consuelo de imaginar que con el dolor de perder un hijo las familias tendrían que soportar la inoperancia de la justicia por más de 15 años. No olvida cuando algún fiscal le dijo que no podían enfocarse en su caso porque habían secuestrado a la exsenadora Piedad Córdoba y eso “era más importante” de resolver.
Tres familias nunca dejaron de luchar por saber qué pasó con sus hijos, por encontrar los cuerpos y darles una sepultura digna. “Del batallón Los Rifles mandaron los cuerpos al cementerio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, donde después nos enteramos que los habían tirado como NN. Les dañaron la imagen, los hicieron aparecer como guerrilleros a nivel nacional, los vistieron y les pusieron metralletas y todo”, relata la madre en representación de las tres víctimas, cuyos familiares estuvieron en el evento de este miércoles.
El drama se repitió en los hogares de las 35 víctimas por las cuales el Estado pidió perdón. Como Omar de Jesús Gutiérrez, de Abejorral, Oriente antioqueño, quien fue retenido en julio de 2004 y después apareció como guerrillero muerto en combate. Su hija Isabel Cristina recuerda que lo último que conversaron fue sobre el vestido que irían a comprar al otro día para su fiesta de 15. Lo encontraron cuatro años después.
Erick Alberto Osorio Martínez se había acabado de graduar del colegio, en diciembre de 2005, cuando lo asesinaron hombres del Gaula del Ejército en Rionegro, también en el Oriente, con otro compañero. Pocos días antes le informaron que se había ganado una beca para estudiar una técnica en mecánica automotriz. “El 30 de diciembre nos llamó la Fiscalía diciendo que el cuerpo estaba en Medicina Forense y que murió en enfrentamiento. Fuimos y allá nos dimos cuenta de que no hubo enfrentamiento, sino que le dieron por la espalda”, dice su padre Yimer Osorio.
Le puede interesar: 25 años sin Jaime Garzón, ¿quiénes fueron sus asesinos y por qué cometieron el crimen?
A Ángela Marulanda le asesinaron a sus hijos Gustavo Alberto Tejada Marulanda y Gabriel Andrés González Marulanda en 2008, tres meses después de salir de Medellín para trabajar en una finca de Puerto Libertador, Córdoba. Le entregaron los cuerpos y le dijeron que murieron en combate. Y aunque pudo sepultarlos pocos días después de los homicidios, hoy carga con el dolor y la incertidumbre por la desaparición de su hijo Wilson Alfredo Mendoza Marulanda, hace tres años, en el mismo lugar donde mataron a sus hermanos.
La historias, cada una con variaciones dolorosas, ocurrieron entre 1998 y 2009 además en otros municipios antioqueños como Caldas, Santa Fe de Antioquia, La Ceja, Granada, Remedios, Montebello, San Francisco, Anorí, Yarumal, Briceño, San Carlos, Cocorná, Donmatías, Ciudad Bolívar, Dabeiba, Apartadó y Carepa, lugares en los que los habitantes también sufrieron desplazamientos forzados y fueron estigmatizados por supuestos vínculos con grupos armados ilegales.
Puede leer: La increíble historia de perdón que trajo la verdad a familia de Antioquia
Los hechos fueron además incluidos en el subcaso Antioquia del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Según el alto tribunal, de los 6.402 falsos positivos del país entre 2002 y 2008, 1.613, es decir, el 25% del total, ocurrieron en Antioquia, lo que lo convierte en el departamento colombiano con mayor incidencia de este delito de lesa humanidad.
Asimismo, entre los 35 hechos por los que se pidió perdón hay uno que corresponde a la muerte del campesino Carlos Alberto Sepúlveda, quien cayó en medio de material explosivo instalado por la fuerza pública en San José de Apartadó, Urabá; y otro a la de Sergio Rojas Cárdenas, asesinado por militares mientras conducía un vehículo con una religiosa y un menor de edad, en Briceño, Norte, porque supuestamente se negó a obedecer una orden de pare, lo que para el ministro Velásquez fue una respuesta desproporcional.
Además: Estos son los 9 exparamilitares que contarán a la JEP cómo se planearon las masacres de El Aro y La Granja, en Antioquia
Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa no solo pidió perdón por los repudiables hechos cometidos por agentes del Ejército, sino que también mencionó las palabras que para las familias tienen más valor que nada: que sus hijos, hermanos, esposos, tíos, primos, padres asesinados no eran guerrilleros, no portaban armas, no pertenecían a ningún grupo armado ilegal ni habían tenido un enfrentamiento armado en su vida.
“Todo el Estado debe pedir perdón por la travesía dolorosa que ustedes han pasado en la búsqueda de sus familiares, yendo a varias instituciones con fotos, contando una y otra vez lo sucedido y recordando el último momento con el que tuvieron contacto con ellos, ahondando su dolor; debiendo ver cuerpos maltrechos producto de la violencia que cada vez parece ser más cruel y despiadada”, les dijo el ministro a las familias en el auditorio.
Por su lado, el general Cardozo reiteró que sus seres queridos no pertenecían a ningún grupo delincuencial ni estaban cometiendo hechos ilícitos cuando los mataron para hacerlos pasar como subversivos: “A ustedes, como víctimas de estos lamentables hechos, quiero en nombre del Ejército Nacional, ofrecerles excusas públicas y pedirles perdón por las muertes prematuras causadas a sus familiares, que más que una pérdida insuperable, se convirtieron en una tragedia que marcó sus vidas”.
El ministro recordó que, tal como reposa en expedientes de 2007 de la Sétima División del Ejército, se determinó que los resultados de sus unidades operativas serían evaluados por las bajas del enemigo en cada jurisdicción, por la disminución de actos terroristas y, por la reducción de bajas en las propias filas, lo que finalmente promovió que se dieran las ejecuciones extrajudiciales.
Le puede interesar: ¿Qué harán Uribe y Pastrana en un juicio contra coronel retirado acusado por 75 falsos positivos?
En medio de la reflexión sobre la responsabilidad del Estado también por la omisión para investigar y sancionar estos casos cuando fueron denunciados, el abogado Javier Villegas Posada, representante de las familias de 26 de las 35 víctimas, reiteró que aún hoy 17 de ellas siguen esperando hace más de seis años que se cumplan las sentencias de reparación que ordenaron indemnizaciones estatales.
Velásquez dijo que están en trámite, pero para Villegas esa reparación debió llegar incluso antes del acto de perdón y anotó que ya han presentado ocho denuncias que reúnen más de quince de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Porque consideramos que la no reparación integral revictimiza y la tardanza en efectuar estos pagos viola derechos fundamentales. Además, hay un elemento de impunidad sustancial que nos anima a seguir insistiendo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo.
Las propias víctimas también consideran que estos eventos, aunque importantes, de sanación y reivindicación para ellas, son “pañitos de agua tibia” en comparación con el daño causado. Algunas afirman que en efecto acudieron para reconciliarse con el Ejército, con el Estado, pero otras manifiestan que no será posible que perdonen nunca que les hayan arrebatado así a sus seres queridos y hayan destrozado sus familias.
Los nombres de las 35 víctimas por las que el Estado colombiano les pidió perdón son Gustavo Adolfo Cardona Alzate, Darwin Andrés Sánchez García, Carlos Mario Llano Sánchez, Salvador Valle Posada, Omar de Jesús Gutiérrez Arboleda, Édgar Isidro Salazar Ceballos, Jhon David Posada Giraldo, Juan David Echeverry Molina, Jesús Hernando Galvis Álzate, César Raúl Cano Zambrano, James Cardona Muñoz, Jhon Fredy Arias Mejía, José Miguel Londoño Ramírez, Erick Alberto Osorio Martínez, Ovidio Jiménez Guzmán, Andrés Fonnegra Rodríguez, José Dubán Espinosa, Luis Andrés Zapata, Juan Martín Tabares Rueda, Gonzalo Correa Roldán, Walter Jony Henao Salazar, Jaime Daniel Oquendo Higuita, Juber Barrera Pino, Javier Alfonso Sepúlveda Barrera, Wilson Darío Murillo Gaviria, Jesús Antonio Flórez Vinasco, Alfonso De Jesús Bedoya Londoño, José Darío Hurtado Ocampo, Uriel Vásquez Meneses, Gabriel Andrés González Marulanda, Gustavo Alberto Tejada Marulanda, Gener Alberto Álvarez Guerra, Jhoan Esteban Rúa Torres, Carlos Alberto Sepúlveda Sepúlveda y Sergio Yelen Rojas Cárdenas.
