La Alcaldía de Medellín sigue en la cruzada por recuperar espacio público, lo cual implica, en buena medida, el desmonte y demolición de construcciones construidas mediante infracciones urbanísticas.
El último operativo lo adelantaron esta semana varias dependencias en el barrio Doce de Octubre. Allí la maquinaria hizo lo suyo para demoler y desmantelar una tienda (un caspete), así como un taller de motos, una miscelánea y hasta un parqueadero que habían sido construidos de manera irregular en espacio público, invadiendo un parque infantil.
Según el subsecretario operativo de la Alcaldía, Pablo Ruiz, la demolición se llevó a cabo dando cumplimiento a una orden judicial que se materializó luego de adelantar audiencias en febrero y junio pasado, cuando les notificaron a los ocupantes sobre la necesidad de desalojar voluntariamente esta zona, medida que también, según el funcionario, fue motivada por múltiples quejas por parte de la comunidad a lo largo de varios años.
Sin embargo, cumplido el plazo para que realizaran el desalojo voluntario, los ocupantes se mantuvieron en el lugar y fue necesario adelantar la intervención entre la Secretaría de Seguridad, la Policía, subsecretaría de Espacio Público y Gestión y Control Territorial, además de la Personería que acudió al lugar para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ocupantes.
Este es el octavo operativo de demolición que adelanta la Alcaldía este año contra construcciones levantadas en espacio público en la ciudad. Los otros fueron realizados en El Poblado, Altavista, San Antonio de Prado y Aranjuez.
Dichos operativos no han estado exentos de polémica. El pasado 24 de septiembre, por ejemplo, la alcaldía llegó con maquinaria pesada a tumbar una casa en Aranjuez, concretamente en el rompoy de la Madre Laura. Esta edificación, según aseguró el secretario de Seguridad Manuel Villa, se terminó de levantar finales del año 2020, pese a que había sido sometida a inspecciones previas que derivaron en órdenes para que no se continuara. No obstante, aseguró el funcionario, los responsables de la obra no acataron la prohibición de continuar con la construcción, por lo cual en 2021 se emitió la orden de demolición, que apenas se ejecutó la semana pasada.
Pero a pesar de que la alcaldía ha aclarado que se tratan de procedimientos legítimos porque existe una flagrante ocupación del espacio público y violaciones a las normas urbanísticas, el otro lado de la moneda de estas intervenciones han expuesto dolorosos dramas familiares. La casa que tumbó la Alcaldía en Aranjuez la construyó Viviana Rodríguez, quien narró a EL COLOMBIANO contó que en las semanas previas al operativo había tratado de llegar a un acuerdo mediante diversas diligencias para evitar este desenlace sobre la vivienda que construyó en un predio que aseguró haber comprado a otra mujer, el 30 de agosto de 2018, pero que después de pagar no pudo registrarlo por requisitos sobre los que no comprendía mucho en su momento.
“El predio lo compré con una construcción hecha en madera, en 2018, yo no lo invadí ni lo tomé sin permiso. Ese predio había tenido como otros tres poseedores anteriores. Yo empecé a clavar una cosita, a barrer acá, a poner allí, yo estaba segura de que todo estaba en regla, pero el 23 de marzo del 2019 me hicieron una demolición del rancho. Ahí empieza mi batalla, es que yo lo compré”, narró la mujer, quien es reconocida en la zona por su solidaridad: albergaba algunas mascotas sin hogar, que fueron puestas bajo cuidado de la administración, y les daba comida o ropa a personas de bajos recursos económicos.
Ahora Viviana lleva más de una semana viviendo bajo unos plásticos, sobre la acera que queda detrás de lo que fue su casa. Al frente de donde instaló la precaria carpa con palos y los poquitos enseres que recuperó, están los escombros que dejó el operativo del Distrito. La mujer señala no tener a donde ir, y pidió a la Alcaldía que le facilite alguna solución.
Precisamente, algunos críticos de estos procedimientos como el concejal José Luis Marín, advirtieron que si bien son necesarios para hacer cumplir la normativa y recuperar espacio público, el Distrito está en la obligación de ofrecer algún tipo de solución, al menos temporal, a las personas afectadas, pues en su mayoría, tal como la historia que narró Viviana, son personas del común que en la búsqueda de un techo terminaron estafadas por personas inescrupulosas, una práctica diseminada en todos los barrios populares de la ciudad.
