Un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno Nacional a raíz de las deudas que el Ministerio de Minas y Energía acumula con el Grupo EPM por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos.
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La decisión fue tomada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado 4 de marzo, en un fallo en el que se precisó que dicha medida cautelar se limita a una suma de $83.309 millones, por cuenta de una deuda que se acumula con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), una de las empresas del Grupo EPM.
En la decisión aparece reseñado que la deuda en cuestión asciende por lo menos a los $46.912 millones, desagregados en $41.654 millones “por concepto de saldos insolutos derivados de obligaciones reconocidas en las resoluciones 00472, 00702, 01251 y 01961” y otros $5.258 millones por concepto “de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida” asociados a la primera cifra.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dio a conocer el auto este lunes, señaló que el mismo se produjo luego de que EPM tuviera que irse a las vías judiciales ante la falta de respuestas de la Nación por el no pago de esos subsidios.
“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, expresó el alcalde.
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El mandatario distrital añadió que, pese a que el primer embargo en cuestión se asocia a la deuda la Nación con CENS, también hay en curso demandas presentadas por Afinia y más filiales del Grupo EPM que están a la espera del pago de los subsidios.
En enero pasado, los datos entregados por Gutiérrez daban cuenta de un faltante para todo el Grupo de EPM de $1,25 billones con corte al 31 de diciembre de 2024.
Para esa última fecha, la casa matriz tenía un faltante por subsidios de $227.000 millones, Chec (filial en Caldas y Risaralda) uno de $62.000 millones; Cens (Norte de Santander) uno de $148.000 millones; Edeq (Quindío) uno de $15.000 millones; Essa (Santander) uno de $117.000 millones; y Afinia (Caribe), uno de $695.000 millones.
Además de los subsidios de energía, Gutiérrez señaló que el Distrito también acudió a las vías judiciales para que el Ministerio de Hacienda responda por los aportes que ya fueron aprobados y no han sido girados para las obras del metro ligero de la 80, que para 2024 debían ser de $483.135 millones.
De igual forma, Medellín también demandó el decreto del presupuesto en el que se aplazó el pago de $497.630 para la vigencia 2025.
Este hueco financiero, tal como lo advirtió el gerente del Metro, Tomás Elejalde Escobar, ha generado especial consternación en esa entidad, dado que el pasado 16 de enero ya se firmó el acta de inicio de la etapa constructiva de la megaobra, que hasta ahora ha logrado seguir andando gracias a los recursos girados por el Distrito de Medellín.
“Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia, le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”, añadió Gutiérrez.
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