Los testimonios del hoy exsecretario de Educación, Juan David Agudelo, de un profesional y de un técnico fueron estudiados por la Procuraduría en la investigación disciplinaria contra la exsecretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo, pero fue el de un abogado de la Secretaría el que mayor relevancia cobró para el ente de control en el fallo de primera instancia, conocido el pasado miércoles, que la destituye e inhabilita por ocho años para ejercer cualquier cargo público.
Esto, por presuntas irregularidades en el proceso contractual 4600085185 de 2020, suscrito para la atención integral a la primera infancia y a mujeres gestantes y lactantes, en la modalidad Entorno Familiar de Buen Comienzo.
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Agudelo fue la secretaria de Educación del exalcalde Daniel Quintero desde el inicio del gobierno hasta el 21 de febrero pasado, cuando renunció para evadir una medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, impuesta tras la imputación que le hizo la Fiscalía por presunta corrupción en el mismo contrato de Buen Comienzo y en otro de alimentación escolar, ambos adjudicados a la corporación Colombia Avanza.
Ahora, tras el fallo de la Procuraduría, la exfuncionaria puede apelar el cargo que le formularon por, presuntamente, no observar el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en dicho proceso de contratación.
Para el ente de control, Agudelo habría permitido la selección directa para contratar por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión a Colombia Avanza, cuando las actividades incluidas en el contrato no corresponden a esta modalidad, lo que implicaba una licitación pública, con varios oferentes, para elegir la propuesta más conveniente para la Alcaldía.
El Ministerio Público considera que no podría ser prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión porque incluía entregar paquetes, bonos y complementos alimentarios; contratar personal y logística para eventos, con sonido, tarima, carpas, silletería, mesas y medios audiovisuales; y tener transporte y bodega.
Este tema ya se tocó en la investigación de la Fiscalía: se dijo que la Alcaldía le habría prestado a Colombia Avanza, sin contraprestación alguna, una bodega para que pudiera cumplir el contrato. Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de la corporación, también fue imputado en ese proceso.
El testimonio estrella
Tras evaluar pruebas y testimonios, la Procuraduría declaró a Agudelo responsable disciplinariamente de una falta “calificada como gravísima cometida a título de culpa gravísima”, en tanto que habría estado enterada de todo el proceso precontractual con Colombia Avanza, pues pertenecía al comité interno de planeación de la Secretaría, que definía temas como la modalidad de contratación.
La defensa ha dicho que la exsecretaria no iba a todas las reuniones del comité y que había personal con rol jurídico para lo concerniente con el proceso precontractual.
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Tal vez el testimonio estrella de la Procuraduría para proferir el fallo de inhabilidad es el del abogado Pedro Pablo Peláez González, quien tuvo el mencionado rol jurídico en otro comité, el de evaluación y estructuración, que realiza y documenta estudios previos y adelanta la etapa de selección.
El abogado dijo que Agudelo participó en la etapa precontractual porque integraba el comité interno de planeación, que aprobaba “cada uno de los componentes relacionados en el estudio previo, entre ellos, el componente jurídico que hacía referencia a la modalidad de selección escogida para contratar”.
Aseguró que el comité de planeación podía modificar, entre otros aspectos, la modalidad de contratación, pero que nunca hizo objeciones: “Con el visto bueno de dicho comité, se procedió con la celebración y suscripción del contrato”.
Aunque la defensa se quejó de que esta declaración se rindió sin su presencia, para poder interrogar y contrainterrogar, el ente de control consideró que el testimonio “guarda armonía y coherencia con las demás pruebas incorporadas a la actuación”, motivo por el cual le dio “credibilidad plena”.
Otro testimonio es el de Juan David Agudelo, reemplazo de la exfuncionaria tras su renuncia en febrero pasado, pero que en ese entonces era subsecretario. Manifestó que el estudio previo del proceso contractual les corresponde a los equipos técnicos, en los comités de estructuración.
“Ellos desarrollan todos los estudios que luego son presentados en primera instancia a los comités de planeación interna de cada una de las secretarías o de quien tenga ordenación del gasto”, dijo, y agregó que posteriormente “se lleva al Comité Estratégico de Suministros y Servicios, que es la Secretaría”.
Por su lado, el profesional José Ricardo Martínez Cuartas indicó, en síntesis, que el comité de estructuración y contratación revisó el proceso precontractual y lo ingresó al comité interno de planeación al que pertenecía la exsecretaria.
El técnico Elkin Osvaldo Tapias Sánchez sostuvo que no conoció el proceso contractual investigado y que “no recordaba la asistencia de la secretaria de Educación en la reunión del comité, pero sí la del subsecretario, el doctor Juan David”.
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La defensa argumentó fallas en el proceso y dijo que no permitió reconstruir la verdad de los hechos, pero la Procuraduría refutó que se siguió el debido proceso; se practicaron las pruebas aportadas y solicitadas por la defensa, con debida comunicación al investigado; y se incorporaron a tiempo al expediente.
“Se le dio oportunidad de interponer recursos contra las decisiones proferidas, se le garantizó el derecho a presentar descargos y alegatos en la etapa procesal respectiva, los cuales han sido estudiados y atendidos por esta Delegada. Igualmente, se le garantizó derecho a rendir versión libre de los hechos objeto de investigación, no obstante, no dispuso del mismo”, dice el fallo.
El Ministerio Público concluyó que las pruebas fueron “debidamente recaudadas e incorporadas al expediente” para formular cargos, porque encontraron “objetivamente demostrada la falta y en el plenario obran pruebas que comprometen la responsabilidad de la investigada”. Queda esperar qué dirá la segunda instancia y cómo avanza el proceso de Fiscalía, en el que para mañana se citó a audiencia de acusación.
Algunas fechas relevantes dentro del proceso
2 de marzo de 2020: la exsecretaria extendió y suscribió el documento con el que verificó la idoneidad y experiencia de Colombia Avanza para el contrato.
3 de marzo de 2020: la exfuncionaria celebró y suscribió el contrato con la corporación para prestar los servicios en Buen Comienzo.
13 de octubre de 2021: la vocera de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo, presentó la queja en la Procuraduría por dicho contrato.
21 de enero de 2022: la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ordenó abrir indagación preliminar por este contrato.
28 de abril de 2023: la Dirección Nacional de investigaciones Especiales formuló cargo único contra Martha Alexandra Agudelo por las presuntas irregularidades.
31 de octubre de 2023: la Procuraduría falló en primera instancia contra Agudelo, con una sanción de destitución e inhabilidad de ocho años para ejercer cargos públicos. Puede apelar.
