Un millonario convenio firmado con el Gobierno Nacional que compromete recursos por más de $30.000 millones se convirtió en una pesadilla para la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU).
Luego de interponer ante los órganos de control una denuncia, esa entidad está buscando zafarse de un problemático proyecto que quedó amarrado desde el gobierno pasado y que la tiene en riesgo de responder por más de $5.000 millones, justo en una de las peores crisis financieras de su historia.
La nueva gerencia de la entidad no se explica cómo en el cuatrienio anterior terminó embarcada en un contrato en la que comprometió recursos propios para hacer obras por fuera de Medellín y en las que habría ocurrido graves falencias de vigilancia.
El comienzo de esta historia se remonta al 12 de noviembre de 2021, cuando la EDU y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) firmaron un convenio interadministrativo que tenía como objeto “realizar la gerencia integral” a varios proyectos de infraestructura vial como parte de un proyecto de “superación de la pobreza”, “generación de espacios para la reintegración” y la “reactivación económica”.
Según se lee en el contrato, dicha “gerencia integral” incluía tareas que iban desde administrar los recursos que aportaría el DPS para las obras, escoger a contratistas que diseñaran las mismas hasta llevarlas a “una fase alta de maduración”, “la posterior ejecución”, y vigilar que los recursos se estaban invirtiendo bien. Además de las obras viales, también se contemplaron mejoramientos de vivienda.
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Este contrato, firmado por parte de la EDU por el entonces gerente Wilder Echavarría Arango, fue pactado por una cuantía inicial de $59.140 millones y un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de julio de 2022 (con varios otrosíes, el plazo se amplió y el monto se redujo a $30.123 millones).
Cabe recordar que Echavarría Arango luego pasaría a la posteridad por ser uno de los artífices de los cambios en el manual de contratación de la entidad que elevó de 500 a 10.000 salarios mínimos los topes para hacer contratos directos y permitió que el 80% de los contratos firmados entre julio de 2021 y diciembre de 2023 se hicieran sin pasar por licitaciones públicas.
Pese a que por su misión de la EDU está llamada a enfocarse en tareas como ser operador urbano de Medellín, el área de influencia de dicho contrato con el DPS la embarcó en obras en una lista de municipios integrada por Sesquilé en Cundinamarca y los antioqueños Andes, Arboletes, Caracolí, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Rafael, Tiriribí, Alejandría, Chigorodó, Liborina y Sopetrán.
Para las obras, la EDU se comprometió además a aportar una contrapartida de recursos propios por $800 millones.
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Aunque por más de tres años los líos del contrato se mantuvieron a puerta cerrada, fue en medio del proceso de saneamiento administrativo que se viene adelantando en la EDU que el chicharrón salió a flote. Dentro de las presuntas irregularidades más gruesas que se han encontrado y que fueron denunciadas por la EDU a los órganos de control una de las más sensibles consiste en que en el desarrollo de los trabajos los constructores habrían incurrido en obras extras, presuntamente sin que se hubieran ejercido los debidos controles, por cerca de $2.600 millones.
Aunque para suplir esos desfases fue que la entidad precisamente se había comprometido con la contrapartida, la nueva gerencia del ente sostiene que se topó con que la misma no contaba siquiera con certificados de disponibilidad presupuestal, dejando en el aire quien asumirá estos costos adicionales. Para acabar de ajustar, por cuenta de otros problemas, la entidad también enfrenta por lo menos cinco reclamaciones por parte de los contratistas de la obra, que suman más de $2.900 millones y que ya están incluso en etapa de conciliación prejudicial en la Procuraduría, un monto que la entidad dice tampoco tener de donde sacar.
Revisando con lupa la fecha de la firma del contrato, otra presunta irregularidad que podría arrastrar el mismo fue que este se suscribió en el Secop II el 30 de noviembre de 2021, lo que dejaría sobre la mesa una posible transgresión de la Ley de Garantías. En medio de este panorama, al que también se suma un lío con un desembolso pendiente por parte del DPS por $4.811 millones que no ha sido aprobado por cuenta de los líos del contrato, el dolor de cabeza para ambas entidades es que el mismo no se ha podido liquidar y no se sabe de dónde van a salir los recursos para cubrir los huecos que quedaron.
