Aprovechando una ventana que se abrió por cerca de dos años y medio, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) entregó ocho de cada diez contratos sin sin pasar por una licitación pública en el gobierno pasado.
De un total de 316 procesos contractuales adelantados entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín que tiene como misión velar por la renovación y los procesos urbanos en la ciudad adjudicó 251 contratos de forma directa.
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De ese consolidado, casi una quinta parte, es decir el 19%, fueron entregados con el modelo de invitación privada y solamente un reducido 1%, equivalentes a 5 contratos, se hicieron por invitación abierta.
Este balance fue revelado en días recientes por la nueva gerencia de la entidad, que desde el pasado 1 de enero, tras el cambio de gobierno, activó un plan de choque para revertir una compleja conjunción de problemas heredados del cuatrienio pasado, que incluyen desde contratos que desangraron sus finanzas, funcionarios atornillados en sus cargos y múltiples denuncias de presunta corrupción.
En medio de esa cruzada, la EDU volcó sus esfuerzos a tumbar una manual de contratación modificado en 2021, logrando este mes no solo sepultar ese documento sino presentar uno nuevo, que empezará a ser aplicado con la promesa de no repetir los errores del pasado y recuperar los principios de contratación pública.
“El nuevo manual de contratación acoge los principios constitucionales como moralidad, transparencia, economía, publicidad. Estos fueron los principales hechos que nos trazamos luego de las irregularidades y presuntos hechos de corrupción que nos encontramos en los procesos de selección de contratistas de obra e interventores”, expresó la gerente de la EDU, Luz Ángela González.
Una feria de contratos
Las primeras alertas por cuenta de los cambios en el manual de contratación aparecieron en el segundo semestre de 2021, luego de que en agosto de ese año la junta directiva de la entidad modificara discretamente varios artículos que regulaban asuntos sensibles.
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Uno de los más importantes consistió en aquel que reglaba los topes para la firma de contratos bajo el modelo de invitación privada, inicialmente tasados en 500 salarios mínimos y elevados luego a 10.000 salarios mínimos.
En cifras de ese año, ese incremento se tradujo en un cambio de los $454 millones a los cerca de $9.085 millones; es decir, 1.900% más.
En una operación que despertó alertas entre veedurías ciudadanas, la EDU incorporó rápidamente esas modificaciones y empezó a entregar cuantiosas obras sin abrir procesos de licitación pública.
Aunque la lista es larga, una de las obras más recordadas fue la ampliación de Carabobo Norte, que pocas semanas después fue lanzada mediante invitación privada por un valor de $8.938 millones, bordeando el límite recientemente ampliado.
Con el paso de los años, esa intervención vial terminó costando más de $43.768 millones, que fueron cubiertos por cuenta de varias adiciones contractuales, dando cuenta de una presunta maniobra para hacerles el quite a los principios de contratación pública.
Un panorama similar ocurrió con las obras para mitigar la crisis de infraestructura en los colegios de Medellín, que se agudizó tras el fin de los confinamientos por la pandemia, en la que la EDU también empezó a entregar a gran velocidad múltiples obras bajo la modalidad directa.
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Tras el empalme, la EDU denunció haber recibido por lo menos un 77% de esos contratos con retrasos en su cronograma y detectó que tanto los contratos de obra como los de interventoría se habían concentrado en un pequeño puñado de empresas y consorcios que compartían representantes legales.
A manera de agravante, muchos de esos contratos directos carecían de cláusulas penales, herramientas legales indispensable a la hora de iniciar reclamaciones ante incumplimientos.
Aunque durante el cuatrienio pasado la entidad negó reiteradamente que las denuncias de irregularidades fueran ciertas y argumentaba que todas esas movidas contractuales estaban amparadas en su manual, recientemente los órganos de control empezaron a abrir investigaciones buscando esclarecer lo ocurrido con dichas compras.
Es el caso del contrato de ampliación de Carabobo Norte, por ejemplo, que en julio pasado motivó a la Personería de Medellín a abrir una investigación disciplinaria enfocada en tres gerentes, un subgerente de proyectos y dos supervisores de la EDU.
“Durante el trámite de la investigación se les garantizará a los servidores públicos el derecho de defensa y el debido proceso. Una vez culminada la etapa de investigación, el personero delegado que instruye el proceso con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión de archivar o formular pliego de cargos”, expresó entonces ese ente local del Ministerio Público en un comunicado, insistiendo también en ver irregular la forma en cómo contratos entregados de forma directa luego habían incrementado ostensiblemente su cuantía a través de adiciones.
En su presentación del nuevo manual de contratación, la gerente González informó que la primera medida fue la de reducir precisamente los topes para la realización de contratos a través del modelo de invitación abreviada, que estaban en $13.000 millones y ahora quedaron en $3.900 millones.
De igual forma, las antiguas órdenes de compra realizadas de forma directa, hoy denominadas como contrataciones menores, pasaron de un tope de $1.300 millones a solo $130 millones, buscando que en el futuro no se abuse de esa modalidad. En el caso de las contrataciones por invitación directa, estableció que siempre que superen los $3.900 millones tendrá que adelantarse un proceso plural.
Luego de ser aprobada por la junta directiva de la EDU en una sesión del pasado 30 de junio, la empresa informó que la nueva versión del manual de contratación entró en vigor desde el pasado 23 de agosto, fecha en la que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Alcaldía de Medellín.
