Un lote que no sería apto para su construcción, la capacidad e idoneidad de las firmas interesadas en el desarrollo y administración de un complejo único en su tipo en el país, además de la lista de críticas que tiene la comunidad vecina hacen parte de las dudas que arrastra la cárcel de sindicados del corregimiento de San Cristóbal, luego de la aprobación de las vigencias futuras que le dio luz verde al polémico proyecto.
Desde el 16 de marzo, cuando 11 concejales aprobaron las vigencias futuras para la construcción del polémico proyecto de infraestructura, la suerte de las 30 hectáreas –en las que confluyen varias especies de aves y animales, y en donde hay varios humedales, huertas comunitarias y nacimientos de agua– tiene la suerte echada.
De hecho, la Agencia para las Alianzas Público Privadas de Medellín (APP) señaló que aún ante las quejas de la comunidad por la construcción de la penitenciaría, la estructuración del proyecto fue desarrollada hace ocho años con base en el predio, “por lo tanto, no es posible la modificación de la ubicación en esta etapa”, indicó su director Rodrigo Foronda, agregando que el paso a seguir para la construcción de la cárcel es finalizar el proceso de selección de la licitación pública del concesionario que hará el proyecto.
“Una vez se cuente con la certificación de disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda, la construcción se haría con recursos del inversionista privado, es decir el concesionario”, agregó el directivo.
Foronda señaló que se prevé que las obras de la cárcel inicien un año después de la adjudicación de la concesión bajo el mecanismo de alianzas público privadas. Según documentos públicos consultados en el Secop, el cronograma arranca este viernes con la apertura de la licitación y se espera que se adjudique en junio.
Según la Agencia, la fase III de diseños a detalle, los permisos ambientales y demás licencias necesarias para construir la penitenciaría serán realizadas, adquiridas y estimadas por el concesionario durante la fase preconstructiva del proceso.
Dudas de la licitación
Aún así, las palabras del director Foronda dejaron dudas entre algunos ciudadanos, sobre todo en el hecho de que es un privado el que por primera vez cargará con la responsabilidad del proyecto carcelario y con su operación.
Una de esas personas es la concejal Leticia Orrego, quien desde la corporación ha mostrado su reticencia en la forma en la que se ha buscado que se aprueben las vigencias futuras por $675.000 millones de hoy.
“Están corriendo para adjudicar el contrato, a ver quien lo va a hacer, pero hasta ahora no conocemos siquiera el nombre de un solo privado interesado en medírsele a las obras. Eso para mí es gravísimo”.
Orrego llamó la atención también sobre la falta de elementos que consideró básicos para dar luz verde al proyecto como la licencia ambiental. “Puede que ni siquiera la den ¿Y qué pasa si no la dan? ¿Qué pasaría con los recursos? Porque no se podría dar el visto bueno para que se construya la cárcel sin ella”, añadió.
La corporada sospecha que tras “la maratón” para la construcción de la cárcel haya otros intereses. Sus suspicacias se basan en que, por ejemplo, pese a que la cárcel es responsabilidad de toda el área metropolitana, Medellín es el único municipio que decidió meterle mano al asunto.
“Además resulta que había plazo para cumplir el primer requerimiento del juez hasta marzo de 2024. Yo le pedí a mis compañeros que discutiéramos el tema en sesiones ordinarias. ¿Por qué la premura en la recta final de esta alcaldía si tuvimos tres años? ¿Qué quiere la administración con ello? Porque, ojalá me equivoque, pero es evidente que están buscando adjudicarlo antes de que termine esta administración”, apuntó.
Saldar deudas antes de construir
Y aunque parece que la decisión no tiene reversa, las comunidades de San Cristóbal y Nuevo Occidente no se rinden en su empeño para que el proyecto no se conjure allí y por eso han anunciado que darán la pelea hasta el final a través de acciones populares, pues sienten que son muchas deudas que las alcaldías –presente y pasadas– tienen con el territorio para que ahora les avienten lo que ellos definen como otro problema que los dejaría más emproblemados.
En diálogo con EL COLOMBIANO, varios líderes de la zona se quejaron por los múltiples problemas que traería la cárcel, que será construida literalmente al frente del colegio El Tirol, y a solo un kilómetro de un complejo de apartamentos, así como de unas fincas de recreo y del complejo carcelario de El Pedregal.
Además, los residentes indicaron que este sería el cuarto centro penitenciario en el Occidente de Medellín, teniendo en cuenta que en Pedregal están la cárcel de hombres y la de mujeres, y el centro juvenil La Pola está en sus inmediaciones, lo que ha causado que la zona no solo sufra un estigma sino que con la nueva cárcel se aumentarían los problemas de seguridad que los agobian desde hace 12 años.
Según comentaron los voceros de la comunidad, San Cristóbal tiene problemas en sus vías principales y veredales, en el suministro de servicios públicos (llevan 8 cortes de agua prolongados en lo que va de 2023) y en las ofertas educativas para los niños y jóvenes, como para que ahora les pongan una nueva penitenciaría sin que les hayan arreglado los problemas antes.
“Aunque no estamos en contra de ellos, en la Alpujarra parece que prefieren darle una solución más rápida a los sindicados que cometieron un delito que a nosotros los campesinos que surtimos de alimentos a la ciudad”, apuntó un líder social .
