En una feria de exposiciones en Medellín en la que fue contratada para servicios de logística, a Isabella Acosta la abordó una mujer. Figura esbelta, serena, con porte de aquellas señoras que en sus años más mozos aparecían en campañas de televisión o revistas de moda. Se acercó con un interés que nada tenía que ver con el evento al que Acosta, una joven de 20 años, estudiante universitaria, había asistido. Buscaba a una chica como ella, de su mismo prototipo, de las que se roban las miradas en Provenza o aparecen en videos de reguetoneros paisas, para hacerle una propuesta. Indagó un poco sobre su vida y le planteó la oferta: ayudar a una familia a concebir un hijo. Un “pago” de cuatro millones a cambio de donar óvulos. ¿Los requisitos? Ser mayor de edad, no tener más de 29 años, una buena condición de salud y estilo de vida sano.
La propuesta no se presentó como un negocio, por supuesto, porque eso está prohibido por la legislación colombiana, sino como un intercambio de favores, uno en el que ambas partes se beneficiaría: la familia cumpliría el sueño de sumar un nuevo integrante y la joven recibiría una buena suma de dinero de someterse a un procedimiento sencillo, sin mayores riesgos. La oferta le pareció atractiva a Isabella, pero en segundos una oleada de dudas se coló en su mente. Desconfió de repente. “¿Es seguro? ¿Podré tener hijos? ¿Es riesgoso? ¿Duele?”, pensó, mientras la mujer que la abordó seguía hablando y le ofrecía ampliarle la información y responder sus preguntas en una próxima conversación, a través de WhatsApp.
Días después, un mensaje sobre la propuesta —que le parecía como renunciar a alguna parte de su cuerpo— llegó a su celular. Isabella decidió preguntar por curiosidad. Le pidieron llenar un formulario, enviar fotografías de su rostro, le dijeron que una clínica se contactaría con ella; sin embargo, el miedo la inundó y decidió no continuar.
La mujer que puso la oferta sobre la mesa se había presentado en nombre de una clínica de salud reproductiva, gestión subrogada y reproducción asistida con servicios en Colombia y Argentina. En su página web, según consultó EL COLOMBIANO, esa clínica se anuncia como especialista, desde hace más de 10 años, en tratamientos de fertilidad para familias heterosexuales, homoparentales y monoparentales. Lo curioso es que sus sedes están en Bogotá y Colombia, pero no en Medellín. Además, el centro médico no aparece registrado en la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción (ACCER).
En el país, la donación de óvulos, también llamada ovodonación, no está regulada por una ley específica, pero se encuentra enmarcada en la Ley 73 de 1988, que regula la donación y trasplante de órganos. La Ley 919 de 2004 prohíbe explícitamente la comercialización de componentes humanos, incluyendo gametos como los óvulos. La norma es clara: La donación de componentes anatómicos; órganos, tejidos y fluidos corporales deberá hacerse siempre por razones humanitarias. Se prohíbe, además, cualquier forma de compensación, pago en dinero o en especie por los componentes anatómicos.
Según esa normatividad, quien done o suministre un órgano, tejido o fluido corporal deberá hacerlo a título gratuito, sin recibir ningún tipo de remuneración por el componente anatómico. Ni el beneficiario del componente, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrá pagar por el mismo, o recibir algún tipo de compensación.
Lo único que se permite de acuerdo con la legislación es que las instituciones que funcionen con la debida autorización como bancos de tejido y de médula ósea y las instituciones prestadoras de servicios de salud con programas de trasplantes habilitados, podrán cobrar los costos ocasionados por la hospitalización del donante vivo, el cuidado médico del mismo, el diagnóstico, la extracción, la preservación, las pruebas o exámenes requeridos previamente para la donación o el suministro, el transporte, el valor de las pruebas inmunológicas y de histocompatibilidad indispensables para la realización del trasplante, el valor del trasplante, gastos de hospitalización, cirugía y cuidado médico postoperatorio del paciente trasplantado y del donante, el suministro de medicamentos y los controles subsiguientes a dicho procedimiento.
Además, de acuerdo con Profamilia Fertilidad, la principal organización de salud sexual y reproductiva del país afiliada a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida – RED LARA y a ACCER, la donación tanto de óvulos como de semen es un acto voluntario, altruista y anónimo mediante el cual, un hombre o una mujer, sanos, respaldados por el derecho a decidir sobre su cuerpo, ceden parte de sus gametos (óvulos y espermatozoides), para contribuir a que mujeres o parejas logren el sueño de tener un hijo, ya que, por edad, cirugía u otras patologías no tienen óvulos o espermatozoides, o su calidad no les permite conseguir un embarazo usando sus propias células. En resumen, convertirse en donante “es sobre todo un acto de solidaridad”, según señala la entidad.
Según expertos contactados por EL COLOMBIANO, ofrecimientos de dinero banalizan este procedimiento que, además de ayudar a una familia a tener hijos, también tiene valiosas ventajas para las donantes en la detección de enfermedades ginecológicas.
Juan Luis Giraldo Moreno, médico ginecólogo graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en reproducción humana de la Universidad de Yale, le explicó a EL COLOMBIANO que este programa “es supremamente activo, ya que muchas mujeres necesitan y tiene un fin muy loable cuando se maneja de manera adecuada”.
Clínicas como el Instituto de Fertilidad Humana (Inser) —donde Giraldo se desempeña como director del departamento internacional de la clínica— manejan aproximadamente 2.000 casos anuales de fertilización in vitro, de los cuales un 20% incluyen la donación de óvulos. El centro médico, con sedes en Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Pereira y Medellín, indica que la demanda de donación de óvulos en la capital antioqueña ha aumentado “significativamente” y es una de las “opciones más buscadas” para recurrir a este procedimiento.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación periodística, EL COLOMBIANO identificó que en el sitio web de Inser, la única clínica ubicada en Medellín de los 16 centros asociados a la Red Lara en Colombia, tenía en su información disponible sobre la donación de óvulos el alarmante término de “venta”, un uso que contradice la legislación colombiana que prohíbe explícitamente la comercialización de componentes anatómicos humanos.
“Aquellos que buscan opciones para vender óvulos en Medellín también encuentran una gran cantidad de información y asesoramiento en clínicas especializadas que ofrecen este tipo de servicios”, señalaba el apartado que fue removido de la página de Inser tras los cuestionamientos de este diario al doctor Juan Luis Giraldo Moreno sobre la forma en que la clínica promovía su programa de donación de óvulos.
Giraldo, director del departamento internacional del grupo Inser Colombia, reafirmó que cualquier compensación económica otorgada a las donantes debe limitarse a cubrir los costos asociados con su participación en el procedimiento, como el transporte o el tiempo dedicado al proceso, sin considerarse como una transacción económica de los óvulos, línea que se vuelve difusa a falta de los entes reguladores que le pongan la lupa a los centros médicos de fertilidad.
El proceso de reclutamiento de las jóvenes como Isabella inicia con un mensaje que incluía instrucciones específicas: llenar un formulario con datos personales, adjuntar una fotografía de rostro (donde los atributos como ojos o cabello claro, que según la intermediaria “llaman la atención “, sean especialmente visibles) y mencionar el nombre de la persona que las refirió. Posteriormente, son contactadas desde Bogotá, donde se corrobora su apariencia mediante una videollamada.
De acuerdo con uno de los audios revisados por este medio, se enfatiza en enviar un mensaje, que permanece anónimo, a las familias receptoras explicando que la decisión de donar se fundamenta supuestamente en el deseo de ayudarlas a cumplir su sueño de ser madres, instruyendo a las jóvenes no mencionar la compensación económica, cuando fue el motivo por el cual fueron contactadas.
Según Julieth Rincones Campo, abogada experta en responsabilidad médica, especialista en Derecho Médico y Derecho Procesal, recuerda que “quien trafique, compre, venda o comercialice componentes anatómicos humanos incluidas las muestras biológicas humanas e información asociada, incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años de prisión”.
Por lo tanto, Rincones enfatiza que la donación de óvulos “no puede darse bajo la idea de recibir algún tipo de contraprestación económica ni por el donante, receptor ni otra persona natural o jurídica relacionada, ya que cualquier remuneración sería considerada como una venta”.
Sin embargo, el esfuerzo que requiere el procedimiento es compensado económicamente por las clínicas por el tiempo invertido, aunque ambos expertos coinciden que los montos no deben considerarse como pago por los óvulos.
La especialista en Derecho Médico y Derecho Procesal consideró que “las IPS podrán argumentar que ellos no realizan ningún tipo de transacción económica con los pacientes o que desconocen aquellos terceros que utilizan su nombre para reclutar algunas jóvenes para tales fines, por ello, esto es algo que debe estar bajo la lupa de los entes de control, pues este tipo de prácticas podría generar graves problemas de salud pública, abrir las puertas a redes de tráfico que inducen o coaccionan a las personas a someterse a un proceso invasivo como lo es la donación de óvulos a cambio de dinero en vez de hacerlo de manera voluntaria y altruista, evitando que las personas sean explotadas por algún tipo de necesidad económica”.
Por su parte, Giraldo advirtió que “es una compensación que no llega a los $4 millones, creo que no llega ni a la mitad, que no es un dinero muy grande para todo el esfuerzo que tienen que hacer, entonces hay que tener cuidado con eso”.
Finalmente, el médico ginecólogo recomienda a las posibles donantes acudir únicamente a centros avalados por la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción (Accer). “Es la manera más segura de garantizar un proceso ético y transparente”, afirmó.
