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Diana Osorio tiene un contrato con una empresa de telecomunicaciones

La exgestora social trabajaba para una firma de telecomunicaciones a la vez que estaba en la Alcaldía. El hecho habría inhabilitado a Quintero para decidir sobre
Tigo-Une cuando era alcalde.

  • Diana Osorio, exgestora social de Medellín y esposa del exalcalde Daniel Quintero. Foto: EL COLOMBIANO
    Diana Osorio, exgestora social de Medellín y esposa del exalcalde Daniel Quintero. Foto: EL COLOMBIANO
08 de octubre de 2023
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un caso inédito dentro de la política local, en los últimos días se supo que Diana Osorio, esposa del exalcalde Daniel Quintero, tiene un contrato de asesoría con una empresa de telecomunicaciones desde el año pasado, esto mientras se despeñaba como gestora social y era vital en la toma de decisiones de la Alcaldía, y mientras Quintero tomaba decisiones en empresas del conglomerado público como EPM y Tigo.

Osorio ha estado vinculada hace por lo menos un año con una empresa multinacional que tiene grandes intereses en las telecomunicaciones del país. El descubrimiento lo hizo la abogada Gloria Jaramillo, quien con su avatar Tyche en la red social X se ha convertido en el principal dolor de cabeza de la administración Quintero, pues cada semana revela alguna situación anómala en la Alcaldía.

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En una investigación sobre el incremento patrimonial de la pareja que mandaba en La Alpujarra, Jaramillo pudo hallar en el Registro Público Único de Afiliados que Osorio aparecía vinculada a la seguridad social por medio de una empresa temporal desde junio de 2022.

Certificado de afiliación que demuestra que Osorio fue afiliadad en 2022 como empleada de ATP FOTO: Cortesía
Certificado de afiliación que demuestra que Osorio fue afiliadad en 2022 como empleada de ATP FOTO: Cortesía

“Esa vinculación laboral, según el registro público de ARL, viene desde el año pasado y es a través de la empresa Grupo Empresarial Project Service Ltda, de Bogotá. Ahí hay una primera irregularidad y es que Osorio lleva trabajando en una temporal más tiempo del que permite la ley”, le dijo Jaramillo a EL COLOMBIANO.

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Con esta pesquisa inicial, Jaramillo siguió indagando hasta encontrar en qué empresa fue asignada la gestora por la temporal para prestar sus servicios. Así se dio cuenta de que Osorio es una empleada tercerizada de la compañía Andean Tower Partners ATP. Aunque en el registro, según la abogada, curiosAmente aparece el nombre de la firma mal escrito, lo que le causa sospechas.

Andean Tower Partners en Colombia hace parte de Andean Tower Partners ATP, una empresa privada estadounidense dedicada a poseer, operar y administrar torres de telecomunicaciones y sitios de este tipo de infraestructura en el mundo y sobre todo en Colombia y América Latina. La compañía tiene sede en Boca Ratón, Florida y, además, en ella también tiene injerencia la empresa colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que participa con el 24,7%.

De hecho, a finales de diciembre de 2022 ATP hizo pública su intención de comprarle a Colombia Telecomunicaciones (Movistar) 71 torres de comunicaciones, así como de la cesión de los contratos de arrendamiento de estos espacios, según consta en documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aunque posiblemente las antenas que tenga ATP en el país sean más.

El hallazgo le encendió las alarmas a Jaramillo desde dos sentidos. El primero es que Osorio, quien estudió Finanzas y Relaciones Internacionales —y tiene una maestría en Posconflicto en Inglaterra— no ha hecho público su conocimiento del ramo de las telecomunicaciones, por lo que a su juicio su contratación con la multinacional podría justificarse únicamente en la información a la que como esposa del alcalde de Medellín, que tiene injerencia en Tigo-UNE, pudiera tener.

Y ahí es donde salta el otro punto, pues justamente el pasado 9 de agosto este diario públicó una nota en la que se indicó que la empresas de telecomunicaciones Tigo y Movistar quieren constituir dos empresas para administrar y gestionar la infraestructura de red de uso compartida en Colombia.

El asunto parece no tener conexión con Osorio, pero si se analiza se pueden hallar lazos. El primero es que muy difícilmente este negocio deje por fuera a ATP, quien es una de las empresas del país en el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Lo segundo es que Tigo necesitaba llegar fortalecida económicamente a la unión y justo por estas fechas el en ese entonces alcalde hizo ingentes esfuerzos por capitalizar a Tigo.

De otro lado, para Jaramillo, la “bendición” de dicha unión recaería en el Ministerio de las TIC, del cual se ha especulado que llegaría Quintero por orden del presidente Gustavo Petro.

Para Jaramillo otro asunto que llama la atención es que a raíz del contrato de la gestora social, esta debió haberlo hecho público para así determinar si el mismo causaba algún tipo de incompatibilidad con su cargo en la Alcaldía de Medellín, así este fuera “ad honorem”, sin embargo, esto no sucedió.

Otro tema es que el alcalde Quintero también debió haberse declarado impedido en sus actuaciones sobre las discusiones en el tema de Tigo-Une Telecomunicaciones por el mismo motivo. “Recordemos que en las plenarias del Concejo donde se discutía la venta de Une, el concejal Lucas Cañas fue recusado porque su padre Gerardo Cañas es propietario de una empresa del sector minero, lo que podría generar un conflicto de intereses con EPM. Si Cañas fue recusado por eso, ¿no debió haber pasado algo similar con el alcalde?”, expuso Jaramillo.

EL COLOMBIANO buscó a la exgestora social Diana Osorio, quien vía chat contestó: “A pesar de que di las declaraciones, prefirieron mentir como siempre lo han hecho, no tengo más que decir porque su interés no es informar sino difamar. Ojalá esto lo publiquen como mi declaración”.

Sin embargo al medio digital Vorágine, que también replicó la denuncia de Jaramillo, Osorio le contestó y dijo, sin negar los vínculos con ATP, que lo dicho por la abogada era mentira. “Tuve relación con el sector privado porque el trabajo de gestora es voluntario. Te agradezco entender que dada la persecución de la que somos objeto, no quisiera involucrar a una empresa que nada tiene que ver con política. Lo importante para los ciudadanos es saber que lo que dice la señora Jaramillo es mentira, mi asesoría no representa ningún conflicto de interés”.

Por su parte, Jaramillo, se sostiene en sus denuncias e incluso ya las escaló ante los órganos judiciales y de control como la Fiscalía y la Procuraduría.

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