Después de siete intentos fallidos, y en una audiencia en la que la defensa del acusado pidió expresamente se mantuviera con absoluta reserva, el exconcejal de Medellín por el Partido Conservador, Lucas Cañas Jaramillo, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, por hechos que ocurrieron entre 2018 y 2019.
Hasta ahora, lo poco que se sabía era que entre 2018 y 2019, el hospital público La María, en ese entonces dirigido por Misael Alberto Cadavid Jaramillo, había contratado miles de millones de pesos con una empresa llamada Vasalud IPS, propiedad de Cañas, la cual no cumplía con los requisitos para ser proveedor del hospital.
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Pues bien, EL COLOMBIANO tuvo acceso a la audiencia de imputación de cargos contras Cañas ocurrida el pasado 13 de enero, en la cual la Fiscalía reveló cómo funcionaría un entramado criminal que, según el ente investigador, dirigía el expresidente del Concejo de Medellín.
Vasalud IPS
Lo primero que hay que tener claro es que Vasalud IPS fue una empresa registrada en 2014 en Barranquilla, cuyo objeto era dedicarse a las actividades médicas en hospitales y clínicas en el Atlántico. Cuatro años más tarde, en el 2018, Cañas compró el 50% de la compañía y la trasladó hacia Medellín. Meses después, le cedió las acciones a su madre, a pesar de que fue él quien siguió en cabeza de la empresa. El otro 50% le pertenecía a un hombre llamado Fernando Enrique Cadena Bonfanti, mientras que el representante legal de la compañía era Juan Camilo Moncada Cárdenas, amigo cercano de Cañas y quien incluso, años más tarde, hizo parte del equipo de trabajo del político en el Concejo.
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Entre 2018 y 2019, Vasalud IPS contrató 102 órdenes de compra con el Hospital La María por un valor de $2.105 millones para que esta le proveyera de un variado abanico de bienes y servicios que iban desde medicamentos contra el VIH y la tuberculosis hasta equipos de laboratorio, material quirúrgico, implementos de aseo y colchones. Esto, a pesar de que la empresa no tendría los permisos ni cumpliría con los requisitos para proveer estos bienes y servicios, pues al parecer Cañas y Cadavid habían decidido saltarse las normas para favorecerse mutuamente.
Según la Fiscalía, entre enero de 2018 y agosto del 2019, fechas en las que se llevaron a cabo las órdenes de compra, Vasalud IPS funcionó como una empresa de fachada cuyo único objetivo sería hacer negocios con el Hospital La María. De hecho, según reveló la fiscal del caso, en las interceptaciones al celular de Cañas se le escucha a él mismo refiriéndose a Vasalud como una “empresa de papel”.
Para empezar, entre los documentos que se anexaron a estas órdenes de compra solo había un certificado de disponibilidad presupuestal, un registro presupuestal, una orden de compra firmada por Cadavid, una factura de venta y un comprobante de entrada, pero nunca hubo un estudio de mercado, comparaciones de listas de precios, cotizaciones ni nada que permitiera justificar que Vasalud era el proveedor idóneo. Además, la primera factura que la empresa le mandó al hospital fue el 17 de julio del 2018 por un valor de $9.957.000. Sin embargo, la empresa solo se registró como proveedor de la entidad 15 días después, el 31 de julio de ese año. “El Hospital La María le compró a un proveedor del cual no tenía certeza alguna sobre su procedencia, permanencia y reputación en el mercado respecto de la comercialización, distribución y venta de medicamentos, especialmente para el tratamiento de personas diagnosticadas con VIH”, aseguró la fiscal.
En la investigación también se reveló que en las direcciones en Medellín que la empresa tenía registradas ante la Dian, la Cámara de Comercio y las entidades bancarias como domicilio, nunca existió una sede física de la empresa. De hecho, en una de ellas había un centro técnico de formación laboral y la otra correspondía a un edificio residencial, el cual tiene prohibido en su reglamento la operación de consultorios o establecimientos comerciales.
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Vasalud IPS nunca estuvo registrada entre los prestadores de salud del Ministerio
A esto se le suma que la empresa nunca estuvo registrada entre los prestadores de salud del Ministerio ni estaba habilitada para la prestación de servicios de salud en el departamento por la secretaría de Salud departamental. Como si fuera poco, la empresa nunca pagó impuestos al distrito de Medellín ni renovó su matricula mercantil después del 2020.
Además, llama la atención la diferencia de precios a los que Vasalud compraba los medicamentos y al precio al que se los vendía al hospital. Por ejemplo, medicamentos que según las facturas de la empresa compraba a $51.600 en los laboratorios, los revendía al Hospital por $540, un valor irrisorio.
Por otro lado, al menos 37 laboratorios farmacéuticos que Vasalud mostró como proveedores en las órdenes de compra, le manifestaron a la Fiscalía que nunca habían tenido una relación comercial con esa empresa. También, en esa búsqueda de los proveedores, los investigadores descubrieron que al menos 20 laboratorios que fueron mencionados por Vasalud no tenían ni dirección física, ni sitio web ni correo electrónico, por lo que es probable que estos ni siquiera existan. Otra de las irregularidades que expuso el ente investigador es que buena parte de los medicamentos que fueron registrados y entregados no tenían registro Invima ni número de lote, información que es indispensable y obligatoria al momento de registrar la factura para que pueda hacerse la correcta trazabilidad del medicamento.
Al revisar los movimientos financieros de la empresa, la Fiscalía encontró que en 2018 salieron $432 millones y en 2019, $736 millones en transacciones hacia Juan Camilo Moncada, el representante legal. Adicionalmente, desde la cuenta corriente de Vasalud se hicieron giros por $80 millones a una fundación llamada Compromiso por Colombia, propiedad de la familia de Cañas, para que esta a su vez le pagara a Teleantioquia por la emisión de un programa llamado Conectados por la paz.
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Toda esta evidencia, sumada a interceptaciones al teléfono de Cañas, llevaron a la Fiscalía a concluir que el exconcejal de Medellín habría coordinado un entramado criminal para obtener recursos públicos a través de una empresa que solo existía en el papel.
Según la Fiscalía, Cadavid, Cañas y Moncada eran conscientes de las irregularidades y aún así convinieron y se concertaron para cometer esos delitos, lo que constituiría un concierto para delinquir, del cual Cañas sería el director. Por este delito, el político antioqueño podría enfrentar una pena de 12 a 27 años de prisión. Además, a Cañas le fue imputado el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, la Fiscalía no encontró enriquecimiento en las arcas de Cañas ni determinó un detrimento patrimonial de la IPS.
Por los delitos que le fueron imputados, Lucas Cañas se declaró inocente.
