La aplastante derrota sufrida por el exsecretario de la No Violencia Juan Carlos Upegui durante las elecciones del pasado domingo 29 de octubre, que encarnaba la última esperanza del grupo político del exalcalde Daniel Quintero para sostenerse en el poder por otros cuatro años más, comenzó a sacudir los cimientos del gabinete de la Alcaldía de Medellín a poco menos de dos meses del cambio de gobierno.
Cómo si se tratara de una desbandada final, esta semana empezaron a salir a flote varios indicios que apuntarían a la partida de varios secretarios durante los próximos días, que se asociarían no solo a varias fracturas políticas que se profundizaron durante la terminada contienda electoral, sino a un proceso de empalme que se muestra cada vez más espinoso.
Y es que además de los choques que se produjeron entre antiguos aliados del exalcalde Daniel Quintero, como lo fue el protagonizado con el exconcejal del Centro Democrático Albert Corredor, el corte de cuentas que ya empezó a realizarse en el Distrito tiene los nervios de punta de varios altos funcionarios, sobre todo por cuenta de la advertencia del alcalde electo Federico Gutiérrez de la realización de una auditoría forense para determinar a dónde fueron los recursos públicos de múltiples dependencias que durante los últimos cuatro años se han visto enlodadas por denuncias de corrupción.
“Espero ya esta semana mostrar el equipo que va liderar el empalme de acuerdo a lo que determina la ley, eso está reglamentado. Habrá un comité especializado en temas de investigación, de contratación y de recibir la información y ponerla a buen recaudo en los entes de control. Esto no es una venganza, yo no tengo dolores en lo personal, a mí me duele lo que le hicieron a la ciudad y tenemos que tener claro dónde está la plata. Es una de las preguntas más importantes que le tienen que responder a la ciudad, esto no es un borrón y cuenta nueva”, advirtió esta semana el alcalde electo.
En una administración que se ha caracterizado especialmente por su inestabilidad, que solamente con corte a noviembre de 2022 ya había sufrido por lo menos 90 cambios en su gabinete, las nuevas cabezas que rodarían estarían principalmente en dependencias como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura.
Mientras en el caso de la Secretaría de Educación próximamente se espera la salida del secretario Juan David Agudelo, identificado como una ficha cercana a Corredor, en la Secretaría de Infraestructura se esperaría también la salida de la secretaria Luisa Fernanda Gómez Villegas. Esta última dependencia, según señalan fuentes al interior de la alcaldía, gozaría de una fuerte influencia el exsenador liberal y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya Pulgarín, que en la recta final de la campaña decidió bajarse de su aspiración y adherirse a la candidatura del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, que no logró amasar los votos necesarios para repetir periodo y fue derrotado por el candidato del Centro Democrático, Andrés Julián Rendón.
Dentro de las versiones que han ido cobrando fuerza durante los últimos días, una de las más importantes apunta a que el pasado 30 de octubre, tan solo un día después de las elecciones, en la casa del excandidato a la Gobernación Esteban Restrepo fueron citados el alcalde encargado de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado, y el secretario privado Juan David Duque para discutir ese remezón, según reveló ayer la emisora Blu Radio.
De acuerdo con los testimonios recogidos por ese medio, además de Duque y Gómez, también se habría discutido la salida de la subsecretaria de Turismo Ledys López, la subsecretaria de Desarrollo Institucional Paula Andrea Lopera, la subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía Diana Carolina Ruiz y la subsecretaria de Organizaciones Sociales Laura María Mejía.
Junto a esas posibles salidas, otro choque que salió a flote se vincula con la Secretaría de Evaluación y Control, a cargo de la secretaria Beatriz Alicia Castrillón Sumoza.
En el caso de esta última dependencia, trascendió que se habría pedido a varios funcionarios técnicos del Distrito levantar un diagnóstico para vincular a varios contratistas, supuestamente para apoyar el proceso de empalme. Estos serían contratados en una carrera contra el reloj durante las próximas ocho semanas.
Pese a que en un cruce de correos que se filtró a la opinión pública varios funcionarios manifestaron su oposición a hacer esas vinculaciones, tras considerar que no serían necesarias y que pondrían en riesgo el correcto uso de los recursos públicos, Castillón Sumoza estaría ejerciendo presiones para que esa contrataciones se hicieran de todas formas, pasando por encima de los conceptos de los funcionarios de carrera.
Mientras estos últimos insistieron en que las contrataciones a tan poco tiempo del empalme serían poco prácticas, por no dar tiempo para instruirlos en sus trabajos y desgastar al personal de carrera en su vinculación, Castrillón las presentó como una decisión ya tomada.
Ante esas precisiones, se ha pedido la vigilancia y la intervención de los órganos de control.
