Juan Pablo Ramírez, uno de los alfiles del exalcalde Daniel Quintero que hoy ocupa un cargo dentro del Gobierno de Gustavo Petro, está por estos días muy ocupado dando explicaciones acerca de los presuntos casos de corrupción que habrían ocurrido mientras se desempeñó como secretario de Inclusión Social y como secretario de Participación Ciudadana de Medellín.
Uno de estos procesos que también tiene buscando documentos a varios exsubalternos y aliados suyos se relaciona con el supuesto intento de cobrar una comisión ilegal por un contrato en cuya firma habría influido él. El asunto está en manos de la Procuraduría General de la Nación, pero también la Fiscalía está indagando al respecto.
La denuncia llegó a la Alcaldía el pasado 10 de abril, según conoció EL COLOMBIANO. En ella, una organización cuyo nombre omitimos por petición expresa de la fuente, relata cómo ocurrió todo.
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Su versión comienza por contar que en los primeros tres años de la administración Quintero los habían vetado para contratar porque no querían saber nada de lo que oliera al anterior alcalde Federico Gutiérrez (2016-2019) y ellos habían firmado contratos en esa administración. Además, en 2019, le habían apostado a la candidatura del aspirante Alfredo Ramos, que finalmente fue segundo en la contienda. Para acabar de completar, pasaban por una situación económica calamitosa.
En medio del desespero y cuando se devanaban los sesos intentando idear un salida al atolladero, según su versión, en 2023 un allegado les sugirió buscar un acercamiento con el exsecretario de Participación Ciudadana Juan Pablo Ramírez, quien mantenía influencia en esa dependencia. Y la ocasión precisa fue un acto en la cancha de Belén Aliadas a la que asistió el funcionario.
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“Hágale, que yo le colaboro, voy a tratar de ayudarle”, fueron las palabras de Ramírez, según le dijo la fuente a este diario, y por ahí al mes recibieron la notificación de un contrato de Plaza Mayor para desarrollar actividades de fortalecimiento a las acciones barriales de su comuna, con recursos del Presupuesto Participativo.
Pero el tema se complicó una semana después de la firma, porque a través de un emisario le llegó a la corporación el mensaje de que “de allá” le mandaban recordar que el contrato valía el 15% del monto total, “con el IVA incluido”, y aunque no fueron específicos en mencionar quiénes eran los de “allá”, entendieron que se trataba de un mensaje desde La Alpujarra.
La fuente aclaró que su único contacto con Ramírez fue la escena en la cancha de Aliadas, además que no pagaron porque eso hubiera significado trabajar gratis, pero tampoco podían renunciar al contrato debido a que a esas alturas ya habían hasta comprado las pólizas de cumplimiento, o sea que la crisis se habría agudizado.
Periodistas de este diario contactaron a quien según la denuncia habría hecho de intermediario para tramitar la coima. Se trata de una persona que fue contratista en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez y que tuvo varios contratos también en la administración Quintero en entes descentralizados. Aseguró que, a su vez, había entregado el mensaje porque a él se lo había dado un gestor territorial.
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La corporación de esta historia asegura que el contrato transcurrió sin contratiempos al punto de que tuvo adiciones que significaron desplegar su acción en varias comunas, porque su buen desempeño hizo que las comunidades los reclamaran para actividades de fortalecimiento organizativo ante el incumplimiento de otro operador.
Sin embargo, siempre estuvieron temerosos debido a que si bien ya se había formalizado el documento de contratación, sabían que había personas con poder de revertirlo o de frenar los pagos. A finales de diciembre, un día después de entregar los informes de ejecución, en una llamada les habrían dicho que “no olvidaran su compromiso”, pero también hicieron caso omiso.
Esta entidad es una de las 18 mencionadas por EL COLOMBIANO el pasado 22 de abril como parte de un selecto “club” de 18 entidades a las que internamente, en la Secretaría de Participación, le dieron el visto bueno para contratar con ellas y les asignaron unos códigos presumiblemente para el cobro de comisiones, como lo señaló previamente el alcalde Federico Gutiérrez al presentar los 501 hallazgos de presunta corrupción en la administración Quintero.
No obstante, ellos aseguran que apenas a partir de la publicación de este diario se dieron cuenta de ese supuesto trato preferencial y de que hasta código tenían.
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Indicaron además que su situación hoy día es aún más lamentable que cuando les entregaron el único contrato al final del periodo pasado, pues aunque entregaron informes de ejecución desde el 22 de diciembre, a estas alturas les tienen retenidas facturas sin reconocer por casi la mitad del monto del contrato con sus adendas.
“La Corporación también toma la decisión de no entregarle dinero a nadie, debido a que no era justo, en vernos comprometidos en comprar o recibir contratos por dinero después de haberle dado inicio al contrato. Nuestro compromiso fue en todo momento realizar las actividades con responsabilidad, transparencia y honestidad”, puntualizaron.
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En la actualidad, esta denuncia está siendo estudiada por la Procuraduría General, que ya pidió información sobre los contratos firmados por Ramírez y de las actuaciones de este en su paso por el Distrito de Medellín. También la Fiscalía solicitó copias de varios contratos del periodo 2020 y 2021 y datos para ubicar a quienes conformaron los comités relacionados con la contratación en esa dependencia de la Alcaldía.
EL COLOMBIANO buscó la versión de Ramírez y este remitió a hablar con sus abogados. El jurista Juan Criollo, quien lo representa en otros casos, aseguró que aún no los han llamado a dar explicaciones sobre el tema que menciona este artículo.
Sin embargo, apuntó que la versión no es coherente porque nadie pide una coima después de la firma de un contrato. “Veremos las pruebas que presenten, porque se ha dado una conducta sistemática alrededor de Juan Pablo y es que todo mundo sale con unos dichos y cuando se miran los soportes, son situaciones completamente contrarias”, dijo.
Agregó que están listos para acudir a cualquier llamado de la administración de Justicia.
