Luego de que se conociera la noticia de la demolición de una casa que hicieron las autoridades en Aranjuez, comuna 4 de Medellín, por incumplimientos urbanísticos y prohibiciones de vieja data para construir en el lugar, la protagonista de esa historia buscó a EL COLOMBIANO para relatar la situación que está viviendo al tener que dejar el lugar que había convertido en su hogar.
Para recordar el contexto, la Secretaría de Seguridad informó que su personal estuvo en este lugar, cercano al Puente de la Madre Laura, para cumplir con la orden de demolición de una inspección de Policía que, según afirmaron, estaba desde 2021, pero no se había hecho efectiva en todos estos años. Incluso, el secretario de Seguridad Manuel Villa dijo que esta edificación se terminó a finales del año 2020, pese a que había sido sometida a inspecciones previas que derivaron en directrices para que no se continuara; no obstante, el responsable de la obra no quiso acatar la prohibición y siguió la construcción.
Según datos de la Alcaldía de Medellín, este inmueble no cumplía con las normas urbanísticas para su construcción, aparte de que se hizo de manera irregular en espacio público, que es para el uso y disfrute de toda la comunidad.
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Tras conocerse estos detalles, Viviana Rodríguez, la persona que construyó allí y la principal afectada de este caso, dio su versión de la historia y se mostró muy preocupada por el futuro que le espera, pues no tiene un lugar para el cual irse a vivir.
La mujer contó que en las últimas semanas había estado en diligencias sobre la situación de su inmueble, que construyó en un predio que aseguró haber comprado a otra mujer, el 30 de agosto de 2018, pero que después de pagar no pudo registrarlo por requisitos sobre los que no comprendía mucho en su momento.
“El predio lo compré con una construcción hecha en madera, en 2018, yo no lo invadí ni lo tomé sin permiso. Ese predio había tenido como otros tres poseedores anteriores. Yo empecé a clavar una cosita, a barrer acá, a poner allí, yo estaba segura de que todo estaba en regla, pero el 23 de marzo del 2019 me hicieron una demolición del rancho. Ahí empieza mi batalla, es que yo lo compré”, dice Viviana, quien es reconocida en la zona por su solidaridad: albergaba algunas mascotas sin hogar, que fueron puestas bajo cuidado de la administración, y les daba comida o ropa a personas de bajos recursos económicos.
Posteriormente, agregó la ciudadana, un abogado le dijo que volviera a tomar posesión del lugar y fue entonces que en 2020 siguió con la construcción por la que ahora le hicieron la demolición, de la cual asegura que le informaron hace casi un mes.
Aunque se negó a aceptar esa decisión, con el argumento de que compró de buena fe, esta semana cuando llegaron a hacer el procedimiento, hacia las 6:30 a.m., fue la que animó a su familia, de unas siete personas, a que acataran las indicaciones y salieran del sitio, pues sabía que oponerse sería peor.
Empacaron a la carrera sin importar si en una misma bolsa metían zapatos con ollas, y pusieron todo ahí en las calles del barrio. Vecinos del sector llegaron con plásticos y les acomodaron una especie de carpas para que pudieran dormir.
Viviana afirmó que se han quedado allí ella, su padre y otros familiares, mientras que su abuelo, que fue dado de alta tras ser hospitalizado hace algunos días, se está quedando donde otra vecina.
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Allí en el sitio permanece parte de la familia, a la que la secretaría de Inclusión Social le entregó dos paquetes alimentarios. Viviana también reconoció que la alcaldía le entregó un subsidio temporal de vivienda por tres meses a su hermano, quien es víctima de desplazamiento forzado, pero que para ella y los demás no hay soluciones de albergue a la vista.
“Todo lo dejamos en el parque, yo no tenía para dónde llevar las cosas”, afirma antes de decir que reconoce que en el lugar no solo vivía con su familia, sino que también tenían una especie de lavadero y mantenimiento de carros y motos, que era una forma de sustento. Sigue creyendo que no invadió el espacio público y que deberían investigar quiénes y por qué han vendido ese predio antes de que ella lo comprara. Por lo pronto, espera que un milagro la ayude a encontrar un lugar donde vivir y dice que acudirá a instancias de derechos humanos de la ciudad para buscar apoyo.
De acuerdo con el reporte de la alcaldía, en el proceso de demolición estuvieron presentes representantes de la Policía Nacional, la Personería de Medellín, EPM, la Subsecretaría de Espacio Público y las secretarías de Paz y Derechos Humanos y de Inclusión Social; esta última entregó paquetes alimentarios.
Con estas acciones, reiteró el secretario Villa, se busca preservar el espacio público, por eso volvió a hacer el llamado a los ciudadanos a evitar hacer uso del mismo. “Queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía a no construir en el espacio público y, sobre todo, a respetar las normas urbanísticas que están establecidas para garantizar una sana convivencia, el bienestar de la comunidad y la preservación del espacio público”, puntualizó el funcionario.
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