El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó la salida de la nómina oficial de Gloria Patricia Agudelo Tabares, la funcionaria que estuvo encargada de manejar el controvertido fondo fijo reembolsable del piso 12 de la sede de gobierno distrital durante la administración de Daniel Quintero.
Los fondos fijos reembolsables son como las cajas menores que pueden utilizar los secretarios de despacho y el propio alcalde para cubrir imprevistos dentro de sus funciones; sin embargo, en el periodo pasado el uso que se les dio recibió fuertes cuestionamientos porque los gastos mensuales en promedio subieron hasta más de 26 millones de pesos en un lapso amplio. Fuera de eso, consuetudinariamente, de allí se pagaban comidas en los restaurantes más costosos, caprichos gastronómicos, flores y hasta productos para mascotas.
EL COLOMBIANO denunció además que en los viajes del alcalde Quintero a otras ciudades se facturaban alimentos procesados y hasta mercados, a la vez que se pasaba el reporte de viáticos, de manera que se habría dado lugar a un doble cobro con cargo al erario, lo cual, en términos del derecho penal podría dar lugar a que se configure un peculado.
Debido a la controversia que se desató, en el seno del Concejo Distrital se conformó una comisión accidental, liderada por el concejal de oposición Alfredo Ramos, para que investigara los presuntos malos manejos, a la cual fue citado el entonces secretario Privado, Juan David Duque, para que diera cuenta del manejo no solo del fondo fijo de la Alcaldía sino del de su propia secretaría. Y debido a que no se presentó a las múltiples citaciones para que brindara sus explicaciones, en un hecho inédito en la historia de la ciudad, la Corporación votó una moción de censura en su contra el 20 de noviembre pasado, con la consecuente orden de separación inmediata de su cargo.
La abogada Agudelo, por su parte, en su condición de encargada directa del manejo del fondo, también había sido conminada a comparecer ante la misma célula del Concejo en por lo menos seis ocasiones y presentó varias excusas para no hacerlo. En una de ellas dijo que no podía ir porque su mamá estaba enferma y le tocaba acompañarla al médico. Luego adujo que padecía una fibromialgia, pero anexó un documento de 2012. De ahí en adelante, el soporte de las excusas es un concepto médico según el cual supuestamente para no agravar sus patologías, la funcionaria tenía que “evitar situaciones laborales que le generen estados de estrés y alteración emocional como tristeza, ansiedad y enojo”.
En ese momento, EL COLOMBIANO buscó su versión y ella contestó que “el comportamiento que ha tenido el señor concejal me ha llevado a estar en estado de nervios, ansiedad y depresión pues me siento acosada y perseguida. Como usted puede notar, las intervenciones del concejal no se hacen en los términos del respeto, sino que busca hacer acusaciones”.
Aún así, en noviembre pasado la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación en su contra por la negativa a responder ante el Concejo, la cual continuará su curso aun tras la noticia de su separación del cargo.
La resolución de insubsistencia fue decretada por el alcalde Gutiérrez el viernes pasado, sin dar mayores explicaciones de los motivos, solo aduciendo las facultades constitucionales que le dan la Constitución y la ley para asumir este tipo de medidas. También la firma la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Natalia Ramírez.
Agudelo tenía contrato de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, había sobrevivido en distintas administraciones por más de 30 años y había tenido una imagen de funcionaria competente y con cierta influencia debido a las responsabilidades que detentaba, como la del manejo del fondo fijo reembolsable del alcalde.