Por primera vez en la historia, el Municipio de Medellín fue reportado para que comience a figurar en el boletín de entidades morosas del Estado, un lugar poco honroso en el que ninguna entidad quiere estar, y lo hará por cuenta del saldo que tiene pendiente con EPM, el cual supera los 142.000 millones de pesos por cuentas vencidas de servicios públicos.
El tema había permanecido en silencio pero la alerta la dio el miércoles pasado Alejandro de Bedout, concejal electo por Creemos, el partido del próximo alcalde Federico Gutiérrez. El abultado monto es una sumatoria de facturas dejadas de pagar durante todos los cuatro años del periodo del mandatario Daniel Quintero por concepto de alumbrado público, y suministro de gas, energía y agua potable para los estratos bajos subsidiados.
De acuerdo con un cuadro que presentó De Bedout, el rubro en que está más colgado el Distrito con la principal firma de su conglomerado empresarial es el alumbrado público, donde suma 46.336 millones de pesos en mora. Esa cifra corresponde al 20% de ese ítem que le corresponde reconocer, ya que la mayor parte, el 80%, se lo pagan los usuarios directamente a EPM en las facturas que les llegan mensualmente.
Lea también: Con subida inédita, EPM sepultó su promesa de “congelar” las tarifas de energía
“Lo más delicado de esta situación es que todos los habitantes de Medellín ya pagamos en la cuenta de servicios públicos la tarifa de alumbrado público, pero el dinero evidentemente nunca llegó a su destino... Lo que hace otra vez que el gran interrogante sea ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA?”, escribió De Bedout.
Otros 41.145 millones de pesos de esa deuda corresponderían a energía consumida en las instalaciones adscritas al Distrito y 35.250 millones a los subsidios que otorga la ciudad con recursos del erario para que las personas que habitan en las periferias de la ciudad, con mayores dificultades económicas, puedan tener un mínimo vital en materia de acueducto, alcantarillado, energía y gas.
A la vez, De Bedout protestó porque los funcionarios actuales están dejando proyectados alrededor de 200.000 millones de pesos en el presupuesto del año entrante para resolver este entuerto, lo cual quiere decir que es una carga con la que le tocaría lidiar al equipo de Federico Gutiérrez. Pero más allá del costo económico le vendría también el señalamiento por el detrimento patrimonial, toda vez que de los 142.000 millones hay 19.636 millones de pesos por intereses sobre la deuda original que inicialmente eran 122.732 millones de pesos.
Así las cosas, la nueva administración se inauguraría estando bajo la lupa de los organismos de control fiscal, es decir, pagando los platos que otro quebró.
En un principio, las partes habían buscado un arreglo, pero finalmente EPM optó por la opción de reportar al Distrito debido a que no cumplió con el ultimátum del 30 de noviembre pasado, para ponerse al día.“En las mesas de conciliación le pidieron a EPM que condonara los intereses de mora y lo que pasa es que EPM tampoco puede, entonces ya Medellín va a quedar reportado ante una central de riesgo y eso nos va a perjudicar el historial crediticio e interferiría a la hora de que busquemos empréstitos a partir del próximo año”, añadió De Bedout.
Así mismo, indicó que, como consecuencia de lo anterior, el mismo comité de empalme estableció que desde el 3 de noviembre caducara el contrato entre EPM y el Distrito para la administración, operación, mantenimiento y expansión (AOM) del alumbrado público, lo mismo que para el suministro de energía.
“El tema es complejo porque ellos se lavan las manos, dejan de pagar en cuatro años y el problema nos queda a nosotros. Ahí vamos a tener que encontrar una fórmula donde EPM no se vea perjudicada, pero tampoco el Distrito”, apuntó De Bedout. Fuentes del sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) le confirmaron a EL COLOMBIANO que en varias ocasiones les habían advertido a los encargados de cartera de la empresa que cumpliera con el reporte ante el boletín de morosos, que se debe hacer cada seis meses, pero no lo habían hecho, aparentemente porque debían contar con el visto bueno del Gerente.
“Fuimos muy reiterativos con esa solicitud, tanto en reuniones formales con las áreas encargadas como a través de derechos de petición”, dijo la presidenta de Sinpro, Olga Lucía Arango.
Y aunque la posibilidad de que al Distrito le corten los servicios, como ha ocurrido en el pasado en otros municipios, sobre todo de la Costa Atlántica, que se colgaron con sus cuentas de energía y agua, la conducta denunciada resulta un mal ejemplo para los usuarios particulares que en esta parte del país mantienen un comportamiento ejemplar con los pagos.
Además, el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Javier García, afirmó que el Distrito estaría contraviniendo la directriz que les dio en octubre el gobierno del presidente Petro a los usuarios oficiales, de ponerse al día con sus cuentas, como una manera de no profundizar la mala situación de los comercializadores de energía, cuya cartera por cobrar por concepto de “opción tarifaria” (aplazamiento de subas para no aumentar la inflación) supera los cinco billones de pesos. García advirtió que “a EPM los usuarios le deben como 450 mil millones de pesos por este concepto y sumado a eso que le ha dejado de pagar la Alcaldía, le pega duro a las finanzas de la empresa”.
Las otras deudas que deja Quintero
Si bien el asunto previamente mencionado es grave, no menos preocupante es el hueco que deja Quintero en el fondo para pagar el pasivo pensional del Distrito. Se trata de unos 200 mil millones de pesos, pues esta administración debió abonar 236.000 millones y solo puso 36.000 millones. Así las cosas, en el cuatrienio de Fico tendrá que “reventar” unos 800.000 millones de pesos para cubrir el faltante.
Igualmente, la administración actual le quedó debiendo 97.000 millones de pesos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Se trata de un bolsillo que debe nutrir la Alcaldía para cubrir la diferencia entre el pasaje que pagan los usuarios y el costo real de operación del Metroplús y las rutas alimentadoras del metro, equivalentes aproximadamente a un 30% de los costos de funcionamiento. Por ese rubro, el Municipio debe desembolsar en promedio 70.000 millones de pesos al año, una cantidad que suena escandalosa, pero no lo es tanto si se compara con lo que debe poner por ejemplo el Distrito Especial de Bogotá, una cifra que antes de la pandemia ascendía a un billón de pesos cada año y que aumentó en medio de la emergencia.
Por cuenta también del traumatismo que la emergencia sanitaria ocasionó en el sistema masivo de transporte de la capital antioqueña la deuda del Distrito con el FET se incrementó hasta los 160.000 millones de pesos en 2022 y la mora por este pago llevaron también al Metro y a los transportadores particulares a demandarlo.
