En medio de las múltiples investigaciones que cursan en distintas entidades penales y de control por presuntas irregularidades en el manejo de la contratación y los recursos públicos en la administración de Daniel Quintero, el exalcalde dio a conocer este lunes en sus redes sociales el fallo del Juzgado 19 Penal Municipal de Medellín, emitido el 11 de abril y que ordena al alcalde Federico Gutiérrez dar una “respuesta de fondo” sobre información de los más de 500 hallazgos que hizo tras su llegada a la Alcaldía y que desesperadamente han solicitado algunos quinteristas.
El fallo del juez se da en respuesta justamente a la solicitud del representante a la Cámara Alejandro Toro, uno de los hombres del círculo de Quintero, quien a través de un derecho de petición le solicitó a la administración de Gutiérrez que entregara una copia de la denominada auditoría forense que se hizo desde que asumió como alcalde en enero pasado y cuyos hallazgos de presunta corrupción fueron enviados a las autoridades competentes, según ha afirmado varias veces.
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Aunque la administración Gutiérrez le dio una respuesta oficial al derecho de petición enviado por Toro, este apeló con una acción de tutela porque consideró que no le dieron información completa. Ahora, el juez le ordenó al mandatario entregar en un plazo de 48 horas “una respuesta clara y de fondo” a la solicitud del congresista, quien quiere acceder a toda la documentación sobre el tema.
No obstante, la administración Gutiérrez se ha mantenido en el argumento de que parte de esa información es reservada, en tanto que incluye los nombres y testimonios de los testigos y denunciantes sobre dicha presunta corrupción. Y, por ello, la respuesta “clara y de fondo” podría ser que le expliquen al representante las razones por las cuales hay información bajo reserva.
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El congresista Toro argumentó, como lo dijo en sus redes sociales, que si Gutiérrez no responde podría incurrir en incidente de desacato y puso en duda que la nueva administración haya entregado las pruebas de los hallazgos a los órganos de control. Esto es una disputa que lleva ya semanas.
Desde que la nueva administración empezó a destapar los hallazgos por presunta corrupción, muchos de los cuales ya habían sido denunciados por veedurías, contratistas y funcionarios de Quintero, el exalcalde se ha mostrado desesperado por conocer qué fue lo que Gutiérrez encontró e, incluso, ha demeritado los hechos sin pruebas. Para acceder a esa información ha puesto a sus aliados políticos, como son el representante Toro y el senador Álex Flórez (uno de sus mejores amigos) a que la soliciten.
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Es decir, el fin último de estas solicitudes es que Quintero pueda conocer los datos sobre los hechos que deberán investigar las autoridades para determinar si hubo o no corrupción en su alcaldía. Por eso fue uno de los que presentaron la decisión del juez este lunes, al igual que su exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo y el concejal Juan Carlos Upegui.
“Esta es la orden del Juez que ordena al Alcalde Federico Gutiérrez confirmar la existencia del “informe forense” y le da 48 horas para entregarlo. #FicoResponda”, escribió el exalcalde en su cuenta de X.
Por su lado, el alcalde Gutiérrez considera que quienes deben responder son Quintero y los exfuncionarios señalados de haber cometido presuntas irregularidades en procesos contractuales, en manejo de recursos públicos y en otros hechos de suma gravedad, tanto que han sido comparados con el carrusel de la contratación de Bogotá.
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También en X Gutiérrez escribió: “¿Saben cuál es el desespero que tienen hoy los que se robaron a Medellín? Que las pruebas de los los 501 hallazgos son contundentes. Pero hay algo que los debe tener más desesperados, y es que ya saben que vamos en más de 600 hallazgos. Y todavía faltan muchas entidades. Otro elemento que aporta a su desesperación de domingo, es que la justicia nos dio la razón y perdieron la tutela. Querían acceder a las pruebas, a los testigos y a los testimonios”.
Con esto, se refiere el alcalde a que hace poco, la justicia le dio la razón a la Alcaldía de Medellín al no acceder a las pretensiones de la tutela que presentó el senador Álex Flórez para conocer esta información con detalle. Y la administración de Gutiérrez ha sido enfática en que buscan proteger la identidad y los testimonios de los testigos que han hablado y contado datos relevantes sobre los mencionados hallazgos. Esto, con el fin de garantizar su seguridad e integridad, pues muchos hablaron con temor.
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Ahora bien, otro de los puntos que ha defendido Gutiérrez es que Quintero y sus aliados no son víctimas en estos procesos, puesto que son señalados de ser los presuntos responsables de lo que han denominado como “un saqueo a la ciudad”.
De hecho, hay que recordar que el Distrito de Medellín se constituyó como víctima en la mayoría de las denuncias. Esto quiere decir, explicó Gutiérrez en su momento, que la Alcaldía será parte en los procesos que se abran para investigar estos presuntos actos de corrupción, con lo cual serán notificados sobre los avances y actuaciones, podrán asistir a las audiencias y, eventualmente, ser indemnizados por perjuicios.
“Eso significa que tenemos el derecho y la obligación de estar en todas las audiencias, para aportar pruebas, para discutir en alegatos y para luego replicar contra terceros”, dijo al respecto en marzo pasado el alcalde Gutiérrez, quien recordó que los hallazgos tienen incidencia disciplinaria, fiscal y penal, pero serán las autoridades las que determinen si se habrían cometido faltas o delitos.
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Algunos de los hallazgos
Entre algunos de los hallazgos más importantes dentro de esos ya 600 que asegura Gutiérrez se han hecho están desde los presuntos sobrecostos en compra de los computadores futuro; las presuntas irregularidades en el presupuesto participativo; el millonario negocio que intentó hacerse con el lote de Aguas Vivas; el de mantenimiento de las zonas verdes y el Parque de las Aguas; así como presuntos malos manejos en EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Concejo de Medellín, entre muchas otras entidades del conglomerado público de la ciudad.
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Incluso, dentro de esos hallazgos hay algunos que ya llevan buena trayectoria, como son las imputaciones que ha hecho la Fiscalía a por lo menos siete exfuncionarios y otros excontratistas de la administración pasada por presunta corrupción.
La exsecretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego Arias; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez; la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo; la exdirectora del Inder Diana Toro; el exrepresentante del AMVA, Álvaro Villada; y la exdirectora de Buen Comienzo, Lina Gil, son algunos de ellos.
Lo cierto es que Gutiérrez siempre ha asegurado que hay pruebas suficientes y que han sido puestas a disposición de las autoridades para que investiguen, como poco lo hicieron tras las denuncias de los últimos cuatro años, lo que pasó con la administración de los recursos públicos en el cuatrienio pasado.
