“Mañana (viernes) espero que con el inicio formal de la excavación y el acto de conmemoración tengan un respiro después de tantos años”, expresó Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP al dar el fallo de esta audiencia.
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Esta decisión se toma con base en la estrategia presentada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), donde mostraron un cronograma con cada una de las actividades para ejecutar y en el que desde el pasado martes hay presencia de maquinaria amarilla en los polígonos de este terreno, donde señalaron que hay personas desaparecidas por grupos armados desde el 2002, en medio del conflicto urbano y la Operación Orión.
Así mismo, la JEP autorizó el plan forense de la UBPD para que todo el proceso se haga con normalidad, aunque se ordenó que se hiciera una intervención en todo el perímetro y no únicamente en algunos polígonos señalados donde estarían sepultadas las víctimas del conflicto ocurrido en esta comuna a comienzos de este siglo.
María Auxilio tiene su esposo desaparecido desde el 2002, cuando salió de su casa camino al trabajo. Desde entonces ha luchado por buscarlo y es una de las líderes del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad. “Es un logro muy grande para nosotros luego de 22 años de lucha”, dijo con cara de alegría.
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Este sería el tercer proceso que se realiza en este terreno, luego de los registrados en el 2015 y una búsqueda parcial en 2022 que no arrojó resultados relevantes.
El secretario de la No Violencia de Medellín, Carlos Arcila, señaló que se hicieron intervenciones en tres frentes y que para ello se invirtieron más de $3.000 millones.
“Se hicieron las cunetas, que son las que recogen las aguas en el terreno que se va a intervenir; el sistema de monitoreo, que permite establecer si hay riesgo de deslizamiento o derrumbe en el lugar donde van a hacer la excavación, y tercero el campamento para las víctimas”, explicó Arcila.
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Fin a medidas en el Universal
Otra de las decisiones adoptadas en este fallo pasan por las medidas cautelares que regían en el Cementerio Universal, ubicado en el barrio Caribe, de Medellín. En este sitio se ordenaron revisiones a centenares de bóvedas, logrando hacer 183 exhumaciones.
Ante esto, se le ordenó a la Alcaldía de Medellín que disponga de 170 osarios individuales para que estos cuerpos no identificados y no reclamados puedan quedar ubicados. Hasta el momento, se logró la identificación de cuatro y tres ya fueron devueltos a sus allegados para que pudieran recibir el último adiós.