Luego de que el Concejo de Medellín autorizara a EPM a salirse del negocio de las telecomunicaciones, la compañía antioqueña ya tiene previsto un cronograma inicial para concretar la venta de sus acciones en UNE e Invertelco.
Si bien dicho proyecto de acuerdo aún debe ser sancionado por el alcalde de Medellín, la entidad ya había informado este mes estar lista para empezar con el papeleo que deberá entregar a la Superintendencia Financiera para obtener permiso para la transacción.
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Así lo explicó Carlos Mario Tobón, Gerente de Gestión de Negocios e Inversiones de EPM, precisando que al tratarse de unas acciones de propiedad pública su venta estará regida por la Ley 226 de 1995, que regula las enajenaciones de esta naturaleza y estipula varias etapas para de dicho proceso.
“Después de surtido ese trámite de autorización (en el Concejo) nosotros tenemos que empezar a elaborar una serie de documentación y de autorizaciones para el trámite de la Ley 226, que tiene dos etapas. Esto pasa por la Superfinanciera, por elaborar unos documentos informativos para los interesados en participar, para que puedan conocer qué es lo que estarían comprando”, había precisado el funcionario.
De acuerdo con los cálculos iniciales de EPM, se espera que en abril de 2025 inicie la primera etapa de la venta, que consiste en ofrecer las acciones a destinatarios especiales, que consisten en trabajadores activos y pensionados de la entidad, las asociaciones de empleados y exempleados, sindicatos, fondos mutuos de inversión, fondos de cesantías y pensiones, y entidades cooperativas.
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Tras surtirse este primer paso, que se estima tendrá una duración de al menos dos meses, la ley estipula una segunda etapa en la que las acciones podrán ser ofrecidas al público en general y cualquier particular o empresa podrá comprarlas, incluyendo a Millicom.
Esta segunda etapa, se espera se realice entre julio y septiembre del año próximo.
“Posteriormente hay dos etapas establecidas en el acuerdo de accionistas, una en la cual nosotros le ofreceríamos las acciones no vendidas en derecho de preferencia, eso tiene un término de 90 días. Millicom podrá decir si las compra o no”, añadió Tobón.
En caso de que todos estos pasos se cumplan y la venta no haya podido realizarse – un escenario probable dado que EPM no ofrece de entrada un paquete de acciones en los que el comprador pueda hacerse al control de UNE e Invertelco – la entidad podría invocar la cláusula de protección al patrimonio público.
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Si bien el texto de esta cláusula es confidencial, los efectos prácticos de la misma explicados por EPM consisten básicamente en que la compañía antioqueña está investida de poder para obligar a Millicom a salir al mercado y vender también sus acciones.
“En la última etapa nosotros tenemos la facultad y la posibilidad de obligar o invitar a Millicom a vender conjuntamente toda la empresa, tanto la participación nuestra participación como la de ellos”, apuntó Tobón, explicando que ese mecanismo fue diseñado con el objeto de aumentar las probabilidades de éxito de la venta para EPM.
Al margen de estos tiempos, cabe recordar que otro proceso aún pendiente es la valoración de las acciones de la compañía, uno de los puntos que mayor debate despertó el Concejo en la última semana.
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Según ha informado EPM, si bien en libros se tiene un estimado preliminar de que las acciones valen $1,6 billones, el dato final lo arrojará un estudio que realice una banca de inversión contratada por EPM.
De acuerdo a lo expresado por el gerente de EPM, John Maya Salazar, el rubro de los $1,6 billones es el monto base que espera recaudar la compañía y en caso de no obtenerlo la venta podría quedar en duda, ya que podría configurarse un detrimento patrimonial.
