El Hospital General de Medellín (HGM) lleva más de ocho décadas acumulando prestigio, pero en los últimos cuatro años se ha ido precipitando hacia un abismo y, como si fuera un destino inexorable, la administración de la ciudad, que es su dueña, ha permanecido impávida sin proponer salidas ni meter la mano para corregir las causas de una crisis que presagia un desenlace fatal.
En este momento está en veremos la prima de diciembre para parte de los casi 2.000 trabajadores (son 1.166 de planta y 700 contratistas) y a una buena parte de ellos ni siquiera les han pagado el salario de noviembre.
Informes de las mismas directivas indican que el hospital pasó de reportar ganancias por $17.148 millones en 2021 a acumular pérdidas por $66.776 millones en 2022.
Aparte de eso, el año pasado cerró con cuentas por pagar por más de $66.000 millones y con una baja en los ingresos del 20% (de $287.768 millones en 2021 pasó a $229.472 millones). También hay un dato revelador y es que los gastos de administración subieron en un 23%, de $46.771 millones a $57.948 millones en el mismo periodo.
El gerente Mario Fernando Córdoba les ha echado la culpa a las subas en los insumos y medicamentos, al cierre de algunos servicios por orden de la Seccional de Salud y a la cartera por cobrar superior a los $260.000 millones.
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Sin embargo, el concejal Alfredo Ramos, la veeduría Todos por Medellín y sindicatos del mismo hospital hablan de que dentro del General han pululado la corrupción y los malos manejos.
Ya desde los inicios, en el año 2020, corrió la versión en círculos relacionados con la salud y la contratación de que habían entregado el principal hospital público de la capital antioqueña a un grupo empresarial de una familia para que lo manejara a su antojo, como en una especie de franquicia, y que habría involucrados $5.000 millones.
Hasta ahora ni las denuncias de presunta corrupción dentro del HGM o de falta de gestión de sus directivos ni las protestas de los empleados por falta de salario ni la declaración más reciente en la que Córdoba acepta una crisis financiera sin parangón han motivado siquiera una reacción del exalcalde Daniel Quintero ni del sucesor interino Óscar Hurtado ni de los secretarios de Salud que ha habido en esta administración.
Como si en realidad se confirmaran los rumores y el General fuera una isla en la que no opera una autoridad diferente a la del supuesto grupo empresarial que sería el verdadero poder a la sombra de Córdoba.
A finales de 2021, la veeduría Todos por Medellín denunció ante la Fiscalía la existencia de un presunto cartel familiar en el General, encabezado por Óscar Manuel Villegas, su esposa, tres hijos y otros allegados a la familia. Ese clan no solo tendría influencia a través de varias firmas controladas por ellos en los contratos relacionados con el HGM sino en el Hospital Infantil Concejo de Medellín y otros centros asistenciales.
Según reveló hace pocos días el concejal Ramos (Centro Democrático), así se habrían hecho a una facturación cercana a $80.000 millones en este periodo en el HGM.
Todos por Medellín describió un modus operandi en el que el primer paso de la “toma” de la contratación del Hospital habría sido la reforma al manual interno con el fin de ampliar los montos en que la gerencia puede contratar sin concurso abierto ni necesidad de que autorice la junta. Ese paso lo habría fraguado el entonces secretario General de la Alcaldía, Jhonatan Villada, que después de hacer lo mismo en varias dependencias y empresas del conglomerado municipal fue premiado con una vicepresidencia en EPM.
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Luego habría venido la ubicación de fichas de la familia Villegas en puestos clave del hospital, siendo la principal de ellas Córdoba, que se posesionó como gerente el 19 de mayo de 2020. Curiosamente en la hoja de vida que exhibió en ese momento no figuraba que su último cargo fue como gerente de la Clínica Conquistadores, que no se parece en nada en dimensión al General, pero sí es vecino de los Villegas, los cuales han tenido su residencia y algunas sedes empresariales en el barrio Conquistadores.La veeduría documentó la relación de los Villegas con tres firmas con las que el HGM contrató sin concurso en 2020 alimentación, aseo y suministros y medicamentos, entre otras cosas, a través de la destinación de vigencias futuras que permitían disponer de los recursos para todo el periodo que coincide con la administración Quintero, cuando lo usual es que se haga por cada año.
Al respecto, la Fiscalía tiene en la mira el contrato C-122 para alimentación, otorgado a la corporación Ser Colombia por $13.798 millones. Este fue cedido en 2022, tras muchos cuestionamientos, a una firma que estuvo en la palestra pública por fallas en otro contrato con EPM por casi $40.000 millones para el suministro de comida en Hidroituango.
Otro contrato es el 103-C de 2020, para la prestación de servicios de aseo más el suministro de insumos para cumplir esa labor, por más de $13.442 millones; ahí hubo un concurso con tres invitados: uno que no envió propuesta y otro que fue inhabilitado, quedando solo el que finalmente ganó por sustracción de material: la Asociación Asís.
Estas dos firmas, igual que una tercera, Casapharma, con la que el General y Metrosalud ha contratado la compra de medicamentos e insumos quirúrgicos por más de $9.000 millones, tienen varias cosas en común: no solo pasaron de ser desconocidas a ganarles los contratos a competidores reconocidos, sino que han tenido vasos comunicantes con los Villegas, a través de miembros directos de la familia o allegados. De esta manera se podría estar dando una cartelización, conducta que se penaliza hasta con cárcel si involucra recursos públicos, como en este caso.
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Cuando EL COLOMBIANO dio cuenta de esas denuncias, una fuente que estuvo vinculada con el General aseguró que una vez eligió a un oferente distinto del señalado por los Villegas y tuvo que ir a dar explicación a sus oficinas de Conquistadores. No obstante, según otras fuentes, luego de las denuncias públicas, los Villegas estarían actuando de manera más discreta y por interpuestas personas.
Recientemente Ramos mencionó otras empresas que también estarían relacionadas con esa manera de operar, como Tecni Lavar, Tramisalud, Gestión y Mandato Corporativo, Funvibra, Blueone Solutions, Intercom SAS, Alear Colombia e Intersalud SAS.
Incluso, dicen otras fuentes, tendrían influencia en asociaciones profesionales y sindicales con las que están tercerizando la contratación del personal asistencial.
Los sindicatos adscritos al Hospital señalan que mientras se gastan millonadas en asuntos suntuarios como un ascensor hidráulico ($12.000 millones), la llamada “integración tecnológica” ($16.000 millones) o el arreglo del auditorio ($2.112 millones), la edificación sufre de goteras y no hay ni papel higiénico para los pacientes.
“El plan anual de inversiones tiene 21 modificaciones en 2023, casi dos por mes, y eso muestra la improvisación. Por ejemplo, en el primer plan anual habían destinado $44 millones para mantenimiento del auditorio y en la versión 17 o 18, la de septiembre u octubre, aparecían $2.112 millones para el mismo fin, y se contrató por ese monto”, resaltó un directivo sindical.
El equipo de empalme del alcalde entrante, Federico Gutiérrez, ha puesto la mira sobre el HGM; sin embargo, sus voceros dijeron que solo han podido escuchar las denuncias y escuchar las explicaciones, pero que son los organismos de control los que tienen la última palabra.
La Procuraduría investiga desde finales del año pasado a Córdoba y a la exdirectora de Apoyo Logístico Erika Pino, por presuntas irregularidades en la contratación. Vale la pena recordar que antes de ser parte del General, ella estuvo vinculada a empresas de los Villegas y en el expediente de la Fiscalía se menciona que actuó como “los ojos de ellos” en ese lugar.
La Personería de Medellín también abrió una indagación hace poco contra esas mismas dos personas por presuntas omisiones y actuaciones indebidas en un contrato celebrado en 2020 con Tecni Lavar.
De la investigación penal no se conocen avances.
Aun en crisis, invierten $12.500 millones en nuevo sistema
En medio de la grave crisis que vive el HGM hay indignación entre quienes se preguntan por qué, si hay escasez de insumos para atender pacientes y retrasos en pagos a profesionales, la administración actual invirtió $12.571 millones en un sistema para transportar medicamentos y otros materiales médicos. Como quien dice que se presenta la paradoja de adquirir un vehículo sin tener muchas veces qué transportar en él. Además, expresan preocupación porque ven muy difícil que entreguen el proyecto antes del 31 de diciembre, como se estipuló en el contrato.
Empleados e integrantes de sindicatos de la institución dicen que es evidente que la definición incorrecta de prioridades para invertir los recursos ha contribuido a los aprietos del hospital, y no entienden la necesidad de destinar en este momento un monto millonario para cambiar un trabajo que se hace de forma manual sin problemas.
“Eso es un jurgo de dinero, ese sistema es un despilfarro en este momento. Y contrasta con las veces que hay que decirle al paciente que traiga su papel higiénico porque no hay”, dijo Juan Camilo Toro, del sindicato Asohgm, quien anunció que hoy harán otro plantón en las afueras de la entidad contra los retrasos en pagos a trabajadores y las inversiones destinadas a cosas que no serían prioritarias.
Otra mirada tienen las directivas del hospital: indicaron que el proyecto tiene la capacidad de transporte requerida para una institución de alto nivel como el HGM, lo que “mejorará los tiempos de atención a los pacientes y los tiempos de traslado de material”. Sostuvieron que la tubería seleccionada tiene el diámetro máximo existente en el mercado para que quepan los materiales.
Pero en consideración del líder sindical, de médicos y de enfermeras, el HGM no está en una situación de bonanza como para emprender ese tipo de obras. “Pintan la fachada de la casa y tienen la nevera vacía”, dijo uno de ellos.
En el hospital se ven tubos sellados con cintas de seguridad, que forman parte de la infraestructura física que se está construyendo para el proyecto.
El contrato en cuestión es el 101C, firmado el pasado 23 de junio para montar y habilitar el “Sistema de envío neumático hospitalario y software para la automatización de los procesos logísticos del HGM”.
Lo suscribieron Liliana Ricaurte como gerente encargada y Christian Jhavier Susa, representante de Alear Colombia S.A.S, firma a la que se le adjudicaron los $12.571 millones, a través de la convocatoria privada número 6 de 2023, según consta en la plataforma Secop.
Lo cierto es que este es un sistema de complejidad, por lo cual en los pasillos del hospital se rumora que no será posible tenerlo listo a tiempo. Las directivas indicaron que el avance es del 75% y reconocieron que está retrasado un mes por temas relacionados con el pago del anticipo del 50% al contratista.
La tubería es solo una de las partes de la obra, que también incluye una turbina; desviadores para transportar los medicamentos; chips y sensores; un software para programar y coordinar el funcionamiento; cápsulas fabricadas con material antibacterial; estaciones asistenciales; y unidades de control y monitoreo.
El proyecto implica, además, tecnología para identificar cada cápsula enviada y sus productos, generar datos estadísticos sobre el tiempo que se tarda un envío y quién es la persona que envía y recibe, así como programar despachos prioritarios a áreas de urgencias, UCI o banco de sangre.
El sistema debe estar en capacidad de movilizar medicamentos, muestras de sangre y otras para procesar en laboratorio, sangre para transfusiones, fracciones del plasma y dispositivos médicos.
Alear, el contratista que tiene el reto de entregar a tiempo, registra varias contrataciones con el HGM en la plataforma Gestión Transparente. No obstante, el del sistema de envío neumático es el de mayor valor de todo lo reportado entre 2020 y 2023 (unos $16.757 millones).
El segundo contrato más cuantioso en este periodo es de $3.799, firmado en diciembre del año pasado para la renovación de llamados de enfermería. Los demás son casi todos de cuantía mucho menor, a excepción de uno de $198 millones.
En la administración pasada, la empresa fue contratista del hospital público, con aproximadamente $318 millones en total, entre 2016 y 2019, teniendo en cuenta los reportes de Gestión Transparente.
En ambas administraciones la mayoría de contratos son de reparación y mantenimiento.
La expectativa ahora en el HGM es que sí puedan ver funcionando el millonario sistema por el que a Alear ya le pagaron el anticipo de $6.285 millones, correspondientes al 50%.
“Se volvió un directorio político”: Ramos
Ramos acusa el desperfilamiento técnico del staff del HGM como otro origen de la crisis. Asegura que “se convirtió en un directorio político”, luego de indicar que el gerente no sería la persona más idónea para liderar la situación actual. Pero además, que está rodeado de personal nombrado con criterio político.
Verbigracia, la directora de Apoyo Logístico, Zalua Karina Chipre, es una exconcejal del municipio de Santa Ana (sur de Magdalena) que en 2019 se quemó como candidata a la alcaldía de ese municipio a nombre del partido Cambio Radical. La subgerente de Procesos administrativos y financieros, Liliana Ricaurte, ha figurado como militante del Partido Liberal en Cisneros, mientras que Charles Figueroa, un exasesor del gerente Córdoba, ha sido concejal y aspirante a la alcaldía de La Estrella.
Aunque abundan las denuncias, los órganos de control han iniciado investigaciones sobre lo que pasa en el General, pero se conocen pocos resultados y hasta ahora no ha existido ninguna sanción, como si se tratara de procesos donde, por alguna razón inexplicable, hay “intocables”.
Nota actualizada, enero 4 de 2023:
Posterior a la publicación de este artículo, el gerente Córdoba envió una carta a EL COLOMBIANO en la que asegura que resulta “infundada la afirmación de ser un gerente intocable y un infundio la afirmación de que quien tendría el manejo real de la institución sería un grupo familiar”. No obstante, hay que decir que la contratación con las firmas ligadas a los Villegas es indagada por la Fiscalía. Entre tanto, Córdoba asegura que ha hecho una adecuada gestión de los recursos del Hospital General de Medellín”.
Sostiene también Córdoba que al 15 de diciembre de 2023 no había ningún empleado público del HGM al que se le adeudara dinero por conceptos salariales y prestacionales, “entre ellos la prima de navidad”. Todo, a pesar de que el 12 de diciembre el sindicato Sintrahgm publicó un comunicado protestando porque “al día de hoy (esa fecha), más de 550 trabajadores tercerizados están sin salario porque SINTRAVID no les ha pagado”.
Esto, porque las deudas y retrasos en pagos se presentan con los profesionales tercerizados o “agremiados”, tal como lo denuncian a diario gran cantidad de profesionales de la salud de la institución contratados bajo esta modalidad.
“He realizado las gestiones pertinentes para poder cumplir con las obligaciones contractuales y laborales que tiene a cargo la institución que represento, por ello tampoco es viable afirmar que se deben salarios a los agremiados, toda vez que no se trata de servidores públicos”, sostuvo el gerente al respecto.
Adicionalmente, en la misma carta, el gerente del HGM se ratifica en su explicación de que la crisis se debe a que el hospital depende de la contratación con una sola EPS (no la menciona): “El flujo de recursos ha disminuido de manera ostensible, lo que nos ha llevado a que tengamos serios aprietos financieros”. Asevera que el presupuesto requerido para funcionar son $25.000 millones y solo viene recibiendo $16.000 millones por parte de las EPS y que se han hecho gestiones. Reiteró que en total la cartera de las EPS con el HGM es de $260.000 millones.
Sobre la inversión de $12.500 millones en nuevo sistema para transportar medicamentos, Córdoba argumenta que “los presupuestos de funcionamiento y de inversiones son independientes” y por tanto “si utilizáramos recursos de inversión en funcionamiento sería un traslado indebido que conllevaría consecuencias legales”.
Al respecto, dijo también que cuando asumió la gerencia encontró un hospital con tecnología obsoleta: “Hemos invertido significativamente en nuevas tecnologías y el mejoramiento de la planta física, priorizando el servicio a quienes más lo necesitan”.
