Hubo un hecho que llamó la atención en la mañana de este lunes, 7 de octubre, dentro de la audiencia de imputación de cargos contra Diana Toro, quien fue directora del Inder Medellín en la administración de Daniel Quintero en la ciudad.
Al preguntarle a la exfuncionaria por el domicilio para la notificación dentro del proceso que se le sigue por presunta corrupción, esta contestó que no daba su domicilio “por razones de seguridad”.
Le recomendamos leer: Fiscalía imputa a exgerente de Metroparques y a mega contratista de Quintero por contrato de Presupuesto Participativo
Lo que sí dejó entrever es que no está por fuera del país, pero tampoco se encuentra radicada en Medellín y presumiblemente sería a causa del temor a algo que amenaza su integridad.
La audiencia virtual que encabezó el juez 15 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías comenzó hacia las diez de la mañana, con una hora de retraso y duró aproximadamente hasta las 11:10 a.m. de este lunes.
Lo más relevante de la diligencia fue que el fiscal 40 delegado de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le hizo imputación de cargos a la exfuncionaria Toro por los presuntos delitos de peculado por apropiación relacionado con una cifra superior a los 1.900 millones de pesos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Estos cargos tienen que ver con los contratos interadministrativos que el Inder suscribió con Metroparques y que luego esta entidad tercerizó con la empresa Cyan Eventos y Logística, y que comprometieron recursos por más de 21.800 millones de pesos.
Además, le sugerimos visitar: Así se perdió la plata del Inder en la alcaldía Quintero
Por esas mismas movidas contractuales, a principios de este año ya habían sido imputados por la Fiscalía el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y el representantes de Cyan, Mauricio Jaramillo Botero. El primero, por presunta asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y el segundo, por asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos se remiten a las actuaciones relativas al contrato interadministrativo 6700013390 suscrito entre el Inder y Metroparques por 21.826 millones de pesos para ejecutar recursos de presupuesto participativo. Y posteriormente, para realizar las labores requeridas, Metroparques contrató a Cyan por $19.850 millones, lo que querría decir, según consta en el expediente, que se perdieron más de $1.600 millones, equivalentes al 8% del valor del contrato, que fue el monto cobrado por Metroparques solamente por hacer una invitación privada a tres empresas, entre las cuales terminó escogiendo a una que consintió durante todo el último cuatrienio.
Igualmente, le puede interesar: ¿La punta del iceberg? Los detalles de los 9 casos de presunta corrupción en el gobierno de Quintero
Después de la audiencia de este lunes, lo que viene, según el derrotero del procedimiento penal, es la formulación del escrito de acusación.
