El Colegio Mayor de Antioquia eligió diciembre, justo el mes en que la gente piensa más en rumbear que en estudiar, con el fin de desarrollar una estrategia para difundir la oferta académica de las tres instituciones educativas adscritas al Distrito (Colegio Mayor, Pascual Bravo e ITM) en distintas comunas de Medellín. En esta se gastó casi 2.000 millones de pesos.
Esto ocurrió hace 16 meses, pero es una de las actuaciones sospechosas del manejo de esta gran bolsa del Presupuesto Participativo en la administración de Daniel Quintero que está revisando la alcaldía de Federico Gutiérrez.
En realidad, se trató de una licitación con algunos aspectos opacos, a la que le dieron rienda suelta en septiembre en un cronograma apretado y que se comenzó a ejecutar el 11 de noviembre del mismo año con el plazo perentorio hasta el 31 de diciembre del mismo año para la ejecución.
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El objeto concreto era la “operación logística para incrementar el posicionamiento de la marca Presupuesto Participativo convenio directo y lograr que más personas de las comunas que priorizaron para esta estrategia visualicen en la educación superior de las 3 IES de Medellín, una posibilidad de cambiar sus estilos de vida”.
Pero el elemento más curioso es que aunque en la ciudad hay cientos de firmas que compiten en el campo de la publicidad, el posicionamiento de marca y la logística de eventos, la elegida fue Asercomunitaria y eso quiere decir que en solo 45 días la organización manejada por la familia de Alexis Castrillón facturó exactamente 1.989 millones de pesos, una cifra que cualquier empresa hubiera querido para cerrar el año con la caja llena.
Una profesora del Colmayor le contó a este diario de la extrañeza que les causó una vez en que vieron que estaban tratando de reunir líderes a las seis de la tarde de un viernes para esta campaña de posicionamiento.
No solo resulta extraño que se hubieran empeñado en una maratón de foros, reuniones y eventos con comunidades en las comuna 3-Manrique, 5-Castilla, 6-Doce de Octubre, 8-Villa Hermosa, 9-Buenos Aires, 12-La América, 13-San Javier y el corregimiento San Sebastián de Palmitas, en un periodo que cubría la temporada navideña; también hay elementos en el proceso de adjudicación que bien podrían analizar los organismos de control fiscal.
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Documentación que está disponible en la plataforma Secop de contratación oficial y que fue analizada por EL COLOMBIANO demuestra que tenían afán en gastarse la plata antes de que caducara la vigencia fiscal del rubro designado.
De hecho, el poco tiempo disponible fue una explicación repetida a varias entidades en la parte de habilitación previa a la presentación de propuestas cuando pidieron que se modificaran dos condiciones que las dejaban en desventaja: que el aspirante a contratista tuviera experiencia concretamente en las comunas donde se llevaría a cabo la intervención y que también contara con esa condición el coordinador del proyecto.
Veeduría objetó el contrato
De acuerdo con una fuente experta en estos asuntos y sin intereses concretos en este negocio específico, hay cierta contradicción en que en los estudios previos se incluyera un listado del Dane con una cantidad de sociedades comerciales de todo el Valle de Aburrá que prestan servicios en organización de convenciones y eventos y “otras actividades empresariales”, y no organizaciones sin ánimo de lucro, y luego en el pliego se pusiera el límite de que contaran con recorrido en las comunas, aunque posteriormente, en una adenda a los pliegos se bajó a que esta experiencia fuera tan siquiera en una de las zonas.
Casi una decena de firmas y personas manifestaron su deseo de estar en la puja y extraña que entre ellas estuviera —como si de hacerle competencia a Asercomunitaria se tratara— Innova con Amor, la corporación donde aparece como representante legal Diana Karina Arboleda, la cuñada de Alexis Castrillón.
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Sin embargo, según el registro de contratación Secop, en la parte final de la convocatoria quedaron apenas tres entidades: la Red Logística y Gestión SAS, la Corporación para el Desarrollo de Mi País y la Corporación para el Desarrollo Amigos al Servicio Comunitario (Asercomunitaria). Este último participante fue elegido “al ser el único que, luego de vencido el traslado del informe de evaluación subsanó la totalidad de requisitos habilitantes y obtuvo una calificación de 950 puntos en la evaluación de su propuesta”.
Curiosamente, por ejemplo Red Logística parecía esgrimir más pergaminos, siendo una firma de 9.300 millones de pesos en ingresos y experiencia de contrataciones en organizaciones de renombre como la ONU, Fiduciaria Bancolombia, Allianza Mayorista, Viva (la empresa de vivienda de la Gobernación de Antioquia) y Telemedellín.
Según documentos, habría tenido un peso preponderante la propuesta económica, donde la Corporación obtuvo 700 puntos contra 282,88 de la Corporación para el Desarrollo de Mi País y 337,29 de Red Logística y Gestión. La razón fue que en el ítem de precio por cantidades variables puso la cifra de 46’293.367 pesos contra $114’553.393 y $96’074.426.
Con frecuencia en estos concursos encontrarse con unas diferencias tan pronunciadas hace sospechar que el precio fue artificialmente rebajado y puede ser motivo de descalificación. Así lo alegó posteriormente la Veeduría Centro Nacional de Investigación, que el 8 de noviembre de 2022 pidió que se anulara la licitación.
No obstante, en su respuesta del 25 de noviembre del mismo año, el Colegio Mayor respondió que había pedido las explicaciones respectivas a Asercomunitaria y las consideró razonables. Los argumentos fueron que “cuentan con una capacidad instalada en cuanto a equipos e inventarios, capacidad financiera suficiente y alianzas estratégicas que le permiten hacer eficientes sus costos; así mismo, que cuentan con medios de transporte, equipos técnicos y tecnológicos, menaje, medios de comunicación y equipos audiovisuales que le permiten ofrecer los bienes y servicios que son objeto del contrato sin la necesidad de tercerizar asumiendo costos de intermediación”.
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Otro argumento para solicitar que se frenara el contrato fue una posible colusión entre Asercomunitaria y el Colegio Mayor debido a que previamente ambas instituciones habían celebrado contratos con un objeto y alcance similar. No obstante, Colmayor indicó que “Asercomunitaria ha sido previamente contratista de esta entidad, al igual que miles de contratistas más, sin que implique un impedimento para realizar nuevos contratos con aquel y aquellos”.
Un cuarto reparo de la Veeduría fue el supuesto capital de trabajo insuficiente y capacidad financiera real de Asercomunitaria, pero le ripostaron que esos no habían sido ítems evaluados en la licitación y que, transcurrido un 50% del plazo contractual y sin efectuar ningún desembolso, se había cumplido el cronograma, “lo cual demuestra su solvencia económica”.
Al ser consultado al respecto de este contrato por EL COLOMBIANO, el Colegio Mayor contestó por escrito que todo se ajustó a las normas y la ejecución al final llegó al 96% “según las evidencias (fotografías, videos, planillas, formatos, entre otros) y los informes presentados a la institución”.
No obstante, no se refirió a ninguna evaluación del impacto tangible que la intervención pudo tener para el logro de un posicionamiento que lleve a que más personas de las comunas donde se hizo se matricularan posteriormente en las tres instituciones de educación superior adscritas al Distrito de Medellín.
