“El nuevo atractivo turístico de una comunidad que ha resurgido de asesinatos sistemáticos y masacres como la de la Operación Orión”. Así describía una nota publicada en este diario en marzo del 2021, cuando superadas las restricciones del confinamiento por la pandemia, vecinos de todos los barrios de San Javier y de las comunas cercanas hacían fila para entrar en el Ecoparque que James Zuluaga y Gonzalo Yepes empezaron a construir en el 2018.
Pues bien, cuatro años más tarde, la noticia sobre ese atractivo que llegó a recibir, según su administrador, más de 1.000 personas al día, es que está agonizando. No solo porque después de una inspección Corantioquia ordenó vaciar las piscinas que eran la principal atracción, sino porque desde hace meses los antiguos socios están en una pelea de ida y vuelta en todas partes: las redes sociales, los juzgados, las estaciones de policía y los medios de comunicación.
Antes de entrar en la pelotera hay información que es clave: el terreno en el que está ubicado el Ecoparque es especial. Hace parte de la finca El Paraíso, la misma finca de 180 hectáreas (una de las más grandes en la zona urbana de Medellín) donde está ubicada La Escombrera, el sector donde víctimas, organizaciones sociales y el Estado llevan décadas buscando cuerpos de jóvenes que fueron desaparecidos en medio de los capítulos más crueles y todavía inacabados de la violencia urbana en Medellín. Así que alrededor del parque hay minas, carbón, arena y, probablemente, cadáveres. El Paraíso se llama.
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En la parte baja de la finca, donde poco o nada se puede construir porque es un área protegida, Zuluaga y Yepes empezaron el negocio con la construcción de una piscina natural que represó, con unos costales de arena inicialmente, pero luego con cemento, el cauce de la quebrada La Hueso, que nace en la parte alta de San Javier, atraviesa buena parte del occidente de la ciudad y desemboca en el Río Medellín cerca de La Macarena. Ahí nació la primera piscina y con ella el Ecoparque. La entraba costaba apenas $500 y con eso aparecieron las filas, los baños, la cafetería, el restaurante, los caballos, los marranos, las cuatrimotos y otras tres piscinas en un espacio de casi tres hectáreas.
Tres de esas piscinas fueron las que Corantioquia ordenó cerrar provisionalmente la semana pasada, el 24 de septiembre, con el argumento de que James Zuluaga nunca le pidió a la autoridad ambiental permiso para alterar el cause de la quebrada.
En este punto hay que aclarar que a pesar del éxito del negocio, el matrimonio comercial no duró mucho y Zuluaga se quedó solo con la administración de Ecoparque, aunque el terreno seguía siendo de Yepes.
Corantioquia ya había hecho una primera visita a El Paraíso hace un año, en septiembre del 2023, para revisar precisamente si había alguna irregularidad con el cauce de la quebrada. Desde esa visita, la entidad empezó un informe técnico en noviembre del año pasado e inició una investigación el pasado 18 de enero en la que, al parecer, poco se había avanzado hasta hace unos días.
Pues bien, el pasado 11 de septiembre, tras una solicitud de la concejala del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla (que se ha apersonado públicamente del caso), Corantioquia hizo una nueva visita en la que se dio cuenta de que además de las piscinas que había visto un año antes, ahora había una nueva de 10 metros de largo donde antes había una cancha de voleibol. “Estas intervenciones se realizaron a pesar del sancionatorio impuesto al señor James Zuluaga por las intervenciones realizadas previamente sobre la fuente hídrica”, se lee en la resolución por la cual Corantioquia ordenó el cierre preventivo de las atracciones.
Arbei Osorio, director de sostenibilidad de Corantioquia, explica que uno de los principales riesgos de estas piscinas que fueron construidas sin los respectivos permisos podría materializarse en una creciente súbita de la quebrada, pues esta en lugar de correr libremente se va a encontrar esos muros que pueden generar desbordamientos y afectar no solo a las personas sino a la infraestructura. “No sabemos si fueron diseñadas técnicamente, si tuvieron un estudio hidrológico, si tuvieron un diseño hidráulico para tener el adecuado funcionamiento en cualquier evento que presente la quebrada. Adicionalmente la zona donde están construidas están catalogadas en el plan de ordenación y manejo de la cuenca como una zona de amenaza media”, explica el funcionario.
Aunque reconocen que no cuentan con los permisos para afectar el cauce de la quebrada, James Zuluaga y los demás trabajadores del Ecoparque creen no solo que es algo que puedan subsanar, sino que el cierre de las piscinas y el ahogamiento del Ecoparque son el resultado de “un ataque político y económico” de su otrora socio.
Y es que, como se dijo antes, desde que se separaron comercialmente, Zuluaga y Yepes están en una pelea de demandas y acusaciones de toda índole. El primero asegura ser el poseedor del terreno en el que está el Ecoparque, mientras que para el segundo Zuluaga es un usurpador. Como Yepes es el dueño del lote y por ende de la entrada al Ecoparque, ya puso una especie de peaje de $2.000 para los carros que quieran subir, alegando que es una propiedad privada y que con eso mantiene la vía, que, dicho sea de paso, es un camino de piedra. Además, cerró el paso peatonal por la entrada principal del parque.
Así que en un lapso de tres meses, el Ecoparque se quedó no solo sin piscina sino sin entrada principal e igual de vacías como quedaron las represas quedó el resto del espacio en el que alguna vez alguien dijo que se escribiría un nuevo capítulo sin violencia.
