“(...) este despacho considera que la adición al mencionado contrato no se justificó adecuadamente con lo planeado en el documento de estudios previos, lo que permite inferir con probabilidad de certeza que, el investigado desconoció el principio de planeación que regula los procesos estatales de contratación”, se lee en el auto.
El escándalo conocido como el de los contratos fantasma se conoció en octubre de 2023, luego de que salieran a flote múltiples denuncias sobre contratistas que devengaban ingresos del canal, pero que no trabajaban en el mismo.
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Dentro de los ejemplos más controversiales sobresalían casos como el de Camilo Andrés Pedraza, conocido en Bogotá como el jefe de prensa del movimiento Independientes y que en el papel aparecía supuestamente vinculado al canal de Medellín como un ejecutivo de cuenta y devengando un salario de por lo menos $3.453.600.
En la lista de contratados también aparecían fotógrafos y asesores que según testigos trabajan de lleno en labores políticas para allegados del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
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Todas esas vinculaciones se produjeron por cuenta de un convenio interadministrativo firmado entre la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía y Telemedellín, por un valor de $12.406 millones; este a su vez, empleado para la firma de otro contrato directo por $10.900 millones con una firma identificada como Maxempleos, que se encargaba de la vinculación de los cuestionados trabajadores.
Según se lee en el auto, la Procuraduría decidió, por otro lado, terminar el proceso a tres exfuncionarios implicados: los exsecretarios de Comunicaciones Juan José Aux Trujillo y Clara Inés Izquierdo Jiménez, así como a Juan Carlos Gómez Henao, este último en calidad de antiguo miembro del comité de estructuración y evaluación contractual.
Pese a que el grueso de las denuncias que se conocieron en 2023 se enfocaban en la presencia de contratistas que no desempeñaban funciones para el canal y estaban involucrados en labores políticas, en el caso de Aux Trujillo la Procuraduría enfocó sus pesquisas en si este habría violado los principios de transparencia y selección objetiva cuando, siendo secretario, participó en la etapa precontractual del controvertido convenio.
A luz de ese enfoque, la Procuraduría concluyó que el convenio interadministrativo se había estructurado con base en los manuales de contratación, decidiendo entonces terminar el proceso para Aux y para Gómez Henao.
En el caso de Izquierdo Jiménez, el ente señaló que para el momento de la realización del contrato esta no ejercía el rol de Secretaria de Comunicaciones.
