En medio de las investigaciones que cursan en la Fiscalía y órganos de control por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero se conoció que la Personería de Medellín ejecutó un proceso de vigilancia administrativa a un contrato interdaministrativo suscrito entre el Inder y Metroparques, dos de las entidades del conglomerado público de Medellín inmersas en dichas investigaciones.
Desde el Ministerio Público informaron que la vigilancia administrativa, que forma parte de un proceso disciplinario pero que también es un caso investigado aparte por la Fiscalía, se hizo luego de recibir un reporte del Observatorio de Participación Ciudadana, según el cual existieron presuntas irregularidades en la ejecución de recursos de presupuesto participativo priorizados para actividades del Inder y ejecutados en las vigencias 2020 y 2021.
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En concreto, se trata del contrato interadministrativo 6700013390 de 2020, por valor de $21.826 millones, cuyo objeto era gerenciar, coordinar y ejecutar dichos recursos “para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas conforme a los lineamientos de la oficina asesora de planeación, así como los proyectos priorizados del programa planeación local y presupuesto participativo del Inder”.
Ahora, tras el proceso de vigilancia administrativa y revisada la información suministrada por el instituto de recreación y deportes, la Personería de Medellín identificó que en el desarrollo del mencionado contrato interadministrativo Metroparques suscribió contratos con otros proveedores para prestar los servicios requeridos, lo que permitiría inferir que no contaba con la capacidad para cumplir el objeto contractual.
“(Metroparques) no contaba con los medios para satisfacer por sí misma la supuesta necesidad del Inder, siendo este un presupuesto necesario, conforme a la ley y la jurisprudencia, para la realización de este tipo de contratos, puesto que la entidad estatal ejecutora debe contar con la idoneidad técnica y experiencia operativa para acometer de manera directa el objeto de la contratación”, indicaron desde el Ministerio Público.
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Este caso también avanza entre las investigaciones de la Fiscalía a contratos de la pasada administración que estarían cargados de presuntas irregularidades. Por estos hechos, el pasado enero se conoció que el ente acusador imputó al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y al representante legal de la empresa Cyan Eventos Mauricio Jaramillo Botero. Esta última, la empresa que Metroparques subcontrató por un valor de $19.850 millones, para que cumpliera el objeto del contrato interadministrativo con el Inder.
El primero fue imputado por los delitos de asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El segundo, por los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Lo que trata de establecer la Fiscalía es qué pasó con casi $1.700 millones, el 8% del valor del contrato interadministrativo con el Inder, que fue lo que cobró Metroparques para luego hacer una invitación privada a tres empresas, entre las cuales terminó escogiendo a Cyan, consentida durante todo el último cuatrienio en temas de contratación, como lo es el caso de la megacarpa del Juan Pablo II, también envuelta en problemas.
Ahora, en consideración de la Personería, estas presuntas irregularidades “podrían implicar una manera de eludir la contratación en términos de igualdad, objetividad, imparcialidad y transparencia, valiéndose de una figura que facilita la contratación de terceros sin atender a las normas y principios de la contratación estatal”.
En este mismo sentido, para el Ministerio Público también es tema de indagación que el Inder contratara con otra entidad para desarrollar actividades propias de su misionalidad y su objeto social, por lo que, en principio, se considera innecesario haber contratado a Metroparques para que ejecutara el objeto del contrato y que, además, lo hiciera a través de un tercero particular.
Ahora, con esos casi $1.700 millones que el Inder le pagó a Metroparques como honorarios de administración, la Personería busca establecer si al escoger esa modalidad de contratación se habría incurrido en un posible detrimento patrimonial. “Una vez adelantada la etapa investigativa, el delegado instructor del proceso, con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión que en derecho corresponda, esto es, formular pliego de cargos o archivar las diligencias”, puntualizaron desde el ente local.
