Entre los señalados hay una empresa de telas a la que contrataron para hacerle mantenimiento al Parque de las Aguas.
La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que, tras meses de investigaciones, encontró presuntas irregularidades en al menos seis contratos de la Alcaldía de Medellín que suman 67.586 millones de pesos.
Por esto, el fiscal Francisco Barbosa informó que imputará a siete exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, pero también a seis particulares con quienes se firmaron los contratos que ahora son materia de investigación.
Es el caso, por ejemplo, de Luz Eliana Henao Rodríguez, quien era la gerente y representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S., la cual que fue subcontratada por Metroparques en noviembre del 2020 para “proveer el servicio de conservación de jardines, árboles juveniles y mantenimiento (sic) de zonas verdes de la ciudad de Medellín”, por un valor de $3.900 millones. Una labor que en la ciudad había realizado durante décadas el Jardín Botánico.
Henao es esposa de Asdrúbal Vélez, dirigente liberal de Andes, y madre de Stiven Vélez, concejal del municipio por la misma corriente política. Los Vélez Henao, aseguran algunas fuentes, son muy cercanos al representante a la Cámara del partido Liberal, Luis Carlos Ochoa, quien a su vez ha sido cercano al exalcalde Daniel Quintero.
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Sobre el proceso de adjudicación de ese contrato se denunciaron irregularidades desde hace más de un año y ahora la Fiscalía las ha corroborado. Para su entrega, Metroparques realizó una invitación privada (es decir, seleccionó a dedo) a tres empresas de la familia del dirigente liberal: El Líbano S.A.S, Construgeo S.A.S y Mascampo S.A.S.
La Veeduría también había denunciado ante los organismos de control que las dos ofertas presentadas por Construgeo y Mascampo, las que no fueron escogidas, eran idénticas.
Además de Henao, también serán imputados por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques.
Otro de los contratistas señalados por el fiscal Barbosa es Mauricio Jaramillo Botero, el representante legal de Cyan Eventos y Logística, una de las firmas mimadas de la administración actual, que le ha entregado contratos por casi $50.000 millones, mientras que en el periodo previo obtuvo contratos por menos de una tercera parte de esa cantidad.
La mayoría de esos contratos se han entregado de forma directa a través de Metroparques.
El ente investigador le imputará a Jaramillo el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en la celebración de contratos, por un convenio de apoyo logístico que suscribió en 2020 con Metroparques al que se le hicieron tres adiciones presupuestales que ascendieron su valor a $24.205 millones y varias prórrogas en el cronograma de forma, aparentemente, injustificada.
Por este mismo delito deberán responder la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta, y, otra vez, el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano Ospina.
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En mayo del año pasado, la Procuraduría le pidió a la Alcaldía información sobre la contratación que había suscrito con esta firma desde 2020 y aún así, desde ese momento hasta hoy Cyan ha obtenido por lo menos diez contratos por más de $5.700 millones, incluido uno bastante jugoso para operar eventos en la Feria de las Flores.
El pasado mes de marzo, también la Veeduría Todos por Medellín había allegado a la Fiscalía una denuncia contra varios funcionarios debido a que, en su concepto, había indicios de presunto interés indebido en la celebración de contratos a través de convenios interadministrativos, mediante los cuales una entidad de la administración contrata con otra del Distrito y esta a su vez les puede entregar los contratos a firmas privadas sin pasar por licitaciones.
De nuevo, en esa denuncia se menciona a Cyan como beneficiaria de un contrato por $19.850 millones del Presupuesto Participativo, dentro de la modalidad de invitación privada, que presuntamente estaría direccionado. El objetivo era operar torneos barriales y dar implementos deportivos. Todos por Medellín solicitó que se investigue por qué se adjudicaron a un solo operador todas las actividades encargadas por el Inder a Metroparques, “incluyendo el suministro de bienes, tales como uniformes, valores, papelería y demás”, y señaló que las otras dos propuestas que se presentaron con Cyan no habrían sido competitivas.
La última denuncia de EL COLOMBIANO sobre Cyan, el pasado mes de agosto, tuvo que ver con la asignación a dedo del contrato para operar un espacio en el aeroparque Juan Pablo II donde suelen instalar la Carpa Cabaret en la Feria de las Flores, para el usufructo hasta el año 2026.
Francisco Barbosa también señaló en la tarde del jueves a Juan Alexánder Pino Jaramillo, Yamileth Galíndez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia, representantes legales de las empresas JPino, Uno A Soluciones y Estructuras Zafiro, respectivamente.
Estas tres empresas fueron subcontratadas por el Área Metropolitana, a través de Metroparques, para hacerle mantenimiento al Parque de las Aguas entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 por $17.400 millones.
La Fiscalía dice haber encontrado anomalías en los tres contratos firmados con estas empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021. Por ejemplo, la comercializadora JPino SAS es una empresa creada en 2019 se dedicada al sector textil, que hasta tiene página en Facebook para vender ropa.
Entre 2020 y 2023, la empresa ha celebrado 35 contratos con Metroparques que suman más de $3.500 millones, en los que se le han encargado hacer cosas como acondicionar el avión del Parque Norte o comprar los elementos de Bioseguridad para el Parque de las Aguas. De acuerdo con la información disponible en el Secop, JPino no ha tenido nunca contratos con otra entidad pública que no sea Metroparques.
Las tres compañías fueron mencionadas por la veeduría Todos por Medellín en su denuncia sobre el modus operandi del llamado presunto Cartel de la Contratación de la alcaldía de Medellín. En ese informe, presentado en septiembre pasado, la veeduría tomó una muestra de 22 empresas que han firmado contratos presuntamente amañados a través de Metroparques por valor de 120.000 millones de pesos.
Uno A Soluciones, nació en marzo de 2021 y en junio ya tenía contratación con la administración municipal, igual que Zafiro. Un detalle adicional es que aparentemente eran empresas de papel cuyas únicas operaciones se desarrollaban a través de los contratos con Metroparques para mantenimiento, aunque su objeto legal las identificaba como importadoras de telas.
Por estos tres contratos, la Fiscalía también le pedirá explicaciones al representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Álvaro Alonso Villada García, y a los exgerentes de Metroparques Jorge Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez.
Asimismo, deberá responderle a la justicia Henry Paulison Gómez, el representante legal de Colombia Avanza por el supuesta corrupción en unos contratos del programa de atención a la primera infancia, Buen Comienzo durante la pandemia.
A comienzos de este año la Fiscalía ya había imputado a Gómez, a la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, y a Lina María Gil, la exdirectora técnica de Buen Comienzo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.
A esa imputación, la Fiscalía le sumó una nueva por peculado por apropiación pues la entidad habría identificado pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran cumplido servicios que nunca habrían cumplido, lo que habría generado un detrimento de $1.400 millones.
EL COLOMBIANO denunció en su momento que la distribución de los mercados se hizo en carros dispuestos por la misma Alcaldía, fue apoyada por funcionarios y se usó una bodega de propiedad del Municipio en la Plaza Mayorista. Fuera de eso, se habrían variado las cantidades de productos que aparecían en el listado inicial.
Gómez es sobrino de Gloria Montoya, quien fue alcaldesa encargada de Bello cuando César Suárez Mira fue suspendido por su proceso judicial por la falsificación de su diploma. Montoya también fue gerente de la Gerencia de Seguridad Alimentaria de Antioquia en la Gobernación de Luis Pérez y fue diputada de Antioquia.
