A Hernán Darío Castrillón le estallaron los ojos a golpes el 10 de julio de 2022. Su pecado fue pedirles a los vecinos en el barrio La Colina, en Guayabal, moderar el ruido de la fiesta que tenían montada hacía dos días, y así poder leer un poco.
En la noche del pasado Día de la Madre, a Gilberto de Jesús Alzate le arrancaron la vida a puñaladas porque les pidió a sus vecinos en el barrio Santa Cruz bajarle a la música para poder dormir. En la madrugada del pasado 30 de junio, una moto de la policía terminó incinerada en Aranjuez luego de que dos policías intentaran conciliar con un grupo de personas para que le bajaran al ruido que tenía a toda una cuadra en vela. A la familia de Isabel y otras dos más les tocó marcharse el año pasado de Castilla, la primera por amenazas tras denunciar a establecimientos ruidosos, y a las dos restantes porque en cuestión de dos años el ruido erosionó la salud de varios de sus integrantes.
Y en un sector del barrio Lalinde, en El Poblado, medicarse con pastillas se convirtió en la única manera de conciliar medianamente el sueño para decenas de personas azotadas por el bullicio de una comuna convertida en zona de diversiones, sobre todo para turistas.
Cuando se dice entonces que en Medellín y buena parte del Valle de Aburrá el ruido mata, mutila, desplaza y enferma, se dice en sentido literal.
El ruido junto a la mala calidad del aire son las principales amenazas por contaminación ambiental al bienestar humano.
En Medellín, lejos de ser una mera percepción, la contaminación acústica ha desatado una crisis cuya gravedad no parece dimensionarse aún lo suficiente.
Los últimos mapas del ruido para los 10 municipios del Valle de Aburrá, que actualizó el año pasado el Área Metropolitana, arrojan que, según el Índice de Contaminación Acústica Per Cápita, de los 626 barrios en los que se dividen Medellín y sus nueve municipios vecinos, 552 barrios presentan algún grado de contaminación por ruido y solo 74, según dichas mediciones, están libres de contaminación acústica tanto diurna como nocturna. Quiere decir que el 88% de los todo el Valle de Aburrá habitado está permeado por el ruido.
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Pero el panorama es aún más adverso al hacerle zoom a esos indicadores.
Las mediciones que utiliza el Área Metropolitana para actualizar los mapas de ruido se apoyan en lo que determina la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, que rige la manera en la que se miden los decibeles permitidos en todo el país, dependiendo la actividad y el uso del suelo. El problema, según el abogado Camilo Quintero Giraldo, es que la resolución quedó obsoleta, pues en estos 18 años las dinámicas de las ciudades han cambiado radicalmente y, además, ha surgido nueva evidencia sobre los impactos del ruido en la salud y el bienestar humano exigiendo cambios de paradigmas para enfrentarlos.
El otro asunto problemático es que una cosa es lo que consta en esos informes técnicos y otra diferente la que pasa en la vida real. Según el mapa de ruido de Medellín, de los 278 barrios que la conforman hay 34 que no presentan ningún grado de contaminación acústica diurna ni nocturna. En esos figura, por ejemplo, Manila, un barrio en el que desde 2021 sus habitantes, a través de organizaciones como la Mesa Ambiental de El Poblado, han denunciado que el drástico cambio en la vocación del sector, orientada ahora para el hospedaje, ocio y disfrute de turistas con rumbas al aire libre y masiva llegada de establecimientos comerciales, se convirtió en un motor de desplazamiento de residentes tradicionales y conflictos de convivencia.
Según este mapa, el porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido en Medellín pasó de 9,2% en 2018 a 10,7% en 2023. El 54% de los habitantes, según Medellín Cómo Vamos, se siente insatisfecho con el ruido de la ciudad.
El ruido acecha en todas partes
De acuerdo con el mapa de ruido de Medellín, la principal fuente de contaminación acústica en la ciudad es el parque automotor. La edificación de la ciudad, particularmente de zonas residenciales en inmediaciones de autopistas, vías regionales y principales es una decisión que hoy pasa factura a la salud pública.
Según explicó Juan David Berrío, del equipo de Calidad de Aire del Siata, en el espacio de pedagogía a la ciudadanía que tiene el Área, las mediciones que hacen la entidad y la Universidad San Buenaventura (a cargo de los mapas del ruido) prioriza el análisis de fuentes de contaminación como el parque automotor, el sistema masivo del metro (incluyendo el tranvía y articulados) y el ruido industrial, pues por la prolongada exposición a la que someten a las personas son las que se asocian a los impactos a largo plazo como altos niveles de estrés, alteraciones del sueño, desequilibrios hormonales y surgimiento de patologías crónicas como diabetes e hipertensión.
El asunto es que las decenas de testimonios recogidos en casi todas las comunas dan cuenta de que eso que técnicamente se ha conocido como fuentes cortas: el ruido de discotecas y el mal vecino bulloso, por ejemplo, se convirtieron en fuentes fijas y constantes de contaminación acústica. Y en esto tienen mucho que ver el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 y la falta crítica de educación ambiental en la ciudad.
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Según la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, entre el 1° de enero y el 21 de julio ingresaron a la línea de emergencia 83.712 llamadas por perturbación de la tranquilidad por alto volumen, y fueron atendidos por policía 49.639 casos (en todo 2023 fueron casi 86.000 llamadas). Quiere decir que cada día hay 412 llamadas implorando ayuda. Pero la ayuda no llega.
Hace exactamente un año un grupo de vecinos del barrio Conquistadores logró un triunfo en su batalla contra el ruido que, desafortunadamente, es una rareza respecto a lo que padecen cientos de comunidades. También dejó retratado el largo y frustrante proceso que enfrentan quienes deciden emprender acciones contra el ruido en Medellín.
El infierno para ellos comenzó en agosto de 2022, cuando abrieron la discoteca Paradise, sobre la 33. Un par de semanas le bastaron al ruido de Paradise para hacer colapsar la salud de sus vecinos. El intento de conciliación fracasó por la negativa del propietario de insonorizar su establecimiento. Cuando intentaron con las herramientas con las que cuenta cualquier ciudadano para acudir a la institucionalidad, se encontraron con que la Secretaría de Salud le chutó el problema a la de Ambiente, esta hizo lo mismo con la de Seguridad, y esta a su vez le tiró el tema al Área Metropolitana que los mandó a Control Urbanístico.
Fue ahí cuando apareció el abogado Lucas Quintero, curtido en lidiar con estos casos, logró, tras empapelar al Distrito, que le aprobaran la medición de decibeles a Paradise, la prueba reina que tras dos largos meses de espera arrojó que la discoteca producía contaminación acústica similar a la de una zona franca, portuaria o industrial.
Después de casi 10 meses, dos sellamientos, el cierre por parte de la Secretaría de Salud, un expediente en la inspección de Belén; una tutela por vulneración al derecho a la salud; cientos de derechos de petición y afectaciones a la salud y problemas de todo tipo, lograron que Paradise se marchara y recuperaron algo de paz, aunque ahora lidian nuevamente con otras dos discotecas.
Para el abogado hay dos conclusiones demoledoras del problema en Medellín: la primera, dice, es que es evidente que la capacidad operativa del Distrito para hacer mediciones y tomar decisiones respecto a los infractores y en protección de la ciudadanía está completamente desbordada. Actualmente, él lleva procesos contra establecimientos ruidosos en la 33 que siguen operando a pesar de haber sido sancionados.
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Y en Lalinde, El Poblado, tiene desde febrero mediciones de ruido que arrojaron decibeles peligrosos para la salud de decenas de vecinos de un establecimiento que, pese a todo, sigue operando como si nada.
Su otra conclusión es que existe negligencia sistemáticas de una administración tras otra para reconocer que el POT exige priorizar el derecho de los residentes, así como los establecimientos de salud y cuidado. Y, en lugar de esto, apunta, han favorecido a los comerciantes y empresarios del entretenimiento en la ciudad amparados en la mixtura del uso del suelo que contempla dicho POT de hace 10 años.
De hecho, la mencionada Paradise quedaba a menos de 100 metros de la clínica de Salud Mental Sameín, y en Manrique, por citar solo otro caso de los cientos que ocurren en Medellín, en promedio cada dos meses abren una discoteca o negocio ruidoso cerca a casas de cuidado de adulto mayor.
¿La guerra está perdida?
Hace un mes el proyecto de ley contra el ruido, del representante Daniel Carvalho, superó su segundo debate en Cámara. La creación del proyecto, que esperan que supere los dos debates restantes en Senado y se convierta en ley a más tardar en diciembre, la lidera Camilo Quintero Giraldo, quien señala que el principal objetivo es subsanar los vacíos de la resolución obsoleta de 2006.
Según explica el abogado, lo que persiguen es que esta sea una ley que aplicable y no llegue a rellenar el anaquel de normas y medidas que no pasan del papel. Por ejemplo, uno de los cambios concretos que tendrá la lucha contra el ruido si este proyecto se convierte en ley, apunta Quintero, es que los distritos y municipios tendrán que construir planes de gestión del ruido en consenso con la ciudadanía y enfocado específicamente en el contexto de cada ciudad y municipio.
“Uno de los grandes problemas de esa resolución es que es una normatividad nacional dispersa. No es lo mismo el contexto social, económico y cultural de Bogotá, Pasto o Medellín y la Costa, entonces los planes de gestión deben responder a estas características específicas”, señala.
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La otra herramienta que crearía la ley, también incluida en estos planes de gestión, sería la obligación de las administraciones locales de establecer una ruta específica para los procesos que requiera la ciudadanía para, por ejemplo, denunciar a un establecimiento, industria o cualquier otro infractor causante de ruido nocivo. Esto acabaría con la práctica de poner a la ciudadanía a voltear de un lado para el otro mientras las entidades se lavan las manos, como le ocurrió a los vecinos de Conquistadores y como lo padecen en este momento miles de comunidades.
El proyecto ya cuenta con concepto favorable por parte de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para modificar el Código de Policía y darle mejores herramientas a los uniformados para atender este tipo de casos. Con esto buscan fortalecer la actuación policiva y evitar que se caigan procesos sancionatorios por malos procedimientos.
Para este fin, detalla Quintero, también exige a las alcaldías robustecer su capacidad para hacer mayores y mejores mediciones que agilicen los procesos, que se endurezcan las sanciones y (esto es fundamental) que se persiga al titular del establecimiento infractor, pues de acuerdo con el líder del proyecto antirruido, mientras se surte el trámite administrativo, se hacen mediciones y se sanciona, llegan a pasar hasta 3 años, pero para entonces los establecimientos cambian de titular, pagan una multa irrisoria de dos o tres millones de pesos y el proceso se cae.
De ser ley, también deberá crearse un sistema de vigilancia sobre el ruido orientado por el Ideam, algo como el sistema de monitoreo de calidad del aire que tiene el Siata. En esto el Valle de Aburrá lleva tarea adelantada sobre el resto del país, reconoce Quintero.
Que se convierta en ley antes de que acabe el año también podría tener grandes repercusiones en Medellín, pues el proyecto contempla que el ruido se convierta en un determinante ambiental para planificar la ciudad en el POT, y el próximo año arranca la discusión para la actualización del mismo en la capital antioqueña.
Según Lucas Quintero, si la revisión que se hará del POT es para actualizar asuntos puntuales del mismo, una medida perfectamente alcanzable en el mediano plazo como solución de fondo para combatir el ruido en Medellín sería establecer una cuota por polígonos de establecimientos cuya actividad sea similar, esto tendría efectos concretos para atender problemáticas que viven comunidades como en Manrique la 45, el corredor del Tranvía y ese caótico tramo entre la 92 y San Cayetano, Aranjuez.
A la espera de que el proyecto termine exitosamente su tránsito en el Congreso, Camilo Quintero dice que es posible hablar de algunos logros parciales: que la ciudadanía esté hablando ahora del ruido como un problema crítico en su cotidianidad, lo que abre a su vez la necesidad de campañas pedagógicas más ambiciosas. Por otro lado, que cada vez más las administraciones se le midan a hablar y enfrentar el problema, y en este punto resalta el liderazgo que han asumido Cali, Medellín y el municipio de La Ceja.
Medellín estableció en su Plan de Desarrollo cinco indicadores a cargo de la Secretaría de Ambiente en torno al problema de la contaminación acústica, que incluyen estudio de zonificación, acuerdos voluntarios y capacitación a conductores. El presupuesto para la gestión de emisiones contaminantes (aire y rudo) es de menos de $2.600 millones. Camilo Quintero los considera poco ambiciosos, pero reconoce que la alcaldía tiene funcionarios técnicos que en este momento con las uñas están intentando conformar un protocolo de gestión del ruido. Pero al margen de que haya una ley que ayude a enfrentar el problema, expertos y afectados concluyen que se necesita una transformación cultural; erradicar la idea de que el que más ruido hace es el que más vende o que la ciudad es para los que disfrutan del bullicio y para los demás queda el destierro, la enfermedad y la mala vida.
