El consorcio que resultó ganándose en junio pasado la cuestionada licitación para mejorar la malla vial de Medellín, que comprende trabajos por $65.026 millones y que durante su adjudicación encendió las alarmas de varios entes de control, ya no quiere ejecutar la obra.
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Tan solo diez días después de quedarse con ese megacontrato, el Consorcio Construcciones C-2023 entregó a la Secretaría de Infraestructura de Medellín un llamativo oficio en el que pidió su bendición para salirse del proyecto y que otra empresa sea la encargada de esos trabajos.
En dicho documento, que con su anexos tiene una extensión de 188 páginas, el representante legal de ese consorcio, Brayan Estiven García Castaño, no solo dice que su empresa estaría a las puertas de ganarse un contrato más grande, que de asumirlo pondría en riesgo su capacidad para cumplirle a la Alcaldía de Medellín, sino que postula de una vez a un consorcio para asumir los trabajos.
“(...) hemos sido preseleccionados dentro de un proceso de contratación privado de una cuantía mayor, que de resultar adjudicatarios coparía la totalidad de la disponibilidad de nuestra infraestructura física y financiera, aspectos que nos llevan a evaluar la posibilidad de ceder totalmente los derechos y las obligaciones en lo que respecta a nuestra participación del contrato”, se lee en la carta.
Para expertos en contratación, la peculiar solicitud no solo llama la atención por producirse a tan poco tiempo de la adjudicación, sino por poner a las puertas de esa intervención a un consorcio que ni siquiera lideró los puntajes de ese proceso y que, además, arrastra cuestionamientos.
Una licitación con alertas
La polémica por el contrato de construcción y mantenimiento vial entregado por la Secretaría de Infraestructura se remonta a junio pasado, cuando en medio de múltiples alertas de los entes de control esa dependencia tuvo que aplazar dos veces la adjudicación de esas obras. Dicho contrato, que tuvo una asignación de $70.000 millones, tuvo 10 empresas interesadas.
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Pese a que comienzos de junio pasado uno de los oferentes más opcionados para ganar la licitación era el Consorcio Génesis, que entregó la propuesta de menor cuantía ($63.603 millones), fue sacado del camino por cuenta de un concepto emitido por la Alcaldía en el que se planteó un supuesto riesgo de que los precios fueran artificialmente bajos.
Aunque en aquel momento Génesis se defendió planteando que, gracias a tener una participación mayoritaria en una productora de asfalto podía ofrecer precios más competitivos, la Alcaldía se mantuvo en que esa oferta estaba $1.132 millones por debajo del mínimo aceptable.
Al tiempo que entes como la Personería pidieron que la licitación se blindara para que hubiera más garantías para todas las empresas participantes, logrando que la audiencia de adjudicación se aplazara del 8 al 15 de junio, y luego del 15 de junio al 20 de junio, en esta última fecha finalmente se terminó entregando el contrato. El consorcio escogido, Construcciones C-2023, aparece integrado por las empresas Construcciones Diseños y Obras Civiles S.A.S., Infraestructura de Colombia S.A.S. - Infraco S.A.S., Liberty Constructora del Cariba S.A.S. y Técnica Civil S.A.S.
Pese a que el contrato fue suscrito el pasado 30 de junio, por un valor de $65.026 millones y un plazo de 6 meses, ese mismo día el consorcio ganador entregó al Distrito el polémico oficio pidiéndole permiso para ceder la obra.
Según advierten expertos consultados, pese a que las cesiones son un instrumento natural contemplado en las normas que rigen la contratación pública, por lo general suele ser usado cuando una empresa empieza a ser investigada por órganos como la Procuraduría o la Contraloría y tiene riesgo de verse inmersa en una inhabilidad.
En el caso de las obras de construcción y mantenimiento vial, lo más atípico, advierten, es que la figura se hubiera invocado a tan poco tiempo de firmado el contrato.
Además de esa peculiar solicitud, en la que Construcciones C-2013 reseña estar preseleccionada para otro contrato que no se especifica, ese consorcio postuló como su sustituto a la sociedad Megaproyecto Vial Siglo XXI, que pese a presentarse a esa misma licitación y cumplir con sus requisitos básicos, no fue una de las empresas que lideró los puntajes.
Esta empresa, que en su certificado de proponentes reportó un patrimonio de $23.960 millones y un activo total por $30.044 millones con corte a diciembre pasado, registra experiencia principalmente en el departamento de Córdoba y su capital Montería.
En los sistemas de contratación de Medellín, la empresa aparece con tres contratos firmados con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por un monto total de $13.876 millones, todos bajo los modelos de invitación abierta o privada y entre 2020 y 2021; todos ellos, por un valor muy por debajo de los $65.026 firmados por Construcciones C-2023.
Aunque la solicitud de sesión fue entregada desde el pasado 30 de junio, la misma aún no ha sido resuelta por la Secretaría de Infraestructura, la única que tiene la potestad para avalarla o negarla.
