El Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia absolutoria de primera instancia a Néstor Hincapié Vargas, exrector de la Universidad de Medellín, por el caso del diploma que ese centro de estudios le otorgó al excongresista Julián Bedoya y las irregularidades que presumiblemente rodean la obtención de su título como abogado en esa institución.
Este renombrado proceso judicial terminó investigado por varias autoridades para determinar si Bedoya usó su investidura como congresista, entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019, para obtener ventajas que le permitieran conseguir de una forma rápida el título de abogado y con una normativa al parecer ajustada a sus intereses.
Ya en un fallo de primera instancia, en proceso disciplinario de carácter administrativo, la Procuraduría conceptuó que sí lo hizo y por esa razón en enero pasado le impuso un castigo consistente en una suspensión de 10 meses y una inhabilidad especial para el ejercicio de cargos públicos. A mediados de 2022, el Ministerio de Educación lo había inhabilitado para ocupar cargos públicos por cinco años.
Ahora, tras revocar la absolución en un fallo con fecha del viernes pasado pero que se conoció este lunes, 6 de mayo, el Tribunal profirió una primera sentencia contra Hincapié al ser hallado responsable penalmente “del delito de falsedad ideológica en documento público”, consagrado en el artículo 286 del Código Penal.
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Así las cosas, el exrector fue condenado en calidad de autor doloso a 70 meses de prisión, igual que a una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el término de 86 meses.
Sin embargo, la sentencia le concede a la vez el beneficio de la prisión domiciliaria, para lo cual deberá “prestar caución prendaria por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente so pena de ser revocado el mecanismo alternativo”.
En este caso, en su acusación, la Fiscalía manifestó que Hincapié había realizado una coordinación con profesores y funcionarios de la Universidad de Medellín para otorgarle el título al polémico político liberal, quien es señalado e investigado por no haber cumplido con los distintos requisitos para graduarse.
“Para la fiscalía, el doctor Néstor habría tenido tres comportamientos puntuales: que habría firmado el diploma de Bedoya, que habría organizado la coordinación, y que habría presentado excusas que para la Fiscalía no cabían como relacionadas con la actuación de la Universidad de Medellín”, explicó en su momento el abogado defensor del exrector, José Díaz.
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Según Díaz, para que en primera instancia hubiera absolución -en un fallo del pasado 15 de enero proferido por el Juzgado 5 penal del Circuito de Medellín- se pudo demostrar que entre el 13 y el 30 de septiembre de 2018 —cuando Bedoya se reincorporó a la Universidad de Medellín gracias al aval del Consejo Académico encabezado en esa época por el subsecretario de la Universidad Juan Felipe Hernández—, Hincapié se encontraba en España, por lo que no habría tenido nada que ver con la decisión del reingreso del excongresista.
Pero ahora, la consideración del Tribunal Superior es distinta al fallar la apelación que interpusieron en su momento los delegados de la Fiscalía y de la Procuraduría, lo mismo que abogado que actuó en nombre de la U. de M.
Los otros incluidos en el fallo
Dentro de la misma determinación, el Tribuanal Superior revocó así mismo la sentencia absolutoria de primera instancia que favorecía a los profesores, también investigados en el caso, John Mario Ferrer Murillo, Julián Orlando Rendón Toro, Juan Carlos Hoyos Loaiza y Saúl Alonso Benítez Urrego. A todos ellos les impuso también condena por el mismo delito de Hincapié, pero en calidad de intervinientes, con lo cual deberán cumplir una pena de 54 meses y una inhabilidad de 66 meses para ejercer funciones públicas. Y a los cuatro se les concedió, de la misma manera, la prisión domiciliaria.
En el documento de 118 páginas, también se confirmó la sentencia condenatoria proferida por la primera instancia en contra de los coacusados Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández Giraldo, contra quienes esta nueva sería la segunda sentencia de condena.
La primera “deberá soportar una pena de inhabilitación de derechos y funciones públicas por 65 meses”, mientras que Hernández Giraldo “deberá soportar una pena de prisión de 54 meses y la inhabilitación de derechos y funciones públicas por 66 meses”, especifica el fallo.
La decisión, indicó el mismo Tribunal, puede tener impugnación especial ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el caso de Cossio Rincón y Hernández Giraldo. El exrector y los demás cobijados con esta primera sentencia condenatoria podrán interponer casación, contando con los mismos términos procesales.
“Esta decisión la recibimos con mucha satisfacción. Luego de un juicio con un gran debate probatorio encontró el Tribunal que, en efecto, el exrector, los directivos como Juan Felipe Hernández y Yolanda Cossio, lo mismo que los docentes involucrados en la toma de exámenes de Bedoya, participaron activamente y de manera coordinada en una estrategia orientada a otorgarle de manera exprés el título a Bedoya; esto por supuesto sin el cumplimiento de los requisitos reglamentarios que al interior de la Universidad de Medellín existen para este tipo de títulos”, explicó el abogado penalista Juan Camilo Bolaños, quien actuó en nombre de la U. de M.
Otra cosa, por supuesto, piensa Hincapié, quien al ser consultado por EL COLOMBIANO calificó el fallo como lamentable y apuntó que lo tomó por sorpresa este desenlace, pues no se lo esperaba. Sin embargo, se abstuvo de lanzar críticas: “Soy abogado y respeto mucho las decisiones de los jueces, pero sí vamos a utilizar los recursos que nos permite la misma sentencia”.
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Bolaños explicó que ahora el único recurso de Cossio y Giraldo, quienes ya habían sido condenados desde la primera instancia, es una casación extraordinaria ante la Corte Suprema, mientras que los demás procesados tiene derecho a una impugnación especial, ante la misma corporación, lo cual equivale a una apelación para garantizar el derecho a la doble instancia.
Aunque el fallo ya se dio a conocer ampliamente, para este martes está programada la lectura oficial del mismo ante las partes y luego los afectados tienen cinco días para presentar los respectivos recursos, luego de lo cual transcurre un mes para sustentar sus argumentaciones.
Pero además, de acuerdo con el penalista Bolaños, lo que se espera es que la sentencia que acaba de darse repercuta en el proceso que se sigue en la justicia ordinaria contra el excongresista Julián Bedoya.
“Este fallo lo que hace es que acredita que sí hubo delito, que el delito fue realizado por el rector como actor y los docentes como intervinientes porque le ayudaron diciendo que (Bedoya) cumplía los requisitos, pero hace falta un determinador, que es Bedoya, al que la Corte ya vinculó, porque Néstor Hincapié no obró solo, sino por una petición que le hicieron cuando Jhon Mario Ferrer le presentó a Julián Bedoya”, dijo Bolaños.
Vale la pena recordar que Bedoya renunció a su fuero como senador en 2019 con el fin de que su proceso pasara a la justicia ordinaria y posteriormente el fiscal que tomó su caso pidió que se precluyera por considerar que no había pruebas suficientes para acusarlo por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y fraude procesal.
El 21 de septiembre pasado el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín negó esa solicitud, pero aún así, hasta ahora el mencionado fiscal no ha radicado el escrito de acusación, como lo indicó el juez y por eso quienes se consideran como víctimas de estos actos ilegales temen que se venzan los términos.
Para Bolaños resulta igual de extraño que en el proceso la exconcejala Aura Marleny Arcila solo figure como testigo, pues según testimonios que reposan en el expediente, ella se habría beneficiado con el acuerdo por el cual Hincapié “patinó” el cartón de abogado de Bedoya a cambio de un apoyo político para ella, que en esa época era presidenta de la Consiliatura de la U. de M., y para el profesor Ferrer, quien tenía aspiraciones de ser personero de Medellín y habría sido el que contactó al congresista con el rector y con la secretaria de la Facultad de Derecho, Yolanda Cossio, según consigna el fallo.
Después de eso vino la supuesta maratón en la que, en teoría, Bedoya pidió el reingreso resolvió pendientes que tenía para graduarse, como aprobar diez materias, cuando no lo había podido hacer tras ingresar al claustro en 2001, o sea en cerca de 17 años antes. Entre ellos le faltaban acreditar su dominio de una segunda lengua, seis preparatorios, el servicio en el consultorio jurídico, el trabajo de grado y las pruebas Saber Pro. Y se supone que todo lo hizo entre octubre de 2018 y enero de 2019, con todo y periodo de vacaciones de por medio. Es decir que le bastaron cuatro meses, y sin descuidar sus deberes como legislador.
No hay que olvidar tampoco que la U. de M. fue por dos décadas el fortín político de Hincapié que actuaba como maquinaria proselitista, y justo el escándalo por el caso de Bedoya generó un movimiento que llevó a varias fuerzas en su interior a unirse para acabar con ese dominio. Así fue como el eterno rector renunció y en 2021 lo reemplazó Federico Restrepo. No obstante, en febrero de este año, en una jugada maestra que habría incluido acuerdos para que un sector opositor se fuera de su lado, la vieja guardia cuestionada retomó el manejo de la universidad.
