La buena hoja de vida que tenía hasta ese momento le hizo merecedor a Manuel Eduardo Pérez Guzmán, entonces patrullero, a custodiar un millonario botín que la Policía había logrado incautar luego de un importante operativo en Medellín.
Según el relato del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2018, cuando Pérez Guzmán recibió $160 millones que habían sido incautados horas antes en un procedimiento policial con el fin de que fuera su custodio provisional, un voto de confianza surgido por su, hasta entonces, intachable comportamiento como patrullero destacado en la Unidad de Reacción Inmediata del Centro de Medellín.
Pero a Pérez Guzmán le pudo más la ambición y decidió apropiarse del dinero. Sin embargo, todas las pisas del dinero extraviado condujeron a él, al punto de que no le quedó de otra más que reconocer su responsabilidad ante la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación antes del juicio oral. Tras su destitución, Pérez Guzmán pagará ocho años de cárcel por el crimen cometido.
Las últimas condenas de policías corruptos han ocurrido en Medellín. En octubre de 2024, la justicia no escatimó en impartir condenas ejemplarizantes contra policías que utilizaron su uniforme y placa para pasar por encima de la ley en dos casos diferentes.
En el primer caso, el patrullero Alexandro Cantillo Rodríguez, recibió una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel por el delito de peculado por apropiación. Su condena la labró el 18 de diciembre de 2017 cuando pretendió quedarse con $1.140.000 que habían sido incautados a tres personas capturadas en flagrancia tras un hurto en Bello. En medio del operativo, Cantillo pretendió meterse la plata en el chaleco, pero, tal como los tres delincuentes, fue sorprendido en flagrancia. Cantillo fue capturado por sus propios compañeros.
En el segundo caso, los patrulleros Sergio Ascanio Estévez y Mauricio Rafael Peñates Osorio fueron condenados a ocho años de cárcel por el delito de concusión. El caso se remonta al 5 de diciembre de 2020, cuando los policías fueron capturados en flagrancia cuando recibían $400.000 producto de una extorsión a un ciudadano.
Resulta que Estévez y Peñates detuvieron a un hombre que se movilizaba en una moto al noroccidente de Bello y lo amenazaron capturarlo y sindicarlo como integrante de un grupo delincuencial a menos de que este les entregara un millón de pesos. El sujeto, que se encontraba al momento del falso operativo con su novia, interpuso la denuncia para que el Gaula capturada a ambos patrulleros.
En noviembre se conoció otro caso bochornoso. Dos patrulleros de la Policía Nacional, José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero, fueron enviados a la cárcel por el de delito de concusión.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, evidenció que el pasado 5 de septiembre los ahora procesados le habrían exigido a la propietaria de un SPA ubicado en el barrio Manrique de la capital antioqueña, el pago de 15 millones de pesos, so pena de judicializarla por homicidio culposo.
Las labores de policía judicial determinaron que los uniformados le indicaron a la mujer que una de sus extrabajadoras tenía orden de captura por el delito de tentativa de homicidio; esto, debido a un procedimiento estético que habría sido realizado en el establecimiento de su propiedad y que ella, como propietaria debía responder penalmente.
Presa del miedo, la mujer les entregó $8 millones y pagar el resto de la extorsión, al parecer, Echeverri Villa, le pidió a la propietaria del SPA que le realizara una liposucción a su pareja sentimental y así saldar la supuesta deuda.
