“Cuando llegamos a la Alcaldía encontramos que había un año de atraso en la gestión predial para este proyecto. En estos diez meses lo que hemos venido haciendo, en los más de 1.300 predios que hay que adquirir, es buscar soluciones”, sostuvo Gutiérrez.
Las compensaciones adicionales entregadas a las familias, que según el alcalde se amparan en la política pública de protección a moradores, se dividirán en dos rubros principales: uno que comprende un pago de ventaja por localización y otro que comprende un reconocimiento por depreciación del inmueble.
Tanto el reconocimiento por la depreciación como el de ventaja por localización consisten en una fórmula con la que se busca revertir el problema que surgió para muchos hogares por cuenta del anuncio del proyecto realizado en 2016, un mecanismo pensado para evitar la especulación con la tierra, pero que terminó congelando los precios de sus propiedades en los valores de ese año, a pesar de que las primeras obras no comenzaron hasta ocho años después.
En contexto: ¿Venta o expropiación? Los temores que renacen en las familias que abandonarán sus casas por el metro de la 80
Con dicho pago, el Distrito no solo buscará reconocer ese tiempo transcurrido, sino el valor que ha venido adquiriendo la zona por cuenta de la obra de transporte masivo.
Según sostuvo Gutiérrez, ambas compensaciones beneficiarán tanto a las familias con las que todavía no se llega a un acuerdo como a las que ya accedieron a vender sus casas.
Entre tanto, frente a los locales comerciales, el alcalde señaló que los casos siguen estudiándose de forma individual, también para estructurar compensaciones.
“Cuando traemos un proyecto que trae desarrollo tiene que ser desarrollo para todos. No puede ser desarrollo para millones de habitantes y atraso para las familias que han vivido allí toda la vida. Yo como alcalde, aunque quisiera desde el 1 de enero haber llegado a un acuerdo, no podía pasar por encima de la ley”, añadió.
Estas compensaciones presentadas por el Distrito aparecen luego de más de tres años de controversias y protestas por parte de los habitantes de la zona de influencia del proyecto, que han expresado no estar de acuerdo con los valores que les vienen siendo reconocidos por sus inmuebles.
En una ciudad que durante los últimos años ha sufrido un encarecimiento de la propiedad raíz, el argumento central de los afectados ha sido que el valor por metro cuadrado reconocido por el proyecto no alcanza para comprar una casa y reubicarse en las mismas condiciones en las que vivían.
“¿Si nos pagan a $2 millones y nos venden $5 millones, cómo va a hacer la gente? Casi todos somos personas que tenemos de 50 años para arriba viviendo en el sector, por nuestra edad no podemos adquirir deudas con ningún banco y tampoco postularnos a subsidios de vivienda, porque estos exigen una entrada mínima comprobada, tener capacidad de pago, una plata programada”, expresó por ejemplo Jaime Lopera, uno de los líderes de las familias afectadas.
Cabe recordar que si bien es el Metro de Medellín la entidad a cargo del proyecto, esta escogió a la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) para realizar la gestión predial.
A propósito de esa controversia, el pasado 11 de octubre, un juzgado administrativo de Medellín abrió un incidente por desacato en contra de la Alcaldía, el Metro y el Isvimed luego de que varias de las familias afectadas, sobre todo las asentadas en el barrio El Volador, aseguraran que esas entidades no estarían dando cumplimiento a un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en 2023 que ordenaba formular un plan de reubicación más robusto.
“Nuestro propósito (Distrito de Medellín, Isvimed, EDU y Metro) es ejecutar el proyecto garantizando los derechos de las personas, en especial de quienes es necesario adquirir su inmueble, entendiendo que no es un proceso, la mayoría de las veces fácil, dado que las personas tienen arraigo a su hogar y a su entorno. Por esta razón, nuestra gestión ha sido integral y acorde a la ley”, expresaron entonces desde esas tres entidades, al ser consultadas por la apertura de ese proceso.
En medio de esa controversia judicial, también salió a flote que el Metro todavía no tiene listos los diseños definitivos de esa línea de metro ligero, habiendo incluso firmado un otrosí al contrato principal de obra el pasado 30 de julio de 2024, en el que la etapa de preconstrucción, inicialmente proyectada en 12 meses, pasó a un plazo de 18 meses.
Dichas modificaciones en los diseños estarían asociadas sobre todo a la reubicación de los patio-talleres, que pasaron de estar ubicados en la base del cerro El Volador a una zona del barrio El Progreso.
Entre tanto, este lunes 28 de octubre, el Concejo de Medellín también aprobó un proyecto de acuerdo en el que dio su visto bueno para que la Alcaldía se apropie de vigencias futuras por un valor de $318.691 millones para la construcción del metro, incluyendo la adquisición de más inmuebles necesarios para la construcción de nuevos intercambios viales.
