Tres altas exfuncionarias de la alcaldía de Daniel Quintero deberán responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en la controvertida contratación para habilitar la Clínica de la 80.
Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación informó que las funcionarias implicadas son Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsecretaria General y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros de Servicios, contra las que ese ente formulará pliego de cargos.
En contexto: Tres exsecretarias de Daniel Quintero, en lío por negocio ‘chimbo’ con Clínica de la 80
¿Por qué le formularon cargos a las exsecretarias de Quintero?
De acuerdo con el Ministerio Público, las tres exfuncionarias habrían incurrido en falsedad ideológica en documento público a la hora de firmar un contrato para adecuar esa clínica hace cinco años, que costó unos $23.744 millones, pese a ser firmado inicialmente por $12.007 millones.
Los antecedentes del caso
La controversia por la Clínica de la 80 se remonta a 2020, año en que por cuenta de la pandemia del coronavirus la Alcaldía de Medellín presentó un plan de contingencia con el que se buscaba ampliar la capacidad hospitalaria de la ciudad para hacerle frente a la presión que venían sufriendo esa red.
En la búsqueda de establecimientos para esa ampliación, la Alcaldía decidió tomarse las antiguas instalaciones de la Clínica de Saludcoop de la 80, abandonada desde que esa EPS había entrado en proceso de liquidación.
Precisamente por cuenta de esa situación, el Distrito firmó un contrato de comodato con Saludcoop en liquidación y se embarcó en la tarea de invertir en adecuaciones del lugar, pese a que el mismo no era de su propiedad.
Si bien inicialmente las inversiones se presentaron con el objetivo de habilitar allí Unidades de Cuidados Intensivos, se habló entonces de 170 camas de ese nivel de complejidad, luego ese plan se abortó por falta de personal especializado y se optó por habilitar un lugar de atención complementaria y de cuidados respiratorios para pacientes menos graves.
Dado que el lugar estaba deteriorado, tras más de dos años desocupado, la Alcaldía terminó embarcándose en inversiones que habrían superado los $23.000 millones.
Desde entonces, ese plan de inversiones generó múltiples cuestionamientos, sobre todo de concejales y veedores públicos, que alertaron de lo problemático que era que la Alcaldía invirtiera recursos públicos en un sitio que no era de su propiedad y cuya utilidad no era clara.
Cabe recordar que dichas adecuaciones quedaron en manos de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la operación del lugar en manos del Hospital General de Medellín (HGM), desde donde se prometió que el lugar se compraría para aprovechar esas inversiones ya hechas.
Sin embargo, el panorama para la Alcaldía se acabó de complicar a mediados de 2022, cuando un privado que también estaba interesado en el espacio, la Clínica Vida, se adelantó y cerró un negocio con Saludcoop en liquidación, para adecuar allí un centro especializado en atención de pacientes oncológicos.
Tras varios meses de polémica, la Clínica Vida y la Alcaldía llegaron a un acuerdo, en la que la primera le reconoció $12.700 millones de adecuaciones en el lugar.
Si bien entre 2020 y 2023 el tema se discutió varias veces en el Concejo, la Procuraduría tomó como insumo principal una denuncia realizada por el nuevo gobierno de Medellín en 2024, en donde se alertó no solo la diferencia entre lo invertido por la Alcaldía y lo reconocido por el privado, sino las presuntas irregularidades documentales en la firma del comodato.
Además de derivar en procesos en la Procuraduría y la Personería de Medellín, el caso también derivó en la apertura de una investigación en la Fiscalía, en donde se revisa si las tres secretarias implicadas habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
